Por Médicos sin Fronteras
Más de 1,500 personas sobreviven en duras condiciones en una de las zonas más peligrosas de Reynosa. Pese a los esfuerzos locales y de organizaciones civiles, la situación se ha convertido en una emergencia humanitaria en la ciudad.
Tras cuatro meses de trayecto, cruzando 11 países y una jungla inhóspita con un niño en brazos y otro en los hombros de un amable desconocido, Liliana* llegó a la Central de Autobuses del Norte de la Ciudad de México. Ella espera tener una oportunidad para cruzar, de nuevo, la frontera hacia Estados Unidos, pero desde la semana pasada, la esperanza que le motivó a arriesgarlo todo se convirtió en incertidumbre: “Todo esto y ahora no sé qué hacer. Pienso en lo que hemos hecho y solo quiero llorar, pero no me gusta que me vean mis niños. Solo ruego por que las cosas cambien, regresen a lo anterior, porque nosotros no podemos regresar a Venezuela”.
Liliana se entregó a las autoridades migratorias de Estados Unidos bajo el supuesto de asilo que ella, como otros miles de venezolanos, buscaban acceder. Sin embargo, todo cambió cuando la administración del presidente estadounidense Joe Biden decidió dar la espalda a la población que huye de la incertidumbre, pobreza y violencia en su país de origen. Liliana, en lugar de empezar una nueva vida, fue encerrada durante 10 días y solo se le permitió bañarse tan solo una vez. Además, su hijo menor fue ignorado cuando presentó síntomas de enfermedad.
El Título 42 es una política implementada en marzo 2020 para expulsar de manera inmediata a todas las personas que ingresaran a Estados Unidos, incluyendo a solicitantes de asilo. Sin embargo, cuando estaba planeada a darse por terminada en mayo del presente año, no solo no ocurrió, sino que el pasado 12 de octubre fue expandida a población venezolana. Así, materializándose en personas que ya han hecho prácticamente lo imposible por conseguir una mejor vida.
Foto: Archivo Reuters
“Estamos ante la crisis migratoria más grande que hemos visto en muchos años aquí en México”, comentó la Dra. Geaninna Ramos, Coordinadora Adjunta de Proyecto de Migración en CDMX.
“Esto lo corroboramos con otras organizaciones que nos confirman que la situación es crítica, no solo en la CDMX, sino en todo el país. Muchos no saben a dónde ir o cómo llegar a reunirse con sus familiares que les fueron separados en la frontera. Hay personas con parejas e hijos en distintos puntos de la frontera y esto, por supuesto, para su salud mental es muy fuerte. En especial para ellos que ya han vivido factores de estrés muy importantes desde el momento de salir de su lugar de origen. Este tema afecta mucho a las familias y a la salud de las personas”, agrega.
Las personas llegan a COMAR y Central de Autobuses del Norte de la CDMX en la esperanza de conseguir asilo, una manera de regresar o un pasaje hacia el norte e intentarlo de nuevo.
Desafortunadamente, no es necesario imaginar hipotéticos. Carolina* de 42 años, sentada en una banqueta afuera de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), con ojos caídos y aún con las ropas grises del centro de detención de migrantes al que se entregó después de cruzar la frontera, contó que desde que se puso en manos de las autoridades estadounidenses no ha hablado con su sobrino, de quien ha sido tutora durante toda su vida.
Foto: Archivo Cuartoscuro
“Nos quitaron nuestras pertenencias y nos tuvieron detenidas. A mí, fueron al menos 8 días, sin ningún derecho. No pude hacer llamadas a mi familia, ni tampoco comunicarme con mis otros familiares con los que hice el viaje. Tengo un sobrino de 12 años que creció conmigo, es como mi hijo. No he podido hablar con él, lo tienen en un refugio de menores y están esperando a un familiar para ver si lo recogen. Les rogué que nos deportaran juntos, pero no importó, me quitaron el derecho, el de él y los míos: mostré papeles, todo lo que tenía. No sé nada de él”.
Carolina, además, tiene cáncer de seno para lo que llevaba varios medicamentos al cruzar la frontera. Cuando la detuvieron, le quitaron sus pertenencias, incluidas las medicinas, y a pesar de tener comprobantes médicos, nunca las tuvo de vuelta. Solamente un boleto en un camión desde la frontera hasta la Ciudad de México, donde llegó sin siquiera tener un lugar para dormir o recibir asilo, pues la capacidad de los albergues está completamente rebasada.
De acuerdo con la Dra. Ramos, en Ciudad de México, la capacidad de respuesta de albergues de la sociedad civil era para 150 personas, mientras que en el transcurso de la última semana ya han llegado más de 800. “Ya ni hay espacio de suelo, piso tal cual, para poner una colchoneta”, dijo.
Tan solo entre agosto y septiembre de 2022, acorde a datos recopilados por WOLA, más de 65 mil venezolanos han cruzado El Darién, la selva que conecta a Panamá con Colombia, en camino hacia el norte. Esto quiere decir que el 80% de las personas que actualmente están haciendo el peligroso cruce de la selva son de origen venezolano y ahora no tienen manera de entrar a Estados Unidos sin ser inmediatamente deportadas a ciudades en México donde las amenazas a la seguridad e integridad personal son inminentes.
Rodolfo lleva días durmiendo en la Central de Autobuses, pero se encontraba detenido cuando la administración de Biden hizo efectiva la expansión del Título 42. “Nos pararon a las 4 a. m. y nos avisaron: ya no se va a seguir ayudando a los venezolanos. Nos dijeron que el presidente había sacado una ley y que ya no éramos salvos para nada. Se nos partió el corazón. Tantos sacrificios… Llevábamos un mes y medio para poder llegar a ese país, después de cruzar tantos países y esa selva, para quedarnos así, sin nada, ni derechos humanos”.
“Nos dejaron -continúa Rodolfo-, en una zona muy peligrosa, en Sonora. Ahí, en un tipo de centro, de nuevo nos quitaron las cosas, en la migración mexicana. Después de unos 4 días nos soltaron porque el sitio estaba colapsado de tanto venezolano que estaba llegando. En ese momento empezó lo más complicado: nosotros dormimos en la calle, y a una de nuestras compañeras la sacaron de un cuarto que rentaba y la violaron en la calle frente a un Oxxo”.
“Ella también había sido víctima de una violación en la selva, en el Darién, donde yo vi al menos 4 muertos. Intentamos avisarles a sus familiares y ya no respondía, estaba ida. Estábamos muy preocupados, pero ¿cómo se puede ayudar a alguien cuando uno no tiene nada? Le dimos comida y ni quería comer. Conseguí mi pasaje a la Ciudad de México vendiendo caramelos en un semáforo”.
Desde 2020 hasta la fecha, a través del Título 42, el gobierno de Estados Unidos ha realizado más de 2.3 millones de expulsiones, y el alza de venezolanos solo incrementará esta cifra exponencialmente en los meses por venir.
Sin embargo, según apuntó la Dra. Ramos, para MSF, “nosotros vemos la crisis que genera esto en la gente, en las personas. Se les trata de una manera indigna de todos los puntos donde vienen, donde ni siquiera se les hacen trámites migratorios por lo que quedan en un limbo legal. Estamos viendo en el contexto de las personas venezolanas que no pueden regresar fácilmente a su lugar de origen por diversos peligros y vienen con necesidades de atención primaria: niñas, niños, adultos mayores con necesidades de atención en salud mental, aunque esto no es en primera instancia, sí es importante pues vienen con un trastorno agudo por lo que han vivido desde su detención y antes”.
Carolina alza su mirada, con la voz entrecortada y finaliza: “No es justo para un ser humano, un migrante, ni nadie. Lo que hemos vivido los venezolanos, cada extranjero, es muy duro y más que le quiten el derecho a uno como madre y no devuelvan a su familiar. Aquí nos dejaron, sin documentos o dinero, nos endeudamos, vendimos todo para poder hacer el viaje y lo único que nos quedó fue el trauma. Ya no quiero ir a Estados Unidos, lo que yo quiero es devolverme, recuperar a mi hijo e irme a mi país”.
* Los nombres han sido cambiados para proteger la identidad de las y los entrevistados.
