Por Alberto Vizcarra Osuna
La sentencia de que “la política es el arte de lo posible”, hizo raíces en los ámbitos dominados por el pragmatismo político. Una consigna que ha servido para poner en segundo plano o desechar lo necesario, cuando las realidades de fuerza lo juzgan como imposible. Un tanto así le responde el gobierno a los productores nacionales de granos básicos, cuando, ante la caída en los precios internacionales del trigo y el maíz, estos exigen que los precios de tales bienes no se coticen en los mercados especulativos que concurren en la Bolsa de Chicago. La respuesta del gobierno es: lo que demandan es necesario pero no es posible, porque se firmaron tratados comerciales (TLCAN-TMEC), que nos impiden proteger la producción nacional de granos.
Cuando las delimitaciones de lo posible representan la muerte para un sector vital y estratégico de la economía nacional, como lo es la producción nacional de trigo y maíz, entonces se requiere una saludable irreverencia contra aquello considerado como imposible. Al margen de que el gobierno pudiera no estar dispuesto hacerlo, le corresponde a los productores nacionales hacerle inteligible a la población de que se tiene que librar una pelea social y política, con la suficiente fuerza para lograr que los granos básicos se saquen de los inciertos mercados especulativos internacionales y regresen a los esquemas de protección de los que gozaron durante el período que comprende casi medio siglo, de 1934 a 1982.
El instrumento indispensable para lograrlo, son los “precios de garantía”, instituidos en el sexenio de Lázaro Cárdenas, en una emulación a lo exitoso de esta política creada por el gobierno de Franklin D. Roosevelt, en los Estados Unidos bajo la denominación de “parity Price”. Restablecer esta política de precios, obliga a un replanteamiento total de la política alimentaria de México, que empieza por una revisión de lo convenido al respecto en el TLCAN-TEMEC, que indebidamente arrojó al mercado nacional de granos a un esquema de competencia con los gigantes graneleros que dominan la mayor parte del mercado mundial de alimentos.
Algunas voces del gobierno, que vienen desde la Secretaría de Agricultura, la Secretaría de Economía y la Secretaría de Hacienda, consentidas por el presidente Andrés Manuel López Obrador, son las que empujan el sentimiento de que tales políticas de libre comercio y neoliberales, no se pueden revertir. La idea de que lo andado no se puede desandar, porque se firmó un tratado que establece reglas hechas por poderes financieros y comerciales que México no tiene la fuerza para enfrentar. Una especie de convicción fatal: tenemos que morir en el cumplimiento de las reglas, antes que luchar por el cambio de esas reglas. De otra manera, no podemos hacer lo necesario y funcional, sino sólo lo posible, aunque esto nos destruya.
Desde el abandono de las políticas económicas que protegían la producción nacional de granos básicos, iniciadas a mediados de los años ochenta, la producción nacional ha disminuido y nos mantenemos como uno de los principales países del mundo en la importación de alimentos. Importamos arroz, trigo, maíz, frijol y otros, al mismo tiempo que nos sostenemos en el absurdo de mantener una “agricultura comercial” que exporta los granos que luego tenemos que importar. El propósito de la autosuficiencia alimentaria es solo una memoria simbólica en el discurso del político tradicional.
La presente crisis del trigo y el maíz, por el exponencial crecimiento en los costos y la caída en los precios, está señalando una falla sistémica que es necesario corregir desde la raíz. Los productores de Sinaloa identifican con claridad la causa del problema y le exigen al gobierno lo que es necesario aunque los funcionarios lo estimen como imposible. Reclaman que se saque el maíz de la Bolsa de Chicago y que se reinstituyan los precios de garantía de acuerdo con los costos nacionales de producción. Esto mismo se tendría que hacer con el trigo, al mismo tiempo que se traza un plan nacional de producción de granos básicos, con metas físicas específicas para atender las necesidades domésticas de consumo y proteger al país de la crisis alimentaria mundial en curso.
El presente y futuro alimentario de México, no puede seguir en la Bolsa de Chicago. Los poderes financieros que ejercen control sobre los commodities de los granos, no ven en ellos el alimento de los pueblos, tales bienes son sinónimo de dinero, de especulación y de imposición de la dependencia alimentaria. Se escudan en la oferta y la demanda, como si fuera el valor ético que determina los precios, cuando en realidad se trata de entidades corporativas que especulan con las alzas y las bajas en los precios, remitiendo siempre las pérdidas a los que producen y a las naciones que dependen de los mercados que controlan. Es el caso del maíz, que está registrando una caída de más del 40 por ciento en el precio, mientras se reporta, según la FAO, no una sobre oferta del cereal, sino una caída de más de 50 millones de toneladas en la producción mundial de la cosecha de este año con respecto al año anterior.
Los tiempos de crisis señalan la hora en que se tiene que hacer posible lo necesario. El gobierno de México tiene que abandonar el síndrome del esclavo que concebía la necesidad de la libertad pero al mismo tiempo la juzgaba imposible, como también desechar las propuestas absurdas que consideran que no debemos de producir granos, porque “no son negocio”. Y lo productores nacionales deben salir de la ilusión de que en las reglas del libre mercado, en algún momento se pueden sacar la lotería, aunque en más de cuarenta años “no han tenido la suerte”. Es momento de que las velas del barco dejen de ajustarse a favor de los vientos que nos conducen al naufragio seguro.
