“Nuestro país no merece regresar al pasado
porque lo construido permite elecciones auténticas,
piedra angular de todo sistema democrático“
José Woldenberg Karakowsky *
El “Plan B” electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador es una de las expresiones más acabadas de la tentación autoritaria y de la inoperancia política que han caracterizado al Gobierno de la llamada “4T”. Esta temeraria estrategia para trastocar los consensos que han dado legitimidad al régimen democrático en los últimos veinticinco años pasará a la historia como la más grave afrenta a la integridad electoral desde la transición a la democracia.
En el proceso legislativo para aprobar los dos decretos del “Plan B” -ambos relacionados con el funcionamiento del régimen democrático y con los que se reformaron cinco leyes, se abrogó una y se expidió otra- se condensa el autoritarismo y la falta de respeto a los principios de la democracia deliberativa y a los derechos de las minorías parlamentarias que han caracterizado a Morena en el Congreso de la Unión.
Estos dos decretos son la máxima expresión de la propensión de la mayoría parlamentaria de Morena a violar el proceso legislativo y a aprobar leyes contrarias al texto constitucional. Son el culmen de una ilegal práctica parlamentaria para legislar sin moverle “ni una coma” a las iniciativas del presidente López Obrador.
En su afán por ser siempre obsequiosa con los designios del titular del poder ejecutivo, la mayoría morenista en el Congreso de la Unión ha cometido reiteradas vulneraciones al proceso legislativo. Para aprobar el “Plan B” los morenistas fueron más allá: no solo contravinieron las reglas legales del proceso legislativo, en este caso se atrevieron a violar las reglas establecidas en el artículo 72 constitucional para la aprobación de las leyes.
Esta reforma electoral, obsequiada al Presidente de la República por su mayoría parlamentaria violando el proceso legislativo, refleja fielmente el desprecio de López Obrador y de su grupo político por el Estado de Derecho y muestra, una vez más, su desdén por la Constitución. Sintetiza la incapacidad del presidente López Obrador, y de quienes lo acompañan en su aventura política llamada “4T”, para ejercer el poder y encauzar el cambio del régimen político con base en los principios y valores de la democracia constitucional.
Como sucedió con su “Plan A” de reforma electoral, que consistía en modificar la Constitución para cambiar las reglas de la competencia política y sustituir a las actuales autoridades electorales por otras afines a su proyecto político, con su “Plan B” el presidente López Obrador también topó con la movilización social. Las exitosas manifestaciones del 13 de noviembre de 2022 y del 26 de febrero de este año pasarán a la historia como los bastiones ciudadanos que contribuyeron, en forma decisiva, a impedir una regresión democrática en nuestro país.
Aunque el presidente López Obrador lo niegue, el “Plan B” tiene el potencial suficiente para afectar en forma grave e irreparable la organización de las elecciones de 2024. Por su ignorancia sobre el verdadero contenido de la reforma -como ha quedado de manifiesto con su inconsistente discurso en defensa de esta- y tal vez también porque no cree en la democracia constitucional, el Presidente de la República no acepta que su “Plan B” es inconstitucional.
De prevalecer estas modificaciones legales, se pondría en entredicho la integridad de las elecciones porque se afectarían -en algunos casos en forma irreparable- los derechos políticos de la ciudadanía, al modificar las normas y las garantías para su ejercicio; se comprometería la capacidad de las autoridades electorales para organizar las elecciones conforme a las normas y principios constitucionales; se minarían los consensos básicos del sistema democrático; y se generarían distorsiones en las reglas de la competencia por el poder político, lo que podría poner en duda el resultado de las elecciones.
Además, está suficientemente documentado que la implementación del “Plan B” produciría violaciones de difícil reparación a los derechos laborales de más de dos mil miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional -que serían despedidos en contravención al artículo 41 constitucional- y de las y los trabajadores de la rama administrativa, muchos de los cuales podrían quedar sin empleo o ver gravemente afectada su situación laboral y vulneradas sus condiciones de trabajo y sus prestaciones laborales, que son derechos adquiridos.
Ni el presidente López Obrador, ni los defensores del “Plan B”, han podido desvirtuar la contundente evidencia en relación con las flagrantes violaciones al proceso legislativo que se cometieron para su aprobación y sobre la inconstitucionalidad de gran parte del contenido de la reforma.
Corresponderá al Poder Judicial de la Federación -y como última instancia a la Suprema Corte de Justicia de la Nación- la defensa de la Constitución y el restablecimiento de la regularidad constitucional que ha sido vulnerada por el “Plan B”. Un primer paso indispensable es la suspensión de los efectos y las consecuencias de la reforma para evitar transgresiones irreversibles a los derechos humanos y al funcionamiento del régimen democrático.
Como ya sucedió con la primera parte del “Plan B”, se esperaría que ante las impugnaciones del decreto publicado la semana pasada también se concediera la suspensión, máxime cuando en este caso está en riesgo la estabilidad laboral y la fuente de trabajo de miles de trabajadores del INE que, en la mayoría de los casos, han servido con dedicación y eficacia a la causa de la democracia durante más de dos décadas.
Para bien de la República, es posible prever que esta reforma no tendrá futuro. Las flagrantes violaciones a la Constitución y a la ley, cometidas en el proceso legislativo para la aprobación del “Plan B”, son suficientes para invalidar en su totalidad ambos decretos. El “Plan B” terminará como el fracasado proyecto de la “4T”: en un intento fallido por restaurar el régimen de partido hegemónico e imponer una mayoría política que dé paso a un régimen antidemocrático y autoritario.
* Fue consejero presidente del Instituto Federal Electoral. En 2008 fue condecorado
por el Gobierno de España con la Orden de Isabel la Católica en grado de Gran Cruz
