El impacto que ha tenido la pandemia de la Covid-19 en la realidad mexicana ha sido muy duro. Los resultados que hemos tenido en mortalidad por el virus del SARS-COV-2, pero también por las comorbilidades que se han registrado, hicieron evidente la fragilidad de nuestro sistema de protección social, lo que se expresa en falta de hospitales, insuficiencia de personal médico y auxiliar de la salud, insuficiente equipamiento, cobertura deficiente, entre muchos otros problemas.
Pero al mismo tiempo, la emergencia sanitaria reveló la enorme fragilidad de una economía que había mantenido un crecimiento mediocre en los últimos 30 años; y que en los cuatro que van de la presente administración ha tenido un desempeño aún peor, con un crecimiento que fue de un promedio anual de 2% entre 1990 y 2018; a 0% entre 2018 y 2022. Esto, aunado a la decisión del gobierno de la República de no diseñar medidas contra cíclicas ante la emergencia económica, condenaron a millones de familia a caer en la pobreza y, en el mejor de los casos, a ver reducidos sustantivamente sus ingresos por el trabajo que desarrollan.
En este escenario es importante advertir que, a nivel internacional, hay una profunda preocupación ante el hecho de que, debido a la pandemia, por primera vez desde 1990, se ha registrado un retroceso importante en el nivel de desarrollo humano alcanzado en el planeta.
Aún no hay mediciones precisas para México en ese indicador, pero lo que sí es un hecho es que, del 2018 al 2020 hubo un significativo incremento en el número y porcentaje de personas en pobreza multidimensional y extrema; así como en el número y porcentaje de personas en vulnerabilidad por carecía social, y señaladamente en las relativas al acceso a servicios de salud y a la seguridad social, además de la precarización de los ingresos y de la seguridad alimentaria.
Uno de los indicadores en los que en los países con mayor mortandad por Covid-19 ha tenido los mayores retrocesos es el de la esperanza de vida al nacer. Para México, aún no se ha llevado el ajuste pertinente y los datos del INEGI siguen estimándose con base en las proyecciones de población elaboradas por el CONAPO en el año 2016, es decir, puede asumirse una importante imprecisión pues en los últimos años no sólo se incrementó la mortalidad, sino que se redujo la natalidad de manera muy relevante y se incrementó la migración internacional, fundamentalmente hacia los Estados Unidos de América.
De este modo, esta combinación de factores debe haber impactado no sólo el ritmo de crecimiento demográfico en los últimos tres años, sino que además hay muy altas probabilidades de que haya contribuido al descenso de la esperanza de vida al nacer, pues hay una muy importante cantidad de defunciones en exceso en los grupos de población adulta y adulta joven, es decir, entre los 25 y los 64 años de edad.
Así, con al menos tres millones de defunciones entre los años 2020, 2021 y 2022, resulta difícil pensar que no hay una afectación o reducción en la esperanza de vida al nacer, cuando el promedio de defunciones por año no rebasaba los 750 mil decesos, es decir, en los tres años que se consideran, tendríamos un exceso de defunciones de al menos 750 mil casos, es decir, 250 mil adicionales a la esperanza matemática promedio para cada uno de ellos.
En las estimaciones del INEGI, la esperanza de vida al nacer se ubicó, en el año 2010, en 74.8 años, en 74.9 en 2011; se mantuvo en 75 entre los años 2012 y 2014. Bajó a 74.7 en 2015; a 74.8 en 2016; 47.9 en 2017; y subió a 75, 75.1, 75.2 y 75.4, para los años de 2018 a 20121. Pero debe insistirse, esto es una proyección inercial que no ha considerado aún la actualización de las nuevas proyecciones de población del CONAPO o la conciliación demográfica que debió estar lista, a partir del censo del 2020, desde hace ya varios meses.
Otro dato interesante es que, con los datos disponibles, se redujo ligeramente la brecha que existe entre la esperanza de vida al nacer de las mujeres respecto de la de los hombres. Así, mientras que en el 2010 la diferencia era de 6.3 años más para las mujeres, en el 2020 y 2021 el diferencial es de 5.7 años; dato que podría incrementarse nuevamente debido a la inmensa sobre mortalidad masculina registrada del 2020 al 2022.
En efecto, mientras que en el año 2019 se había tenido el más alto nivel del índice de sobre mortalidad masculina, al haberse ubicado en 129 casos de hombres por cada 100 decesos de mujeres, para el año 2020 fue de 143.1; y para el año 2021 el dato preliminar fue de 136.3.
Estos datos podrían llevar también a la modificación de la relación hombres mujeres en el país, pues mientras que en el año de 1995 se ubicó en su nivel más alto de los últimos 30 años, con 97.1 hombres por cada 100 mujeres, en 2015 llegó a su nivel más bajo con 94.4; volvió a crecer a 95.2 en el año 2020, y podría verse un importante impacto en la próxima medición de 2025, dados los datos de sobe mortalidad que se han registrado, no sólo como impacto de la Covid-19 , sino también por diabetes mellitus, obesidad y sobre peso, y ante todo, por accidentes, homicidios y suicidios.
A todo ello debe agregarse la pérdida de años de vida saludables, pues los efectos de las enfermedades crónico-degenerativas es mayor en la pérdida de capacidades de salud y buena vida para millones de personas; mientras que aún no se tiene claridad de cuáles serán los efectos de mediano y largo plazo en las personas que se han infectado una o más veces con el virus del SARS-COV-2 en cualquiera de sus variantes.
Esta información lleva nuevamente al señalamiento del sentido de urgencia con el que debemos actuar a fin de avanzar hacia un nuevo sistema de protección social de la salud y acceso universal a la seguridad social; pero también a la noción del carácter prioritario de reformular la visión y objetivos de la política social, la cual debe volcarse, no sólo a paliar los efectos de la pobreza, sino ante todo, a reducir drásticamente los niveles de enfermedad y muerte evitable, cuyas tendencias obedecen, no a otra cosa, sino al conjunto de determinantes sociales de la salud. En ello nos jugaremos la posibilidad de construir un nuevo Estado de Bienestar y con ello, la oportunidad de tener un país que garantice buena vida para todos sus habitantes.
