CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- En junio de 2019, bajo el chantaje del entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, Andrés Manuel López Obrador cedió la gestión y la ejecución de la política migratoria a Marcelo Ebrard Casaubon y a Francisco Garduño Yáñez, respectivamente secretario de Relaciones Exteriores y titular del Instituto Nacional de Migración (INM).
Esta nueva política se tradujo en 444 mil 439 detenciones el año pasado –un promedio histórico de mil 200 por día– y 210 mil deportaciones.
La decisión de López Obrador marcó el regreso a una política de contención inspirada del Programa Frontera Sur, estrategia diseñada por la Secretaría de Marina e implementada durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. De hecho, una de las primeras medidas de Ebrard consistió en reclutar, en la Cancillería, a Seguismundo Doguin Garay, coordinador de las delegaciones del INM durante la gestión de Peña Nieto.
Con amplio historial en el inframundo de la seguridad –durante 30 años fue coordinador de seguridad regional en la Policía Federal de Caminos, y en el sexenio de Felipe Calderón trabajó en la Oficialía Mayor de la Procuraduría General de la República–, Doguin sigue fungiendo como “enlace en temas migratorios” en Relaciones Exteriores.
Garduño, por su parte, nombró al hijo del nuevo colaborador de Ebrard, Segismundo Doguin Martínez, al frente de la “Oficina de Representación” –el nuevo nombre de las delegaciones– del INM en Tamaulipas, cargo que ya había ocupado en el sexenio de Peña Nieto.
Garduño había llegado al INM para imponer un cambio radical respecto de su antecesor, el académico Tonatiuh Guillén López, a quien López Obrador había encargado una “nueva política migratoria”, basada en el respeto a los derechos humanos de los migrantes.
Sin embargo, bajo la presión de Trump, y siguiendo los acuerdos que Ebrard pactó en Washington, el mandatario volvió a la política de contención migratoria con tintes militares y con un INM controlado por agentes de seguridad, como en el sexenio de Peña Nieto, durante el cual la dependencia fue dirigida por Ardelio Vargas Fosado y, en sus últimos meses, por Gerardo Elías García Benavente, ambos exdirectores del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen).
En contraste con la carrera académica Guillén, Garduño venía del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Reinserción Social (OADPRS), a cargo de las cárceles federales; su perfil combinaba una amplia carrera en el ámbito de la seguridad –desde el sexenio de Luis Echeverría– y una larga lealtad al presidente, pues colaboró en su administración capitalina, es miembro fundador de Morena y suplente del diputado tabasqueño Rodolfo Lara Lagunas, otrora maestro de López Obrador.
Garduño nombró a militares al frente de las “oficinas de representación” del INM en los estados –18 de los 32 delegados actuales vienen del Ejército y los 14 restantes tienen perfiles diversos, desde exjefes de policías municipales hasta contadores, según documentó El Universal el pasado viernes31– y se rodeó de personajes polémicos.
Por ejemplo, colocó en la Dirección General de Coordinación de Oficinas de Representación a Héctor Leoncio Martínez Castuera, hermano de su amigo el general Sergio Alberto Martínez, a quien Garduño nombró coordinador de Centros Penales Federales en el OADPRS cuando él dejó la institución (Proceso 2355).
Al frente de la Dirección General de Control y Verificación Migratoria, que se encarga de los centros de detención migratoria –incluyendo el de Ciudad Juárez, escena de la tragedia del lunes 27 de marzo–, Garduño nombró a Antonio Molina Díaz, quien fue coordinador general de Centros Penitenciarios Federales entre 2011 y 2019.
Molina llegó bajo la gestión de Genaro García Luna y se mantuvo en el cargo durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, por lo que es parte del grupo de 20 exfuncionarios del equipo de García Luna que se encuentran bajo investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) por los contratos multimillonarios asignados durante la administración de Felipe Calderón para la construcción de cárceles federales.
En la Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicación Garduño nombró a Alfredo Hernández García, quien fue secretario de Obras y Servicios en el gobierno capitalino de Miguel Ángel Mancera. Hernández fue destituido en septiembre de 2015 tras descubrirse que su oficina otorgó un contrato de 70 millones de pesos a una empresa en la que laboraba su esposa, Erika Sofibeth Molina Barragán –delegada del INM en Hidalgo durante el periodo de transición (Proceso 2350).
Responsabilidades
La semana pasada el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, y Marcelo Ebrard se acusaron, por discursos interpuestos, de ser responsables de la política migratoria, en un evidente intento de no asumir el costo político del incendio en la estación migratoria de Ciudad Juárez, con vistas a la competición interna en Morena para definir la candidatura presidencial para 2024.
Técnicamente, el INM responde a la Segob, y esa dependencia es la responsable de definir la política migratoria de México. Sin embargo, López Hernández aseveró en entrevista con Joaquín López-Dóriga, el martes 28 de marzo, que por un “acuerdo” en el gobierno federal la política migratoria está a cargo de “Marcelo”, una manera de evitar las preguntas sobre el incendio. Horas después de la peor tragedia en materia migratoria en la historia reciente, el secretario de Gobernación anunció, con total despreocupación, su intención de ser presidente de la República.
A través de su cuenta de Twitter el canciller, quien pasó ese día en Nuevo León –donde se tomó selfies sonrientes con el gobernador Samuel García en el sitio de la futura fábrica de Tesla–, pidió que se dejase “cualquier consideración política para otros momentos” y añadió: “Cada cual debe hacer lo que le corresponde en esta hora”.
En la noche Gobernación difundió el decreto del 19 de septiembre de 2019, mediante el cual López Obrador entregó la política migratoria a Ebrard, creando una “Comisión Intersecretarial de Atención Integral en Materia Migratoria” presidida por el canciller hasta el fin de su mandato. Con ello, la dependencia dirigida por López Hernández refrendó su argumento para echar la responsabilidad al canciller.
De manera extraoficial, la Cancillería respondió a la Segob en aclaraciones a la prensa, donde citaba a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, sobre todo la parte que plantea que la política migratoria es responsabilidad del Ejecutivo, vía la Segob, y afirmaba que el decreto de López Obrador no quitó al INM y a la Segob sus responsabilidades.
Sin embargo, Ebrard sí se convirtió en el encargado de facto de la política migratoria, y lo sigue siendo. Desde el periodo de transición, el canciller ya había acordado con el equipo de Trump la implementación del plan “Quédate en México” y en junio de 2019 viajó a Washington para aceptar el endurecimiento de las medidas de contención, incluyendo un incremento en el número de personas devueltas a México.
De regreso de Washington, López Obrador anunció que Ebrard se haría cargo de cumplir los compromisos ante Trump, de la mano con Garduño –a quien anunció como nuevo titular del INM–y con funcionarios de alto nivel.
El canciller empezó a desplegar a colaboradores suyos en el Sureste para coordinar los operativos con los agentes del INM y sus nuevos jefes militares, pese a los reclamos de Tonatiuh Guillén y de la entonces secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. De ahí en adelante, la Cancillería siguió pactando los temas migratorios con el gobierno de Estados Unidos y operándolos en el país.
Texto publicado en el número 2422 de la edición impresa de Proceso, en circulación desde el 2 de abril de 2023.
