Por Andrés M. Cisneros-Montemayor y Daylin Muñoz Nuñez – Causa Natura
Los últimos años han sido muy difíciles para las comunidades costeras que dependen de los recursos marinos en México, lo cual enfatiza la urgencia de apoyar estrategias que les ayuden a recuperarse y a planear un mejor futuro. Además de los impactos a la salud y a la economía que dejó la pandemia del COVID-19, estas comunidades han sido afectadas por los cada vez más evidentes efectos del cambio climático. Los huracanes más intensos y frecuentes han provocado daños y muertes a lo largo de las zonas costeras donde las inundaciones han penetrado hacia áreas antes impensables. Las mareas rojas causan muertes masivas de peces en las costas de Yucatán, mientras que en la costa del Caribe Mexicano una densa capa de sargazo enturbia las cristalinas aguas donde pescan la langosta. A lo largo de la costa del Pacifico norte mexicano y dentro del Golfo de California, el calentamiento del mar y poco oxígeno han hecho declinar las valiosas poblaciones de abulones y calamar gigante.
La gente que pesca no es de quedarse con los brazos cruzados y más de una vez se han sabido ajustar para corregir el rumbo. Ante los retos del cambio climático, participan en programas de monitoreo donde colectan datos sobre las condiciones del mar y documentan cambios en las especies marinas. También buscan aliados para mejorar sus prácticas pesqueras y encontrar nuevos mercados que valoren otras especies para así continuar con sus modos de vida de una manera sostenible. Sin embargo, han faltado políticas de gobernanza que hagan buen uso de las instituciones gubernamentales para integrar esta información en planes de manejo basados en ciencia y diseñar medidas de adaptación al cambio climático.
En los últimos años se han visto las desapariciones, descalificaciones, o debilitamientos del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), el Instituto Nacional de Pesca y Acuacultura (INAPESCA), el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA), e incluso la reciente politización de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO). No se pueden abandonar a las comunidades pesqueras del país ante los embates del cambio climático y la pesca ilegal. De esto dependen la seguridad alimentaria del país y el bienestar socioeconómico de más de 300,000 familias ahora y muchas otras a futuro.
Muchas cooperativas pesqueras han tomado la iniciativa de auto-regular su pesca y de establecer refugios pesqueros para disminuir la presión sobre los ecosistemas marinos y ayudar a que las especies ya afectadas por el cambio climático se recuperen. Mientras tanto, un aumento exponencial de la pesca ilegal en todo el país y la falta de acción de las autoridades socaban la efectividad de estas iniciativas comunitarias.
Primero, hay que garantizar una participación inclusiva de las comunidades pesqueras en los espacios de toma de decisiones. Esto es fundamental para que la gente más afectada tenga voz en definir cuáles políticas de adaptación servirían y cómo se van a implementar. Sin embargo, debemos evitar que el mero diálogo se confunda con acción, o bien, que la acción se quede solo en diálogo.
Antes que nada, en México se requiere instituir un Programa Nacional de Pesca y Cambio Climático, con una visión más allá de un ciclo electoral, que vincule el manejo pesquero sostenible con los instrumentos de una política climática y de justicia social. En paralelo, los gobiernos federales y estatales deben establecer planes de contingencia y de fondo, incluyendo el apoyo de actividades alternativas dentro y fuera del agua para minimizar impactos económicos y sociales. Esto puede hacer buen uso del reciente trabajo de INAPESCA junto con otros investigadores sobre el cambio climático, y esta información científica debe de usarse dentro de políticas públicas.
Segundo, el fortalecimiento de capacidades permitirá que organizaciones pesqueras estén mejor preparadas para identificar una variedad de estrategias de adaptación que les permitan anticipar y responder a los impactos del cambio climático. Por ejemplo, la cooperativa de Santa Cruz de Miramar en Nayarit ha logrado establecer cuotas y tiempos de captura para maximizar el valor para su comunidad, aún en medio de presiones por contaminación y pesca ilegal. En Quintana Roo las cooperativas dedicadas a la langosta han establecido zonas de captura monitoreadas para a la misma vez saber que tendencias se ven en sus sistemas arrecifales. Y en Baja Norte la FEDECOOP se ha autoimpuesto límites de capturas para evitar la sobrepesca del abulón. En septiembre 2022, seis cooperativas de la CONMECOOP comenzaron a participar en un programa de fortalecimiento de capacidades para una mayor participación de pescadores en el consejo nacional y en los comités estatales de pesca. La idea en todos estos casos es apoyar estrategias de comanejo para abordar los problemas más importantes, estabilizar las capturas y así disminuir los impactos del cambio climático en estas comunidades.
Finalmente, tenemos que seguir enfatizando el papel fundamental del gobierno en hacer un buen uso de la enorme capacidad y conocimiento que tenemos en México. Los pescadores pueden señalar dónde y cuándo ocurre la pesca ilegal, pero no pueden ni deben enfrentarse a ella por sí solos, necesitan del respaldo de las autoridades. Los científicos pueden prever hacia dónde se moverán las especies mientras el mar se calienta, pero no pueden cambiar las reglamentaciones de manejo. La Marina Armada puede vigilar las costas, pero no puede ni debe establecer los procesos legales para regir nuestros mares. La creación e instrumentación de políticas públicas son responsabilidad del gobierno y este debe actuar tomando en cuenta a todos los diversos actores que lo conforman.
La tecnología, el conocimiento tradicional y las redes colaborativas están todas listas, solo se requiere de voluntad política para dejarlas actuar y darles certidumbre de que sus iniciativas van a apoyarse. El liderazgo del gobierno de México va a decidir si los pescadores podrán pasar el próximo evento climático con el viento en popa, o si dejará que se los lleve la corriente.
Queda mucho trabajo por hacer, pero vale la pena el esfuerzo. Entrar en acción es lo fácil.
* Daylin Muñoz Nuñez es una oficial de programa en Walton Family Foundation (WFF). Bióloga marina con más de una década de experiencia trabajando en la promoción de pesquerías sostenibles en América Latina. En la fundación, Daylin trabaja involucrando y empoderando a actores claves del sector pesquero en México en el diseño e implementación de soluciones duraderas para lograr pesquerías sostenibles, océanos saludables y comunidades pesqueras prósperas y resilientes al cambio climático.
*Andrés Cisneros-Montemayor es originario de Guaymas, economista de recursos y experto en océanos. Desde las comunidades hasta las políticas internacionales, trabaja en temas de equidad social y sostenibilidad ambiental en pesca, turismo y la Economía Azul. Es Profesor Asistente en Simon Fraser University y Director Adjunto del Nippon Foundation Ocean Nexus.
