La reforma aprobada en la Cámara de Diputados que permite al gobierno utilizar los bienes no reclamados por titulares de cuentas de bancos para tareas de seguridad pública es contraria al usuario, afirmó el ex presidente de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF), Mario di Constanzo.
“Estamos pasando de una disposición que es contraria al usuario, como está hoy, de una mala a otra más mala”, apuntó durante entrevista en Aristegui en Vivo.
La ley, explicó el exfuncionario, actualmente establece que las cuentas de ahorro sin movimiento durante 3 años pasan a una cuenta concentradora en el mismo banco. Si pasan 3 años más, sumando 6 en total, los recursos pasan a la beneficencia pública, en caso de ser menor a 50 mil pesos, o se mantienen en la cuenta concentradora del banco, si es mayor.
En estos últimos casos, la entidad financiera puede hacer uso de ellos para comprar Cetes, prestar el dinero, entre otras actividades.
Di Constanzo detalló que la iniciativa aprobada por los diputados este martes propone cambiar esta última condición, mientras que mantiene el resto de las normas.
Por lo tanto, cuando los montos sean mayores a 50 mil pesos, en lugar de permanecer en los bancos, pasarán al Estado para equipamiento de la seguridad pública. En estos casos, el 40% será destinado para la federación, mientras que el 30% irá a las entidades y el 30% restante a los municipios, explicó el ex funcionario.
“De por sí hoy el artículo no ayuda a los usuarios, no les facilita la vida, no los protege; ahora, en lugar de mejorar esta medida, la estamos empeorando”, afirmó Di Constanzo.
El expresidente de la CONDUSEF acusó a los legisladores de confundir las cuentas sin movimiento, con cuentas olvidadas.
“Una cuenta inactiva, no es una cuenta necesariamente olvidada, o no es una cuenta que tenga recursos provenientes del crimen organizado. Puede haber muchas cuentas legítimas que no tengan movimientos por diferentes factores”
Por ejemplo, relató Di Constanzo, los familiares de personas difuntas que no tenían designados a beneficiarios, pueden enfrentar juicios que sobrepasen el plazo de 6 años para poder acceder a los ahorros de sus seres queridos. Ante esto señaló:
“Es muy injusto para una familia que pueda perder ese dinero por una falta de aparente movimiento”.
El ex presidente de CONDUSEF afirmó que el Senado debe “estudiar con mucho cuidado” la minuta y reconsiderar la reforma para proteger a los usuarios.
“Si lo que buscan es que los recursos del crimen organizado se vayan a combatir o a equipamiento de seguridad pública, el fin es muy válido, pero no es la manera”, señaló.
Al contrario, subrayó, se debería de modificar para facilitar los trámites de los usuarios. Según el exfuncionario, se debería reformar para aumentar la responsabilidad de los bancos para que informen a los beneficiarios y recordar a sus clientes de actualizar dicha lista.
Mario di Constanzo aseguró que los usuarios se pueden defender de la iniciativa al actualizar sus beneficiarios, así como depositar continuamente con cantidades mínimas.
“Un depósito o un retiro de 10 pesos, de 100 pesos ya es un movimiento, ya se corta esta inactividad”, reiteró.
Asimismo, Di Constanzo explicó que consultar el saldo y los cobros de comisiones no son considerados como movimientos bancarios.
El exfuncionario aclaró que jubilados que retiran mensualmente su dinero no tienen peligro, así como tampoco personas con pagarés con rendimientos liquidables al vencimiento o Afores.
Por último, instó a las personas a acudir a la CONDUSEF en los casos en que fallezcan los familiares, con las actas de defunción, para que la comisión haga la búsqueda para determinar si los ciudadanos son beneficiarios de cuentas banco y seguros.
Este martes, la Cámara de Diputados aprobó una reforma para que el dinero, intereses o rendimientos de cuentas que no muestren actividad bancaria en seis años puedan ser utilizadas por el Gobierno para destinar esos fondos a seguridad pública.
Los cambios establecen que si los montos en las cuentas son menores a 51 mil 958 pesos, serán para beneficencia pública, mientras las que tengan cantidades superiores serán para labores de seguridad.
De acuerdo con la iniciativa, 45% de los recursos no reclamados de cuentas bancarias ociosas serán para la Federación, 30% para los Estados y 25% para los municipios y alcaldías.
La Ley ya contempla el uso de recursos de las cuentas no reclamadas para la beneficencia pública.
La iniciativa, presentada por el morenista Ignacio Mier Velazco, fue considerada de urgente resolución, por lo que se le dispensaron todos los trámites, se sometió a discusión y votación de inmediato. Tras su aprobación, fue enviada al Senado de la República, donde tendrá que ser avalada.
Ante las críticas que ha suscitado la reforma, el presidente Andrés Manuel López Obrador, durante la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, pidió al Poder Legislativo revisar la ley e informar ampliamente al público sobre el tema. Recalcó que podrían estar detrás los intereses de las instituciones bancarias y sugirió que esos recursos se utilicen para apoyos sociales.
Por su parte, el subsecretario de Seguridad Pública de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Ricardo Mejía Berdeja, aseguró que no se trata de apropiarse de cuentas, sino que la intención es utilizar los recursos provenientes de la delincuencia organizada, cuyas cuentas quedan ociosas tras ser aseguradas.
(Con información de AN).
