Lima (Regina García Cano/AP). — Un juez ordenó este martes 13 que el destituido presidente peruano Pedro Castillo continúe detenido, rechazando su apelación mientras las autoridades siguen conformando un caso en su contra por rebelión.
La decisión del juez de la Suprema Corte, César San Martín Castro, podría atizar aún más las violentas protestas que se registran en distintos puntos del país, en donde la población ha estado exigiendo la libertad de Castillo, la renuncia de su sucesora y que se programen de inmediato elecciones generales para elegir a un nuevo presidente y reemplazar a todos los miembros del Congreso.
El anuncio de Castillo del pasado miércoles 7 en televisión nacional de que había disuelto el Congreso por decreto presidencial no fue “un mero acto de habla, sino la expresión concreta de una voluntad de alteración del sistema constitucional y de la configuración de los poderes públicos”, subrayó el juez.
En los próximos días, la fiscalía planea solicitar que Castillo continúe detenido hasta por tres años.
Horas antes, Castillo declaró durante su audiencia que había sido “injusta y arbitrariamente detenido”, y agradeció a sus simpatizantes por todo lo que han hecho desde su arresto.
El juez señaló que la evidencia indica que Castillo fue interceptado en camino a la embajada de México para pedir asilo. Fue detenido poco después de que fuera destituido por los legisladores luego de que intentara disolver al Congreso antes de un voto de destitución.
“Jamás renunciaré ni abandonaré esta causa popular que me ha traído acá”, declaró Castillo. Posteriormente, en aparente referencia a las violentas protestas a causa de su detención, instó a la policía nacional y a las fuerzas armadas a que “depongan las armas y dejen de matar a este pueblo sediento de justicia”.
Las manifestaciones han sido particularmente violentas afuera de la capital Lima. La Defensoría del Pueblo de Perú redujo el martes a seis el número de personas que han muerto en las protestas. La oficina dijo en un comunicado que eliminó a una persona de la lista después de que la agencia nacional de registro civil determinó que dicha persona “no existe”.
Todos los decesos se han producido en comunidades rurales empobrecidas, que son bastiones de Castillo, un neófito político y antiguo profesor de raíces campesinas. Cuatro de ellos se registraron en Andahuaylas, una remota comunidad rural andina donde los pobres han batallado durante años y donde los votantes apoyaron abrumadoramente a Castillo en la segunda vuelta electoral del año pasado, la cual ganó por 44 mil votos.
Muchos negocios de esa comunidad permanecieron cerrados el martes 13, luego de que se bloqueó el tránsito en las calles con neumáticos quemados, rocas y ramas de árboles. Unas 3 mil personas, incluidos profesores y campesinos de localidades cercanas, volvieron a marchar para demandar la renuncia de Boluarte.
Un grupo más reducido acompañó el féretro de un manifestante que falleció el lunes por una aparente herida de bala.
Vilma Zúñiga, propietaria de una tienda de zapatos, colocó un letrero en el que aseveró que el Congreso era el peor virus y exigió la salida de Boluarte. Ella y otros comerciantes decidieron cerrar sus establecimientos, dejando ir posibles ventas de cara a la temporada navideña.
El abogado Ronaldo Atencio, quien habló en nombre del equipo jurídico de Castillo, alegó que él no levantó las armas ni organizó a la población capaz de derrocar al gobierno actual, como lo establece la ley peruana para acusar a alguien de rebelión. También dijo que Castillo no representa un riesgo de fuga, y que nunca buscó asilo por parte de México, como lo confirmó el embajador mexicano.
Boluarte, compañera de fórmula de Castillo y vicepresidenta, fue juramentada rápidamente el miércoles de la semana pasada luego de que el Congreso destituyó a Castillo por “incapacidad moral permanente”.
El lunes 12 Boluarte cedió en parte a las exigencias de los manifestantes, anunciando en un discurso a nivel nacional que enviaría una propuesta al Congreso para adelantar las elecciones a abril de 2024. Anteriormente había asegurado que pretendía permanecer en el cargo durante los tres años y medio restantes del término de su predecesor.
En las calles de Lima los agentes de la policía han arrojado gases lacrimógenos y golpeado en repetidas ocasiones a los manifestantes. Fuera de la capital, los inconformes quemaron comisarías de la policía, tomaron el control de una pista de aterrizaje utilizada por las fuerzas armadas e invadieron la pista del aeropuerto internacional de Arequipa.
La policía nacional reportó que 130 agentes han resultado heridos en enfrentamientos con los manifestantes, de acuerdo con medios de comunicación estatales.
Boluarte pidió el martes 13 calma a los manifestantes, explicando que ella no había buscado la presidencia.
“Quiero hacer un llamado a mis hermanos y hermanas de Andahuaylas. Calma, calma por favor”, dijo. “No entiendo porqué mis hermanos… se levantan en contra de su paisana Dina Boluarte cuando yo no he hecho nada para que esa situación exista o se dé”, añadió.
La presidenta habló afuera de un hospital donde una niña recibe atención médica por una lesión en el ojo causada por un perdigón disparado durante las protestas. Boluarte dijo que ha girado instrucciones a la policía nacional para que no utilicen ningún arma letal, ni siquiera balas de goma, y señaló que las autoridades están trabajando para determinar quién fue el responsable para procesarlo.
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El periodista de The Associated Press Franklin Briceño contribuyó a este despacho desde Andahuaylas, Perú.
