La lucha del pueblo nicaragüense contra la dictadura de Ortega-Murillo

La lucha del pueblo nicaragüense contra la dictadura de Ortega-Murillo

“Los casos de Venezuela y Nicaragua advierten sobre
el fatal desenlace que podrían tener otros casos de
deterioro democrático que hoy tienen lugar en la región”
Laura Chinchilla *

El pasado mes de abril se cumplieron cinco años de lucha del pueblo nicaragüense por recuperar sus libertades, restituir la democracia y lograr que se haga justicia por los crímenes de lesa humanidad cometidos por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo. El régimen autocrático de Ortega-Murillo es un ejemplo más del paso de una democracia a una dictadura mediante un plan orquestado por un gobernante electo democráticamente que busca perpetuarse en el poder.

Como señala Laura Chinchilla, el caso de Nicaragua debe alertarnos ante los signos de deterioro democrático en varios países de América Latina. El Salvador y Guatemala han entrado en un grave retroceso democrático y el primero se dirige hacia el autoritarismo.

Las manifestaciones del 18 de abril de 2018 en Nicaragua, como legítimo ejercicio de los derechos de manifestación de las ideas y a la protesta social, en las que se expresó la inconformidad con decisiones económicas y sociales del régimen autocrático de Daniel Ortega y Rosario Murillo, tuvieron como respuesta del régimen una brutal represión contra la población civil que dejó un saldo de 355 muertos y centenas de presos políticos, como lo ha documentado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Nicaragua había logrado transitar a la democracia a partir de las elecciones de 1990, luego del régimen sandinista instaurado con el triunfo de la revolución que derrocó a la dictadura somocista en 1979 y con la victoria del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) en las elecciones generales de 1984, en las que Daniel Ortega Saavedra fue electo presidente de la república por primera ocasión. **

Según IDEA Internacional, durante la primera presidencia de Daniel Ortega -de 1985 a 1990- el régimen político nicaragüense era considerado híbrido, es decir, no plenamente democrático. A partir de las elecciones de 1990, en las que triunfó la candidata a la presidencia de la república por la Unión Nacional Opositora, Violeta Barrios de Chamorro, y hasta 2016, Nicaragua podía considerarse una democracia.

De acuerdo con los informes sobre el “Estado de la democracia en las Américas” de IDEA Internacional, a partir de 2005 -durante el gobierno de Enrique Bolaños- inició el “declive del desempeño democrático” de Nicaragua. Sin embargo, el proceso que ha llevado a la quiebra de la democracia inició en el segundo gobierno de Daniel Ortega, entre 2007 y 2012, con la excesiva concentración del poder en el presidente de la república.

Señala IDEA Internacional que, para 2016, Nicaragua ya no podía ser considerada una democracia -había retrocedido a régimen híbrido- y pronto se produjo la ruptura del régimen democrático que llevó a que, desde 2017, Nicaragua sea considerada una autocracia, al lado de las otras dos dictaduras latinoamericanas: Cuba y Venezuela. Como ha dicho el expresidente de Uruguay, el gran José “Pepe” Mujica, “las revoluciones se comen a sus hijos”.

En un intento desesperado por consolidar el régimen autocrático que instauraron desde 2017, Daniel Ortega y Rosario Murillo buscaron legitimar su permanencia en el poder mediante unas elecciones fraudulentas celebradas en 2021, que gran parte de la comunidad internacional consideró una farsa debido a la falta de integridad electoral durante todo el proceso.

Entre las violaciones más graves durante el proceso electoral de 2021 se encuentran la cancelación de 3 partidos políticos y las detenciones arbitrarias de siete candidatas y candidatos presidenciales y de cerca de cincuenta líderes opositores, incluidos excompañeros de Daniel Ortega en el FSLN como los exguerrilleros y héroes de la revolución sandinista Dora María Téllez, la “Comandante Dos”, y el general en retiro Hugo Torres, el “Comandante Uno”, quien falleció siendo preso político de la dictadura de Ortega-Murillo y sin haber tenido un juicio justo.

En un video grabado momentos antes de ser arbitrariamente detenido en junio de 2021 en su domicilio, el general en retiro Hugo Torres expresó con claridad la situación política y jurídica de la dictadura de Ortega-Murillo y la miseria moral de quienes, otrora revolucionarios, lucharon para derrocar a la dictadura de la familia Somoza y hoy encabezan una dictadura familiar en Nicaragua:

“Estos son zarpazos desesperados de un régimen que se siente moribundo, que no tiene asidero legal … nunca pensé que en esta etapa de mi vida iba a estar luchando de forma cívica y pacífica contra una nueva dictadura … hace 46 años arriesgué la vida para sacar de la cárcel a Daniel Ortega y a otros compañeros presos políticos y en 1978 volví a arriesgarla junto con Dora María Téllez y otros compañeros para liberar a aproximadamente 60 presos políticos … pero así es la vida … los que una vez acogieron principios en favor de la justicia, en favor de la libertad, hoy los han traicionado, hoy son los principales enemigos de esos principios”.

La jornada electoral del 7 de noviembre de 2021 fue un burdo intento por “legitimar” la permanencia indefinida en el poder de Daniel Ortega y Rosario Murillo. No se trató de elecciones libres y auténticas. Como lo señaló la Organización de los Estados Americanos (OEA) ese ejercicio carece de la legitimidad democrática que buscaba el régimen sandinista.

La farsa electoral de 2021 dio paso a un mayor endurecimiento de la dictadura de Ortega-Murillo. A los delitos cometidos durante la represión en las manifestaciones de 2018, se suman las graves violaciones a los derechos humanos de centenas de ciudadanas y ciudadanos durante los años subsecuentes. La situación se ha agravado de 2021 a la fecha, se han intensificado las violaciones de los derechos civiles y políticos mediante prácticas equiparables a las que han sufrido los pueblos cubano y venezolano bajo las dictaduras de Díaz-Canel y de Maduro.

Como lo ha documentado la Oficina Regional del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos para América Central y el Caribe, en su Informe Rápido No. 10, las violaciones a los derechos humanos cometidas por la dictadura de Ortega-Murillo son tan graves que han llegado al nivel de utilizar “figuras que eran parte del pasado como la apatridia, la muerte civil o la confiscación de bienes como castigo político”; se han eliminado “de una forma combinada derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales”; y se ha provocado que decenas de miles de nicaragüenses hayan tenido que abandonar su patria ante la represión y el abuso de poder. Destacan estas graves violaciones a los derechos humanos:

1. El ilegal destierro de 222 personas a los Estados Unidos, que habían sido detenidas arbitrariamente y que fueron excarceladas solo para ese fin. Decisión acordada directamente por Daniel Ortega y Rosario Murillo en febrero pasado, como lo reconoció en televisión el dictador, a pesar de que la deportación de las y los nicaragüenses no está establecida en la legislación del país y que se dijo que había sido el poder judicial quien la había ordenado. “En los hechos, las y los 222 nicaragüenses sufrieron un destierro”.
2. El ilegal retiro de la nacionalidad nicaragüense a esas 222 personas y después a 94 más, algunas en el exilio, a pesar de que desde 2013 Nicaragua es parte de la Convención para Reducir los Casos de Apatridia, de 1961, que prohíbe privar de su nacionalidad a personas por motivos raciales, étnicos, religiosos o políticos o si ese hecho ha de convertirlas en apátridas.

1. 

   Vía Twitter @CYNTHIALVAREZ73

Entre esas 94 personas están la poetisa Gioconda Belli y el escritor Sergio Ramírez, quien fuera vicepresidente de Nicaragua en el régimen sandinista, entre 1985 a 1990, y que dedicó el Premio Cervantes, que recibió en 2018, “a la memoria de los nicaragüenses que en los últimos días han sido asesinados en las calles por reclamar justicia y democracia y a los miles de jóvenes que siguen luchando, sin más armas que sus ideales, porque Nicaragua vuelva a ser una república”.

1. La ilegal inhabilitación absoluta para ejercer cargos públicos y la supresión de los derechos políticos de por vida a todas esas personas.
2. La violación del derecho a la personalidad jurídica al desaparecer datos personales de los registros públicos y universitarios de varias personas, con lo que se ha pretendido borrar su identidad.
3. La ilegal confiscación de bienes, violando el derecho a la propiedad y contraviniendo la Constitución de Nicaragua, así como el bloqueo de cuentas bancarias, incluso algunas con las que se pagaban pensiones jubilatorias.
4. La arbitraria condena, sin un juicio con todas las garantías, a 26 años y 4 meses de prisión y el ilegal despojo de la nacionalidad nicaragüense y privación de por vida de sus derechos políticos, del Obispo de Matagalpa, Monseñor Rolando Álvarez, por negarse a ser deportado de su país.
5. La ilegal confiscación de varios medios de comunicación, como el diario más antiguo de Nicaragua: La Prensa.
6. La persecución religiosa que alcanzó niveles de violación de las libertades de pensamiento, de creencias y de religión. Las detenciones arbitrarias de al menos una decena de sacerdotes y de decenas de feligreses por participar en actos del culto católico; así como la ilegal prohibición, durante la Semana Santa de este año, de las procesiones y el viacrucis, que no pudieron salir a las calles.

La dictadura de Ortega-Murillo ha incumplido sistemáticamente sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y va a contracorriente de los esfuerzos de organismos internacionales como la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados que, desde 2014, lanzó una campaña global para poner fin al destierro y erradicar la apatridia. Las graves violaciones de los derechos políticos de las y los nicaragüenses llevaron al Consejo Permanente de la OEA a concluir, desde noviembre de 2021, que “Nicaragua no está cumpliendo los compromisos asumidos en la Carta Democrática Interamericana”. Lamentablemente el Gobierno de México se abstuvo en dicha votación, lo que contrasta con la ruptura de relaciones del gobierno mexicano con el régimen somocista, el 20 de mayo de 1979.

Ante el endurecimiento de la dictadura de Ortega-Murillo es urgente que la comunidad internacional intervenga para lograr el pleno respeto de los derechos humanos en Nicaragua y para que las y los nicaragüenses recuperen las libertades civiles y sus derechos políticos. La Unión Europea ha impuesto sanciones a funcionarios del régimen nicaragüense, incluida la vicepresidenta Rosario Murillo, el presidente de la Asamblea Nacional, la presidenta de la Corte Suprema de Justicia y la fiscal general, “como responsables de graves violaciones de los derechos humanos o de acciones que socavan la democracia y el Estado de Derecho en Nicaragua” por “la represión ejercida por las fuerzas de seguridad y grupos armados progubernamentales contra opositores políticos, manifestantes, periodistas, organizaciones de la sociedad civil y miembros de la Iglesia católica”.

Hasta ahora, ni las resoluciones de la OEA, ni las sanciones de la Unión Europea y del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, han sido suficientes para frenar los abusos de poder de la dictadura Ortega-Murillo. Tampoco las declaraciones de prominentes revolucionarios, como las del hermano del dictador Daniel Ortega, el exguerrillero Humberto Ortega, *** quien ha dicho con claridad: “eso no es por lo que luchamos, por lo que murieron decenas de miles para botar a Somoza. No era para poner un sistema autoritario, era para realmente hacer una democracia nueva”.

Dice el pensador francés Jacques Attali que “el fundamento de la Historia es la conquista de la libertad individual”. Más temprano que tarde las dictaduras y los regímenes autoritarios caerán y florecerán nuevamente las libertades en Cuba, Venezuela, Nicaragua, El Salvador y Guatemala.