Cuando se anunció su creación, se vendió la idea de que el instituto tenía como objeto “proveer y garantizar la prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados a las personas sin seguridad social, así como impulsar (…) acciones orientadas a lograr una adecuada integración y articulación de las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud”.
A un año y medio que termine el sexenio, el abasto de medicamos (según Zoé Robledo) está garantizado en el 90% de los hospitales. Sin embargo, de acuerdo con el colectivo Cerodesabasto encabezado por la organización Nosotrxs, la incertidumbre por escasez de medicamentos, vacunas y tratamientos de enfermedades como diabetes, cáncer, postrasplantes e hipertensión, prevé un difícil 2023 e incluso también en 2024, pues, “compran a precios más altos al hacerlo por adjudicación directa, se compra menos con la misma inversión”.
Una revisión del Instituto Farmacéutico México (Inefam), refiere que en este gobierno “se registra una importante participación de adjudicaciones directas, más de 50% (…) las compras consolidadas siguen mostrando sólo una presencia parcial en la compra, con graves efectos en el comportamiento general del sector, presionado por adquisiciones crecientes vía adjudicaciones directas”.
Además, el desastre que ha representado la logística y distribución que no se ha logrado resolver, ha generado que las compras consolidadas para 2023-2024 muestren un retraso en sus procesos para medicamentos y material de curación, lo que llevará a que las instituciones públicas resuelvan de manera apresurada y con costos elevados.
Muy al estilo priísta, López Obrador designó a Juan Antonio Ferrer como titular del Insabi cuando sabe que carece de experiencia en el sector salud, ya que su campo está en el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y se desempeñó como director de varias zonas arqueológicas del país, teniendo como su principal tarea la de conservar, proteger el patrimonio prehistórico, arqueológico y antropológico.
Con alcance a más de 140,000 millones de pesos, el Insabi cayó de forma recurrente en subejercicios presupuestarios que lo llevaron a la insuficiente de infraestructura, medicinas, personal e insumos, que serían en beneficio de la población más necesitada.
Acostumbrados a las ideas arrebatadas e improvisadas de este gobierno, López Obrador cortó de tajo todo aquello que tuviera un tufo al “neoliberalismo” y programas como el Seguro Popular fueron eliminados, lo cual causó que más personas en condición de pobreza se queden sin atención médica, entre ellos más de 5 millones de niñas y niños.
Pese a que la orden de López Obrador era que el Insabi diera servicio en todo el territorio nacional a todas las personas no afiliadas al IMSS o al ISSSTE, designó que todo pasaría a la responsabilidad del programa IMSS-Bienestar.
Para su mala fortuna, los números no mienten y hasta el día de hoy no se ha cumplido con el abasto de medicamentos para 65 enfermedades, entre ellas el cáncer infantil que si abarcaba el Seguro Popular. Hoy, de acuerdo con el Censo de Población y Vivienda, 35 millones de mexicanos no tienen acceso a servicios de salud y hay un aumento de 58% en el gasto familiar en servicios de salud.
