CIUDAD DE MÉXICO (apro).—El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) calificó como “una mala decisión” la compra de las plantas generadoras de electricidad a la compañía española Iberdrola.
Según el organismo, la operación tiene al menos tres implicaciones negativas como política pública:
De entrada, explicó en su análisis semanal, que es una señal negativa hacia la inversión en el país, ya que es precedida por ataques verbales del propio presidente a Iberdrola, sin ninguna prueba objetiva.
Ello en un momento cuando el país necesita concretar la atracción de inversiones en la gran oportunidad que representa el movimiento de relocalización o nearshoring. Pero la preferencia revelada del gobierno es más bien por objetivos políticos que comienzan a tomar fuerza ante la cercanía del proceso electoral.
Por otra parte, destacó que, si bien las generadoras son productivas y probablemente eficientes, su adquisición conlleva gastos de mantenimiento a futuro, que serán difíciles de solventar. Y en México como en todo el mundo los gobiernos enfrentan problemas de suficiencia de recursos para el mantenimiento de la infraestructura, ya que compiten con otras prioridades que a menudo son más urgentes.
Asimismo, el CEESP sostuvo que, en este momento, sería importante que la política pública estuviese concentrada en crear todas las facilidades posibles a fin de sacar el mayor provecho de la relocalización o nearshoring.
Ello implica la inclusión de sectores y regiones que no han sido beneficiadas por el comercio exterior y la inversión que implica. Para incluir mayor valor agregado nacional en la producción y exportación de la inversión motivada por la relocalización hay que trabajar en varios frentes, entre ellos: mejorar y ampliar la infraestructura pública y la logística y asegurar que la electricidad se transmita y distribuya suficientemente a lo largo de todo el país.
El centro de estudios encabezado por Carlos Hurtado señaló que es importante tener en cuenta que en una nacionalización el Estado se convierte en propietario o controlador de bienes o actividades que pertenecían al sector privado.
Evidentemente las condiciones de la operación no implican una nacionalización típica ya que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) solo será administradora de la operación de las plantas.
Si desde el punto de vista financiero o fiscal esta operación representa deuda pública o no, es secundario en este momento, consideró.
Señaló que los casi seis mil millones de dólares, provienen en principio del Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin), lo cual reduce la posición neta de activos financieros verdadera del sector público.
“Independientemente de que el Fonadin está fuera del presupuesto, son recursos públicos de todas formas y por ello tienen usos alternativos. Podría argumentarse que dicha reducción de activos financieros netos se compensa con una adquisición de activos físicos (las plantas) y que, por ello bajo un criterio de contabilidad patrimonial, el efecto sería neutral en la deuda pública neta”, puntualizó el reporte del CEESP.
