CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Estado Mexicano ha cometido un crimen de lesa humanidad. Hay dos responsables directos; tienen un apellido en común: Andrés Manuel López Obrador y Adán Augusto López Hernández. Uno por omisión; el otro por acción, omisión e irresponsabilidad. La que recae en éste es de tipo penal y de índole política. Hay otros culpables. Son de rango inferior, pero responsables directos.
Ante la gravedad de los hechos y las evidencias exhibidas, me niego a aceptar que haya de por medio únicamente negligencia. Hay algo más: responsabilidades manifiestas; insensibilidad grave, complicidad criminal y deseo de exculpar y exculparse.
A pesar de la actuación irresponsable del secretario de Gobernación, AMLO no lo ha destituido; tampoco ha solicitado se ejerza la acción penal en su contra; su inacción lo convierte en cómplice y encubridor.
No fue destituido a pesar de que, en el colmo de la desvergüenza, para eludir su responsabilidad directa, Adán Augusto trató de echar la responsabilidad que le asiste en la tragedia al Secretario de Relaciones Exteriores.
El crimen y el comportamiento ilegal del Secretario de Gobernación y de sus subordinados nos han lesionado a todos: a los muertos, por cuanto a que, sin existir orden judicial, se hallaban tras las rejas, estaban en prisión; a los que sobreviven, por razón de que son seres humanos que gozan de los derechos y garantías que establecen nuestra Constitución y las leyes (art. 1º constitucional): se encontraban en prisión, privados de su libertad, sin existir orden judicial (arts. 16 y 18 constitucionales); y a todos los mexicanos, en razón de que creíamos que vivíamos en un Estado de Derecho. Ahora, víctimas y testigos, nacionales y extranjeros, comprobamos que no es verdad.
Hay algo que es cierto y evidente: quienes se hallen dentro del territorio nacional, mexicanos o extranjeros, legales o ilegales, mujeres, hombres o niños, por el simple hecho de pertenecer a la especie humana, gozan de los derechos humanos reconocidos por la Constitución (art. 1º constitucional). Era y es contrario a la Constitución su confinamiento. No es razón para privarlos de su libertad su situación irregular migratoria.
Los inmigrantes son seres humanos como AMLO, Adán Augusto López y todos nosotros. Tienen derecho a que el Estado Mexicano respete sus derechos y sus garantías. Merecen nuestro respeto y, mucho más, cuando su presencia en nuestro país no es por gusto; es por extrema necesidad: persecuciones políticas o por hambre. Sólo por una u otra razón son acreedores de nuestra comprensión y ayuda.
Como lo he dicho, del homicidio múltiple de Ciudad Juárez, hay dos responsables políticos, morales y penales: el presidente de la República y el Secretario de Gobernación. Diré por qué:
Según se observa de los videos que están circulando, quien cerró las rejas de la prisión en las que se hallaban las víctimas mortales era un funcionario del Instituto Nacional de Inmigración. Esta dependencia es parte de la Secretaría de Gobernación: así lo dispone el artículo 19 de la Ley de Migracion:
“El Instituto es un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría (de Gobernación), que tiene por objeto la ejecución, control y supervisión de los actos realizados por las autoridades migratorias en el territorio nacional, así como la instrumentación de políticas en la materia, con base en los lineamientos que expida la misma Secretaría.”
Es responsabilidad de la Secretaría de Gobernación la política migratoria (frac. V, del art. 27 de la Ley orgánica de la Administración pública Federal).
Hay algo más; es muy importante: ningún acuerdo administrativo, inter institucional o celebrado con otra potencia, sin intervención del Senado, puede prever una situación diversa a lo previsto en las leyes citadas.
Los detenidos ilegalmente estaban a disposición directa de la Secretaría de Gobernación. Murieron en una cárcel dependiente de esa dependencia y quien cerró la reja e impidió su salida fue el personal dependiente de Adán Augusto López. Ahora éste se comporta como un cínico y un desvergonzado al pretender atribuir a Marcelo Ebrard la responsabilidad de sus propias acciones y omisiones. Todo lo señala como el único responsable de ellas.
No justifica la muerte de los detenidos el hecho de que ellos, como forma de protestar, hayan incendiado los enseres que utilizaban para dormir. Ante una detención ilegal, pues no existía una determinación judicial, cualquier forma de protesta era válida. El presidente, cosa rara, pudiera estar diciendo una verdad cuando lo afirma. Pero no le asiste la razón cuando atribuye a los detenidos la culpa de su muerte. El responsable es su secretario de Gobernación y el personal que de él depende; también lo puede ser él si sigue encubriéndolo.
AMLO ya perdió esa “corcholata”. ¿Con qué autoridad Adán Augusto podrá dirigirse al electorado prometiendo respeto a los derechos humanos, siendo responsable de un crimen de la magnitud de la que ahora nos indigna? En el debate será suficiente con que alguien le muestre fotografía o videos del incendio o de los muertos tirados en el suelo, para que su supuesta candidatura se venga abajo. ¿Quién tomará en serio su ofrecimiento de respetar el Estado de Derecho, cuando recuerde la forma irresponsable como se comportó? Resultó hábil, como su jefe, para rehuir responsabilidades. Debe renunciar y ser enjuiciado. La misma suerte deben correr el director de Inmigración y todos los responsables de la oficina en Ciudad Juárez.
Por ser crímenes contra la humanidad no prescriben y pueden ser conocidos por los tribunales de México, de los países de donde eran originarios los inmigrantes o por las Cortes Penales Internacionales. Los responsables no deben quedar impunes ni andar en libertad.
Los mexicanos, como seres humanos, no podemos perder la capacidad de indignarnos ante un crimen tan atroz. Perderla implica algo muy grave: dejar de tener dignidad como seres humanos, volvernos cómplices del crimen o encubridores de acciones deleznables.
Los ilícitos nos lastiman a todos. Con nuestro silencio, no debemos convertirnos en cómplices o encubridores.
