Una de las dimensiones sociales críticas respecto de las cuales la emergencia de la COVID mostró en toda su magnitud el nivel de vulnerabilidad en que están millones de personas, es el de la precariedad de millones de viviendas en el territorio nacional. En efecto, el confinamiento obligado reveló no sólo las duras condiciones de hacinamiento e insuficiencia de espacio, sino también la crítica deficiencia de servicios públicos, la mala calidad de los materiales de construcción, la infraestructura envejecida y las carencias y retos respecto del deterioro de los espacios en que las personas habitan.
De acuerdo con las estadísticas del INEI respecto del Día Nacional de la Vivienda, los habitantes de 3.1 millones de ellas reportaron dificultades para cubrir sus compromisos de pago de sus casas (cifra que representa el 8.9% del total nacional). En esas mismas estadísticas se muestra que el 9% de los 35 millones de viviendas habitadas que hay en el país, tienen cinco años o menos de haber sido construidas, lo cual indica que tenemos un gran número de construcciones en proceso de deterioro, pues según el dato más reciente del INEGI, el 25% de las viviendas tiene 31 años o más de construcción.
Es interesante observar que en México el 73.2% de las viviendas reportaron ser casas solas en un único terreno (tres de cada cuatro); el 18.1% comparte terreno con otras viviendas; el 5.6% son departamentos en edificios; 1.5% son casas dúplex; 1.1% son viviendas en vecindad o cuartos de azotea; mientras que el .2% son cuartos no construidos para habitación, vivienda o refugio.
El promedio de ocupantes de las viviendas es de 3.6 personas, dato que contrasta de manera relevante con el de 4.4 registrado en el año 2000. Asimismo, el Censo del año 2020 documentó que en el país hay 6.15 millones de viviendas deshabitadas y 2.5 millones de viviendas de uso temporal.
Frente a lo anterior, es de suma relevancia subrayar que, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Vivienda, 2020, presentada en 2022 por el INEGI, el 28.1% de las viviendas habitadas en el país tenía hasta 55 metros cuadrados de construcción; y si el promedio de ocupantes es de 3.6 personas por vivienda, entonces en estos casos el promedio de superficie habitable por persona es de 15.27 metros cuadrados. La mayoría de las viviendas tiene entre 56 y 100 metros cuadrados de construcción, es decir, en el mejor de los casos 36 metros cuadrados en promedio por persona, los cuales siguen siendo absolutamente inapropiados e insuficientes.
Todos los indicadores de que disponemos revelan condiciones inhumanas para la mayoría de las familias mexicanas, porque además de la disponibilidad de espacio y calidad de los materiales de las viviendas, se encuentran enormes carencias respecto del equipamiento de las mismas: millones de personas no tienen bóiler para calentar el agua; millones no disponen de lavadora, refrigerador, tinaco o cisterna, amén de las bajísimas coberturas de acceso a equipos como las computadoras o tecnologías como el internet.
La política de viviendas es uno de los principales componentes de una estrategia integral de desarrollo para el bienestar; y la estructura y características de las mismas constituyen uno de los principales indicadores de las profundas e injustas condiciones de desigualdad que se tienen en nuestro país, donde seguimos muy lejos de dar cumplimiento al mandato constitucional de garantiza runa vivienda digna y decorosa para cada hogar mexicano.
Hay que decirlo: las viviendas no son propiamente casas, es decir, no son espacios para la realización digna de la vida; en la mayoría de los casos son construcciones articuladas a través de cuartos de mala calidad, que ante los retos y riesgos del cambio climático, colocan a quienes las habitan en enormes condiciones de riesgo y vulnerabilidad, como queda demostrado cada que hay emergencias provocadas por eventos naturales que terminan convirtiéndose en desastres sociales.
Enfrentamos además el reto de adecuar a las viviendas a las condiciones que imponen tanto la transición demográfica como la epidemiológica, pues no tenemos una estrategia de construcción de vivienda con criterios integralmente sociales. Carecemos pues de adaptaciones planeadas para personas con alguna discapacidad o con dificultades de movilidad, o bien, para la seguridad e integridad de las personas adultas mayores, y particularmente, para las niñas y los niños.
Asimismo, la propia transición demográfica del país muestra que la edad mediana de la población sigue incrementándose, y que las tendencias de nupcialidad (matrimonios y divorcios) se han transformado radicalmente en los últimos 20 años, lo cual implica enormes presiones en la demanda de vivienda, tanto nueva para adquisición, como para renta, amén de los déficits de terrenos disponibles para la construcción o auto construcción.
A lo anterior se suman las prácticas depredadoras del suelo disponible, que en buena medida explican la inmensa cantidad de viviendas deshabitadas, pues millones de ellas se ubican en espacios territoriales que no contaban con las características necesarias para garantizar su viabilidad (transporte y servicios públicos, distancia respecto de los centros de trabajo y vida comunitaria, etc.), o bien se localizan en espacios con altos niveles de violencia o delincuencia.
A México le urge, como en otros rubros, una nueva política integral en la materia, que esté articulada y coordinada con todos los sectores con los que tiene alguna relación, a fin de avanzar hacia un país de auténtico bienestar; pues sin duda alguna, carecer de viviendas dignas para todas las personas impedirá hablar de un país justo, incluyente y generoso con todas y todos sus habitantes.
