Las amenazas lanzadas y las influencias ejercidas por las empresas mineras en estos últimos días frente al paquete de reformas del sector enviados por el Presidente de la República al Congreso de la Unión son una pequeña muestra de lo que implica intentar de regular a una industria magna, especialmente una que se alimenta de extraer y vender la riqueza mineral del país… ¡con SED de agua y de ganancias extraordinarias!
No es casual que los ataques de las mineras a la Iniciativa original se hayan enfocado en el su acceso al agua, resultando en la aprobación de una nueva Iniciativa, de tres diputados, en donde quedaron mutilados los elementos claves para regular su acceso al agua. La recuperación de estos elementos queda como tarea para el Senado.
La Iniciativa del Presidente fue elaborada por las Secretarías de Economía y Medio Ambiente quienes pusieron a trabajar equipos con amplia experiencia en regulación en materia minera y hacer que hagan reparaciones por la destrucción hídrica y ambiental en casos como el de Río Sonora. Con fundamentación técnica y jurídica a prueba de amparos, cerraron los hoyos en las leyes actuales y asignaron las competencias requeridas para defender los derechos de las comunidades, la integridad de las cuencas y sus acuíferos y el interés público en general.
Las reformas aprobadas en Diputados el jueves pasado representan un avance: la minería yo no será actividad preferente; las mineras tendrán que realizar consultas previas con pueblos indígenas y firmar convenios con todas las comunidades comprometiendo una mínima compensación por la destrucción de sus tierras. Las mineras tendrán que contar con un Programa de Restauración, Cierre y Post-Cierre aprobado por la Semarnat para guiar sus operaciones desde su inicio, y tendrán que contar con vehículos financieros para cubrir posibles daños a comunidades o el medio ambiente.
Pero ojo… las mineras prácticamente destriparon el marco regulatorio en materia de agua.
Lograron mantener el actual régimen de excepción para las “aguas de laboreo”, siendo las que son exudados por las paredes de las minas superficiales o subterráneas al interrumpir los sistemas de flujos de aguas subterráneas. La Iniciativa del Presidente buscó que las mineras contaran con concesiones para estos volúmenes, los cuales comúnmente representan el 300% o más del volumen concesionado, respetando la disponibilidad de agua en el acuífero en donde se ubican. En la versión de Diputados estos volúmenes no requerirían de concesión ni tendrían que respetar los límites de disponibilidad.
La Iniciativa del Presidente buscó lograr que las concesiones de agua para uso en minería fueran renovadas cada cinco años durante toda la duración de la concesión minera, pendiente comprobación de cumplimiento con sus obligaciones hídricas y ambientales.
Este aspecto del marco ambiental es vital, dado la comprobada impotencia de los inspectores y abogados de la Profepa y la Conagua al buscar sancionar a una industria que cuenta con ejércitos de abogados dedicados a burlarse de cualquier intento de regulación.
En cumplimiento con los Acuerdos de Ecsazú, la carga de la prueba sobre el cumpliento de con la normatividad y de no estar causando daños a terceros o a la Nación tiene que quedar al lado de las mineras.
La Iniciativa del Presidente buscó establecer un tope al porcentaje de agua de una cuenca o acuífero que pudiera ser concesionada a una minera. Actualmente las principales mineras ocupan entre 51 y 84% del agua en los acuíferos en donde se encuentran, aunque hay que mencionar que a nivel global las mineras están logrando reducir los volúmenes de agua requeridas para sus operaciones.
La versión de Diputados ridículamente quita este tope, y en su lugar exige que las mineras “reciclen el 60% del agua utilizado en sus instalaciones”, o sea en sus oficinas, cocinas y baños, en lugar de centrarse en “operaciones de explotación y beneficio” para tener un impacto real.
Finalmente, la versión aprobada en Diputados logró prohibir el depósito de residuos mineros en vasos y cauces federales (presas de jales), así como en áreas naturales protegidas y humedales. Sin embargo eliminó el transitorio que hubiera obligado iniciar el desmonte de las presas de jales dentro de 365 de su promulgación, de modo que solo se tendría que desmontar los depósitos de residuos en casos en donde la autoridad pueda comprobar que representan un riesgo, lo cual es incosteable para las dependencias responsables de la inspección y sanción.
Este tema no es menor. El Instituto Mexicano de Tecnologías del Agua cuenta con un inventario de 586 presas de jales, formadas por el depósito de roca triturada en cauces federales, sin estructura hidráulica, detrás de las cuales las mineras depositan materiales acuosas permeados de contaminantes tóxicos, que dañan al ambiente y a las comunidades aledañas.
Cada presa de jales es una bomba de tiempo, y debido a las “lluvias atípicas” producto del cambio climático, el porcentaje de fallas en estas estructuras (muchas de ellas gigantescas), está aumentando en México y a nivel mundial.
La nueva tendencia internacional, establecida en el Estándar Global para la Gestión de Relaves en la Industria Minera, implica la extracción y reúso del agua, y el depósito final seguro de los remanentes.
Hay que tomar en cuenta que la propia Cámara Minera de México en su Informe de Sustentabilidad 2022 presume su adopción de estas nuevas prácticas, y existe todo un nuevo sector de la industria especializado en el desmonte de presas de jales, el cual se financia con la venta de los minerales así rescatados.
El viernes, la economista reportó que con la aprobación de la debilitada Iniciativa de los Diputados, el valor de las acciones de Peñoles y Grupo México subieron de valor en un suspiro de alivio.
Nos quedamos con la pregunta: ¿Por qué los Diputados decidieron negociar con las mineras, y ofrecerles acceso casi ilimitado al agua y al riesgo de su irreparable contaminación? ¿Será que la voluntad de defender los derechos humanos y los bienes de la Nación también se ha convertido en mercancía?
