“Insistí entonces en que la democracia electoral
debía dejar de ser preocupación central del
debate político y causa de encono y división“
Es frecuente que López Obrador diga que ve “plan con maña” en las acciones y decisiones de los otros. Esta semana ha quedado claro que quien trae entre manos un “plan con maña” es él. Por si a alguien aún le quedaban dudas, el propio presidente de la república se ha encargado de clarificar que sus bien conocidos planes electorales “A”, “B” y “C” solo eran artificios que formaban parte de una estrategia política que tenía como única finalidad que Morena conserve el poder en las elecciones de 2024 a como dé lugar. Nunca fueron intentos genuinos por modernizar el sistema y las instituciones electorales del país.
Los planes electorales “A”, “B” y “C” de López Obrador siempre fueron un “plan con maña”. En su conferencia de prensa mañanera del pasado 27 de marzo, a propósito de la suspensión otorgada por el ministro Javier Laynez Potisek respecto del segundo decreto de su “Plan B”, el presidente dijo: “Ahora, hay un plan C, que no estén pensando que ya terminó todo” y, a pregunta expresa sobre cuál es ese plan C, añadió: “Pues que no se vote por el bloque conservador para que siga la transformación, ni un voto a los conservadores, sí a la transformación”. A confesión de parte, relevo de pruebas.
Afortunadamente las instituciones electorales cumplen su papel de garantes de la legalidad y de contrapeso al poder. Tres días después, la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral resolvió dos quejas presentadas por las declaraciones del presidente.
En su acuerdo, la Comisión consideró, por unanimidad, que estas son violatorias de lo que dispone el artículo 134 constitucional, porque “actualizan una evidente ilegalidad, al constituir un llamamiento expreso a no votar por una opción política, vulnerando el principio de imparcialidad al que están obligadas todas las personas servidoras públicas, lo que pudiera poner en riesgo los principios rectores de los procesos electorales en curso”.
Ante tal ilegalidad, la autoridad electoral concedió la medida cautelar solicitada por el PRD y ordenó al presidente López Obrador “eliminar de los archivos de audio, audiovisuales y/o versiones estenográficas de la conferencia matutina realizada el veintisiete de marzo del año en curso o modificar los referidos archivos a efecto de que sean suprimidas las manifestaciones” en las que llamó a no votar “por el bloque conservador” y a no dar “ni un voto a los conservadores”, pues ello pone en riesgo el principio de equidad en los procesos electorales de Coahuila y el Estado de México.
La evolución del sistema electoral y las reformas a las instituciones electorales en los últimos cinco lustros son prueba fehaciente de que no hay reforma electoral definitiva, como se pretendió, desde el gobierno del presidente Ernesto Zedillo Ponce de León, con la de 1996.
Pero lo que es un hecho es que, a partir de reformas cíclicas consensuadas entre todas las fuerzas políticas, hemos conseguido que en lo que va de este siglo las reglas y las instituciones de la democracia electoral ya no sean fuente de conflicto político y que se hayan producido tres alternancias en la presidencia de la república y cambios de partido gobernante en treinta de las treinta y dos entidades federativas del país, con un solo conflicto poselectoral importante: el de 2006. Es evidente que ha nada bueno nos llevaría destruir lo construido durante veinticinco años. Sin duda es necesario hacer ajustes al sistema electoral, pero hagámoslos con base en el consenso y en el momento oportuno.
Pero, al parecer, López Obrador tiene otros planes y con su estrategia está provocando incertidumbre y poniendo en riesgo los procesos electorales de 2024. Con sus planes electorales “A”, “B” y “C” el presidente ha pretendido cambiar las reglas de los procesos y tomar el control de las autoridades electorales para, como lo dijo el 27 de marzo pasado, impedir que las oposiciones puedan ganar la elección de 2024. Con el primero buscó reformar la Constitución; como esto no fue posible, con el segundo busca modificar 352 artículos de 6 leyes contraviniendo la Constitución y con el tercero intentó colocar en el Consejo General del INE, incluida su presidencia, a cuatro personas afines a Morena. Afortunadamente, hasta ahora, no ha tenido éxito.
Con el fracaso del “Plan A” y ante una altamente probable declaratoria de invalidez de la totalidad del “Plan B”, el presidente de la república pretendía, mediante el “Plan C”, contar con la presidencia del INE, y de ser posible con la mayoría en el Consejo General, para intentar cambiar las reglas de los procesos electorales sin reformar la Constitución y las leyes, lo cual evidentemente es inviable y contrario al principio de legalidad. Pero tampoco el “Plan C” original resultó como lo esperaba López Obrador, el proceso de designación de la presidenta y de una consejera y dos consejeros no le alcanzó para lograr su objetivo.
Parece claro que la presidencia y una consejería recayeron en personas que serían afines a Morena; pero para llegar a una conclusión informada sobre el resultado del proceso de elección de las y los consejeros del Consejo General del INE es muy importante considerar la opinión de la analista política y columnista Maite Azuela. Como integrante del Comité Técnico de Evaluación ella es una de las personas que mejor conoce cómo se desarrolló ese proceso y está calificada para emitir una opinión con objetividad, dado el destacado papel que jugó en el Comité al ser la única que emitió un voto particular en el que cuestionó los perfiles de seis de las y los veinte candidatos.
Unas horas después de la elección por insaculación, Maite Azuela escribió en Twitter: “La designación de estas 4 consejerías es un escenario equilibrado. Dos con perfil cercano al partido en el poder. 2 con perfil cercano a la ciudadanía”. En otro tuit abundó: “La independencia e imparcialidad debe ser la bandera de la nueva presidenta y las 10 consejeras y consejeros”. Es evidente que, como lo deja de manifiesto Azuela, no es una buena noticia que la presidenta y uno de los nuevos consejeros tengan “un perfil cercano” a Morena, pero sí lo es el que dos más tengan un perfil que apunte a mayores garantías de imparcialidad.
Lo importante es que, pese a su “Plan C” original, el presidente López Obrador no logró tomar el control del INE y que, a juzgar por los resultados de la elección de las y los cuatro consejeros, en la toma de decisión en el seno del Consejo General -para la que se requiere de mayorías que no estarán prefiguradas con la incorporación de sus nuevos integrantes- difícilmente habrá votaciones favorables a los intereses de Morena y al Presidente de la República.
Pero, como bien dice Maite Azuela, habrá que estar atentos al desempeño de las y los once consejeros. Los nombramientos del secretario ejecutivo y de las y los directores ejecutivos serán reveladoras al respecto y también la primera prueba de fuego para la presidencia y la nueva integración del Consejo General.
Por lo que hace a la batalla jurídica para invalidar el “Plan B”, las primeras resoluciones del Poder Judicial de la Federación son alentadoras porque siguen apuntando, como desde el principio, a que las impugnaciones contra el “Plan B” podrían llevar a un escenario en el que estas reformas sean invalidadas en su totalidad por las graves violaciones al proceso legislativo.
Hasta la fecha, en la Suprema Corte hay, por el primer decreto del “Plan B”, 6 acciones de inconstitucionalidad admitidas (del PAN, PRI, PRD y MC y de las minorías parlamentarias de diputados y senadores), 4 recursos de reclamación con motivo de estas (uno presentado por la presidencia de la república en contra de la suspensión que se estaría resolviendo el próximo 12 de abril en la Segunda Sala), 131 controversias constitucionales admitidas (una del INE y varias de institutos electorales locales, gobernadores, legislaturas de los estados, municipios y alcaldías de la Ciudad de México) y 89 recursos de reclamación relacionados con estas. Por el segundo decreto del “Plan B” hay 2 acciones de inconstitucionalidad admitidas (de MC y el PRD) y una controversia constitucional presentada por el INE.
Por lo pronto, los dos decretos del “Plan B” han sido suspendidos por los ministros Alberto Pérez Dayán y Javier Laynez Potisek, aunque el primero solo para las elecciones de Coahuila y el Estado de México. Además, se tiene noticia de suspensiones en diversos juicios de amparo promovidos por miembros del Servicio Profesional Electoral del INE.
En el Tribunal Electoral, la Sala Especializada resolvió que el primer decreto del “Plan B” es inaplicable a los procesos electorales de Coahuila y el Estado de México -y por las mismas razones lo sería para las elecciones de 2024- y la Sala Superior declaró, en sentencia firme, que el artículo décimo séptimo transitorio del segundo decreto del “Plan B” es inconstitucional, y en consecuencia inaplicable, porque viola el principio de igualdad ante la ley y la autonomía de las funciones del instituto.
Ante la derrota de su “Plan C” original habrá que estar atentos para ver cuál será el siguiente paso del presidente López Obrador y de Morena para pretender asegurar, a como dé lugar, su triunfo en 2024. ¿Cuáles podrían ser algunos de los escenarios más probables como respuesta del presidente López Obrador ante el fracaso de sus planes “A”, “B” y “C”? Habrá que ver a qué se refería cuando dijo “no estén pensando que ya terminó todo”, como respuesta al revés que le significó la suspensión del segundo decreto del “Plan B”.
¿Estarán valorando la idea de algunos morenistas, planteada hasta ahora sottovoce, en el sentido de que, si la Suprema Corte invalida en su totalidad del “Plan B”, se volverían a presentar las iniciativas para intentar que sean aprobadas en este periodo de sesiones sin los vicios de procedimiento que tiene esta reforma?
Esto solo podría suceder si la Suprema Corte resolviera todas las impugnaciones, que como vemos se cuentan por decenas, antes de la primera semana de junio, que es la fecha límite para realizar reformas electorales antes del inicio del proceso electoral de 2024. Lo cual se ve poco menos que imposible, además de que nada obliga a la Corte a que así sea. Si las sentencias se dictaran después del 30 de abril y antes de la primera semana de junio, sería aún más complicado que pudiera avanzar esta estrategia, porque se requeriría convocar a un periodo extraordinario de sesiones y Morena no cuenta con los votos suficientes en la Comisión Permanente para hacerlo. En todo caso, este escenario, muy poco probable, llevaría a nuevas impugnaciones ante la Suprema Corte y seguramente se invalidaría gran parte del contenido de la reforma.
¿Intentarán con la nueva integración del Consejo General del INE hacer cambios en las reglas y procedimientos electorales aún si el “Plan B” es invalidado por la Suprema Corte? Aunque existe suficiente evidencia de que en el Gobierno de la 4T son capaces de llevar al límite su desprecio por el Estado de Derecho, esta ruta es poco viable debido a que sería casi imposible que en los órganos de dirección del instituto se lograran las mayorías necesarias para aprobar propuestas contrarias a la Constitución y a la ley.
En todo caso, una temeridad así sería inviable jurídicamente pues todas las decisiones ilegales que se tomaran desde la presidencia, o desde cualquiera de los órganos del instituto, serían impugnadas y el Tribunal Electoral las invalidaría.
Para finalizar, es importante señalar que es incorrecta la idea, que circula en algunos medios, en el sentido de que la Suprema Corte tiene como límite para resolver las impugnaciones al “Plan B” hasta la primera semana de junio. Ese plazo solo aplica para la publicación de reformas legales en materia electoral que pretendan ser aplicadas en los procesos electorales de 2024, no para la resolución de las impugnaciones a dichas reformas.
Con la responsabilidad que siempre ha caracterizado a las y los integrantes de la Suprema Corte, podemos estar seguros de que resolverán antes del inicio del proceso electoral para no afectar la certeza en el desarrollo de este. Las sentencias podrían dictarse, con oportunidad y sin riesgo alguno para el proceso electoral, incluso en el mes de julio o a principios de agosto. Para muestra un botón: las impugnaciones de la última reforma electoral de gran calado, la de 2014, se resolvieron veintiocho días antes del inicio del proceso electoral de 2015, sin causar contratiempo alguno.
Ni qué decir de la pregunta hecha por el presidente de la república en la mañanera del 27 de marzo pasado. Preguntó el presidente López Obrador: ¿Cuándo se había visto que le rechazaran en la cámara, en el Poder Judicial, en la Suprema Corte una ley al presidente? Una somera revisión de la historia política de los últimos veinticinco años, y de los trabajos de la Suprema Corte durante ese periodo, ayudaría al presidente a superar su profundo desconocimiento de los procesos políticos y jurídicos que han hecho del control constitucional de las leyes y actos de autoridad una práctica cotidiana en nuestro país.
* Ernesto Zedillo Ponce de León fue presidente de México entre 1994 y 2000
