Las ciudades mexicanas están en constante transformación. Su complejidad es mayúscula y con el paso de los años lo será aún más. Los datos del Consejo Nacional de Población nos muestran que, en 2018, el Sistema Urbano Nacional estaba integrado por 403 ciudades; pero las proyecciones indicaban que, dadas las tendencias y dinámicas demográficas, para el año 2030 podría haber 500 ciudades o más con 15 mil o más habitantes cada una de ellas.
Al respecto, uno de los fenómenos que nos imponen más retos como país es el de la inmigración internacional, pues son decenas, quizá centenares de miles de personas quienes se han internado en el territorio nacional en la última década, la mayoría proveniente de países de Centroamérica y El Caribe; pero también de nacionalidades que no era común ver como parte importante de los flujos migratorios que atraviesan el territorio nacional.
Desde esta perspectiva, el endurecimiento de posiciones políticas en los Estados Unidos de América, predominantemente del Partido Republicano y algunos partidos regionales radicales, está llevando a una toma de decisiones cada vez más agresiva en la frontera norte de México: desde las que impiden el paso al territorio norteamericano, hasta acciones como las deportaciones o en el extremo tomando a México, en la práctica, como “tercer país seguro” para quienes buscan refugio.
Así, cada vez es más común ver en ciudades como Tijuana, Acuña, Piedras Negras, Juárez, Reynosa, Matamoros y en general, las ciudades con mayor número de cruces fronterizos, a auténticas colonias de personas que se encuentran en situación migratoria irregular en nuestro país, y que demandan y necesitan servicios públicos de asistencia social de alta especialidad, que van desde la alimentación hasta el cuidado de la salud mental y garantías mínimas de seguridad y protección ante el crimen organizado.
Sería un error atribuir a la migración la condición de crisis en que están ya varias ciudades del país debido a la presencia masiva de personas migrantes; lo que es más aproximado a la realidad es que estas presencias evidenciaron y profundizaron las caóticas condiciones que ya había en algunas de ellas; y están generando nuevas dinámicas y procesos en contextos donde la infraestructura urbana es ineficiente, insuficiente y, sobre todo, de mala calidad.
La errática política pública que ha tenido esta administración en la materia ha ido, de la invitación a venir a México al inicio del gobierno, dado que, se decía, habría pleno empleo y oportunidades para todos, hasta la militarización de las fronteras y el predominio de una visión punitiva que busca garantizar, a cambio de evitar sanciones comerciales del lado norteamericano, que las personas migrantes son lleguen al territorio de nuestro país vecino.
Como toda dinámica socio-demográfica, lo que está ocurriendo está provocando cambios en las formas de relacionarnos con las y los diferentes. Porque, con el paso del tiempo, debe considerarse que miles de las familias que están buscando llegar a los EEUU, decidirán quedarse en nuestro país; muchas personas decidirán unirse en pareja, otras más tendrán hijos; y cuando eso ocurra, esas niñas y niños serán mexicanas y mexicanos con plenos derechos y el Estado estará en la obligación de garantizarlos en los términos que establece la Constitución.
Organizaciones sociales, redes comunitarias de solidaridad y apoyo, iglesias de distinto signo, han marcado la diferencia para miles de estas personas y les han permitido sobrevivir y algunas de ellas incluso alcanzar la meta de cruzar la frontera y buscar una mejor calidad de vida. Sin embargo, ante la magnitud del fenómeno, México ha sido incapaz de reaccionar con una política integral, auténticamente humanista y sustentada en los principios rectores de los derechos humanos de nuestra Carta Magna.
Por eso sorprende que el gobierno de la República haya decidido cortar con todo tipo de apoyo a las organizaciones sociales, argumentando que todas son corruptas o aliadas de “la derecha neoliberal”, cualquier cosa que eso signifique. En realidad, México requería y requiere de mucha más sociedad civil organizada, y mucho más colectivos trabajando a nivel comunitario, acompañando a los más vulnerables y recibiendo el respaldo del Estado para fortalecer la coadyuvancia en la atención a los más desvalidos.
En el camino, deberemos aprender a ser más tolerantes, pero, sobre todo, más solidarios y empáticos; comprender que las nuevas condiciones de pluralidad étnica y nacional que caracterizará a algunas de nuestras ciudades más importantes es un nuevo activo para nuestro país y que debemos aprovecharlo al máximo, en beneficio de todas y todos.
Algunas de las personas que vienen de otros países son de las más audaces y valientes; de las más determinadas en mejorar sus condiciones de existencia; y sin lugar a dudas, tienen mucho que aportar a nuestro país. Por ello debemos encontrar la manera de ser hospitalarios, solidarios, y construir una nueva dinámica y curso de desarrollo a fin de que, en un marco de respeto a la legalidad, cada persona que así lo quiera, tenga una oportunidad de desarrollo y de contribuir a que México sea un país de bienestar generalizado.
Hoy debemos responder ante lo urgente; y la política de no hacer nada más que recluir a las personas migrantes en centros de detención (porque eso son en la práctica), en poco ayuda a ennoblecernos y, por el contrario, nos coloca en la lista de países que en mayor medida maltrata o deja en el abandono a quienes transitan por su territorio huyendo de las peores realidades imaginables.
No hay más tiempo qué perder. Cada día que se desperdicia atizando la hoguera de los rencores, en uno y otro bando, es un día más que se pierde para avanzar hacia la construcción de un México generoso, un país que pueda ser ejemplar por sus prioridades y valores, y un país en el que sea venturoso tener la fortuna de habitar.
*Investigador del PUED-UNAM
