La defensa de Lozoya Austin dio a conocer que durante la audiencia solicitaría reparar el daño por 200 millones de pesos.
El caso de Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos, podría dar un vuelco, luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) rechazó llegar a un acuerdo reparatorio con el exfuncionario, por lo que podrían irse a un juicio y solicitar 46 años de prisión solo por el caso Odebrecht.
Durante la audiencia intermedia de este viernes, la defensa de Emilio Lozoya anunció que buscarían llegar a un acuerdo reparatorio por 200 millones de pesos por el caso de Odebrecht y buscar el criterio de oportunidad, a fin de continuar colaborando con las autoridades.
De acuerdo con el periodista Arturo Ángel, la Fiscalía de Alejandro Gertz Manero rechazó la propuesta y pidió al juez federal del Reclusorio Norte que vayan a juicio y se le condene a 46 años de prisión.
En la audiencia de este viernes también se desahogarán las pruebas previas al posible juicio al que se vaya Emilio Lozoya, acusado de cohecho, lavado de dinero y asociación delictuosa por los casos Odebrecht y Agronitrogenados.
Casi al mediodía, el abogado Miguel Ontiveros declaró ante medios de comunicación que Lozoya Austin solicitará que se fije una fecha y hora para firmar el convenio con el que se compromete a pagar más de 200 millones de pesos de reparación.
“La postura del señor Emilio Lozoya Austin es que se solicitará que se fije fecha y hora para los efectos de la firma del convenio de reparación del daño a favor de las instituciones del estado que han señalado montos específicos”, dijo ante medios.
Ya tuvo el criterio de oportunidad y lo perdió
Emilio Lozoya Austin llegó a México procedente de España en julio de 2020 bajo el criterio de oportunidad. El juez Artemio Zúñiga le autorizó un mes de prórroga para su defensa, sin embargo la FGR alegó que el criterio era improcedente y solicitó prisión preventiva.
No obstante el 3 de noviembre, el exdirector de Pemex fue detenido tras una audiencia en el Reclusorio Norte en donde la FGR y la UIF solicitaron el cambio de medida cautelar a prisión preventiva, pues solo portaba un brazalete electrónico y la orden de no abandonar el país.
