Por Alberto Vizcarra Ozuna
Dos perros callejeros toman agua teñida de un verdor cobrizo, que corre por la calle de una colonia popular del municipio de Cajeme, en Ciudad Obregón, al sur del estado de Sonora. El agua emana de una de las alcantarillas del drenaje de aguas negras, que se encuentra colapsado. Son estampas de una aldea africana. El cuadro se replica en la mayoría de las colonias de la ciudad. Un municipio en el que la infraestructura más reciente del drenaje fue construida hace treinta años y la más vieja está por encima del medio siglo.
La ciudad tiene una disfuncionalidad en la vialidad, los baches (grandes hoyancos) sobre las rúas provocan perturbaciones en el tráfico, una gran cantidad de semáforos fuera de servicio y porciones enteras del casco urbano se encuentran sin alumbrado; un considerable número de edificios que albergaron negocios en la zona comercial, están abandonados, algunos de ellos convertidos en refugio de jóvenes afectados por las drogas. El ambiente se hace más oscuro si se considera la ola incesante de asesinatos y desaparecidos que cubren las noticias de todos los días. La autoridad municipal se encuentra rebasada, sin capacidad presupuestal para atender la catástrofe y no atina en sus respuestas discursivas. Un día hace responsable a los contribuyentes de la situación, porque, dice, no pagan los impuestos, y otro día declara que “se sacó la rifa del tigre”.
En su última visita al municipio, el presidente transitó por la ciudad. Se topó con un ciudadano que de carro a carro le reclamó la situación desastrosa de las calles, y el presidente evadiendo la responsabilidad presupuestal que implicaba el reclamo, trató de cambiarle el tema, diciéndole que en las fiestas patrias se presentarían los Tigres del Norte en el Zócalo de la Ciudad de México. El gesto desdeñoso y frívolo del presidente Andrés López Obrador, es consecuente con una política presupuestal que durante los cuatro años de su gobierno ha profundizado los recortes en las participaciones federales a los estados y municipios.
Es cierto que durante las más de tres décadas de las políticas económicas neoliberales, los estados y municipios sufrieron afectaciones presupuestarias como consecuencia de que se abandonó la continuidad de un plan nacional de mejoras infraestructurales a ciudades y municipios del país. Se sustituyó con programas superficiales de mantenimiento, bacheo de calles y construcción de banquetas. En efecto dejaron presupuestalmente a los municipios “prendidos con alfileres”. Lo que menos se esperaba es que el presidente que con el discurso condena al neoliberalismo, le quitara los alfileres a los municipios y santificara la acción con la denominada “austeridad franciscana”.
No están plenamente cuantificados los rezagos y las afectaciones sufridas por los 2471 municipios a consecuencia del prolongado proceso de recortes presupuestales que han sufrido, pero no es arriesgado suponer que la situación dramática de Cajeme, represente la condición que viven la mayoría, de los municipios, del país. Más si tenemos en cuenta, que Ciudad Obregón es la segunda ciudad más importante del estado de Sonora y se asienta en una de las principales regiones productoras de granos básicos, el Valle del Yaqui. Todavía a principios de la década de los años ochenta, el Plan Nacional de Desarrollo, contemplaba a Ciudad Obregón, con un importante potencial de crecimiento económico, inclinado fuertemente hacía la agroindustrialización y preveía que para el año 2000 la ciudad contaría con más de un millón de habitantes. Actualmente el municipio cuenta con una población por debajo del medio millón.
Se continúa padeciendo una política neoliberal de corte restrictivo en el gasto, con la variante de que el presente gobierno jerarquizó la direccionalidad de los egresos sobre sus proyectos estratégicos, que al pretender sacarlos adelante sin romper el dogma del equilibrio presupuestal, se ha visto obligado a sacrificar a los estados y municipios. Durante su campaña el presidente retroalimentó la creencia popular de que la falta de crecimiento económico del país, era resultado de que los administradores del erario público se robaban el dinero de la caja y con ello desaparecían los márgenes de inversión para hacer posible el crecimiento de la economía.
Como resultado de la lucha de su gobierno en contra de la corrupción, prometió la recuperación anual de más de 500 mil millones de pesos y los presumió como un fondo anualizado de inversión que permitiría un crecimiento del PIB por encima del 4%. Las cuentas eran tan simples como falsas, pero eso no les quitaba popularidad y le daba, al entonces candidato y ahora presidente, la oportunidad de hacer un guiño a los corporativos financieros poseedores de la deuda, al dejarlos fuera de toda responsabilidad de la crisis y de los males nacionales. La garantía de que en la austeridad republicana y luego franciscana, sufrirían estados y municipios; y otros sectores, menos los tenedores de la deuda.
Durante los últimos cuatro años, los estados y municipios han sufrido una profundización en los recortes presupuestales relacionados principalmente con la infraestructura asociada al manejo del agua potable, alcantarillado, salud, alumbrado, vialidades y pavimentación. Entidades como el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), el Fondo para la Infraestructura Social, el Fondo para la Salud, los Convenios de Descentralización, el Ramo 23, los Fondos de Desarrollo Regional para la Construcción de Infraestructura Física, la eliminación de la participación de los municipios en los ingresos del Impuesto Especial de Productos y Servicios (IEPS) y otros fondos especiales que oxigenaban a los estados y municipios, como el Fondo Minero, han desaparecido o sufrido recortes que van desde el 6 hasta el 40 por ciento.
En los mismos cuatro años, el presidente ha admitido sin chistar, que el servicio a la deuda (solo por el pago de intereses) se trague más del 13 por ciento del presupuesto nacional. Una deuda que sintomatiza la condición enfermiza del sistema financiero internacional, porque entre más se paga, más se debe. Del 2018 al 2023, los incrementos en el servicio al pago de la deuda pasaron de 711 mil millones de pesos a un billón setenta y nueve mil millones de pesos.
Esto es lo que explica que la economía nacional permanezca en el estancamiento y que la infraestructura y funcionalidad social de nuestros municipios se derrumbe. Si el presidente logra sacar adelante sus proyectos prioritarios, podrían ser victorias pírricas.
