CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Con un homenaje a las madres buscadoras que han sido asesinadas, al menos seis entre 2022 y lo que va de 2023, el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México (MNDM) alertó que a poco más de un año de que concluya la administración de Andrés Manuel López Obrador “son tantas las demandas y promesas incumplidas que no caben en un documento”.
Con motivo de la XII Marcha de la Dignidad Nacional: Madres Buscando a sus Familiares Desaparecidos, Buscando Verdad y la Justicia realizada este miércoles 10 de mayo que culminó en el Ángel de la Independencia, los colectivos que integran el MNDM recordaron que el 4 de febrero de 2019 el presidente López Obrador se comprometió a hacer “todo lo que humanamente sea posible para saber de los desaparecidos y ayudar a los familiares. No van a faltar recursos”.
La red, compuesta por 84 colectivos de 25 estados de la república y de tres países de Centroamérica resaltó que siguen sin cumplirse seis de 11 puntos del Plan de Implementación de la Ley General de Desaparición Forzada, entre ellos “el de lograr la coordinación de células de búsqueda en vida, la creación de una institución que coordine los servicios forenses de todo el país, y el otorgamiento de todos los recursos necesarios para atender la crisis de desapariciones”.
Alertaron que las mujeres buscadoras de sus familiares desaparecidos “no sólo hacen el trabajo que es responsabilidad del Estado, sino que arriesgan su vida todos los días, sin que las autoridades realicen acciones destinadas a garantizar su seguridad”, situación que ha derivado en que seis madres buscadoras hayan sido asesinaos entre el año pasado a la fecha.
Sobre las promesas y compromisos no cumplidos, el MNDM reclamó que a pesar de que el Estado mexicano aceptó las recomendaciones del Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU (CED), no se ha concretado “una estrategia de atención a las recomendaciones en materia de desaparición forzada”.
En materia de identificación forense, la agrupación reclamó la inexistencia de una “Política Nacional Forense adecuada que garantice la coordinación interinstitucional”, pues hasta el momento “la apuesta por la identificación forense con enfoque masivo carece de rumbo”.
Los colectivos acusaron que “el gobierno socavó la capacidad política y operativa del Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense (MEIF) y el Centro de Identificación Humana (CNIH) aún no construye un plan de trabajo”.
En materia de justicia, la situación es aún más lamentable, pues sólo hay 36 sentencias para un universo de más de 100 mil personas desaparecidas, de ahí que “las fiscalías y la Fiscalía General de la República (FGR) en particular, se mantienen como las grandes deudoras frente a las víctimas”.
Los familiares de desaparecidos señalaron que dichas instituciones “no judicializan casos y no cumplen con sus obligaciones básicas de conformar los registro con información forense para facilitar la búsqueda e identificación de personas desaparecidas”.
A insistir que a este gobierno le queda poco más de un año para concluir, llamaron al Estado en su conjunto para atender las demandas del MNDM y para “respetar el principio básico de participación efectiva de las familias” en las decisiones que tomen en los últimos meses de gobierno.
Los colectivos que integran el MNDM advirtieron que seguirán “tomando la calle y ocupando los espacios que sean necesarios para hacer valer nuestros derechos y reiteramos que, nada nos ha detenido, ni lo hará”.
