El dictamen aprobado en Cámara de Diputados para enviar la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) mantiene el fuero militar para todos los elementos que provengan de las Fuerzas Armadas. Además, plantea que los elementos que provenían de la Policía Federal dejen la Guardia Nacional y se mantengan en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
En la iniciativa enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador y que fue aprobada la madrugada del sábado 3 de septiembre, se plantea agregar un párrafo al artículo 57 de la Ley de la Guardia Nacional “para establecer que el personal naval y militar asignado a la Guardia Nacional continuará sujeto al fuero militar, en el caso de comisión de infracciones contra la disciplina castrense”.
Actualmente, el artículo 57 de dicha ley señala:
El personal de la Guardia Nacional deberá sujetar su conducta a la observancia de las leyes, órdenes y jerarquías, a la obediencia a la superioridad, así como al Código de Ética de la Guardia Nacional.
De acuerdo con las cifras presentadas por el presidente en su iniciativa, la Guardia Nacional está principalmente integrada por elementos de Fuerzas Armadas, aunque desde un inicio se dijo que sería una corporación mixta (civil-militar):
Del total de 113,833 efectivos desplegados en las 266 coordinaciones regionales en el país, 73,805 (64.83%) provienen de la Sedena; 16,792 (14.75%), de la Marina; mientras que 23,236 (20.41%) fueron asignados desde la extinta Policía Federal.
Cuartoscuro
El mismo dictamen plantea adicionar la fracción VII al articulo 138 de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, “a fin de reconocer como personal en activo a los elementos de las Fuerzas Armadas que se encuentren asignados a la Guardia Nacional, “con el propósito de que se mantenga sujeto al fuero militar para efectos disciplinarios y de que conserve su antigüedad y prestaciones sociales”.
Uno de los requisitos para ingresar a la Guardia Nacional, es que cualquier elemento debe estar separado de su institución armada de origen, de tal modo que quedaría sujeto a la disciplina, fuero y cadena de mando civil; lo que significa, que los elementos los militares en la Guardia Nacional debían separarse del Ejército y someterse a la justicia civil. Sin embargo, con la iniciativa presidencial, se da un giro opuesto a este punto.
Actualmente, las leyes establecen que los elementos militares deben someterse a tribunales civiles en caso de que hayan cometido violaciones graves a los derechos humanos, pero la realidad es distinta, pues se ha documentado la serie de impedimentos para que las víctimas tengan acceso a la justicia.
En el informe “Justicia Olvidada. La impunidad de las violaciones a DH cometidas por soldados en México” se documentan las estrategias que usan los militares y el Ejército para eludir la justicia civil.
El pasado viernes, durante Aristegui en Vivo, la titular de Amnistía Internacional en México explicó que de acuerdo con cifras de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en 2021, la Guardia Nacional acumuló 61 quejas por violaciones a derechos fundamentales, mientras que la Sedena sumó 60 quejas por esta misma causa, siendo la primera vez que la GN está al frente de las instituciones de seguridad que violan derechos humanos.
