Por: Rogelio Muñiz Toledo
“La mayoría de los demás pecados de los políticos derivan de este pecado principal: la necesidad de ganar, pero también la necesidad de no perder”
–Barack Obama
El 2023 será un año en el que el objetivo de no perder la democracia debiera ser el eje de la actividad pública de la ciudadanía. Será muy importante impulsar la agenda ciudadana centrada en la defensa de la democracia constitucional y la reivindicación del Estado de derecho para no perder los avances en el proceso de democratización y para no permitir retrocesos en materia de derechos, libertades y contrapesos al poder político.
En contrapartida, la agenda partidista se centrará en mantener o ampliar sus espacios de poder y en lograr acuerdos para consolidar candidaturas competitivas para la elección presidencial y para los comicios en los que se renovarán los gobiernos de nueve entidades federativas en 2024. La clase política concentrará sus acciones en la lucha por el poder político. Las oposiciones, por la necesidad de ganar las elecciones para reconquistar el poder. Morena y sus aliados, por la necesidad de no perder la presidencia de la república, las mayorías en el Congreso de la Unión y las seis gubernaturas que conquistaron en 2018 y 2019.
En 2023 sus batallas se centrarán en las dos últimas contiendas estatales del ciclo electoral 2018-2023 -Coahuila y el Estado de México, últimos reductos del priismo y prueba de fuego de la alicaída coalición opositora para el 2024- y en prepararse para los comicios federales y locales del próximo año, en particular para la elección presidencial y para las nueve elecciones locales en las que se renovará el poder ejecutivo (Ciudad de México, Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz y Yucatán).
Foto: Cuartoscuro
En la agenda ciudadana destacan tres grandes temas: la defensa de la independencia del poder judicial y la batalla por salvaguardar a los organismos constitucionales autónomos de la tentación autoritaria del presidente de la república por desaparecerlos o debilitarlos; la resolución en la Suprema Corte de Justicia de la Nación de las controversias sobre la inconstitucionalidad de la legislación relativa a tres temas en los que está en juego la democracia constitucional, el Estado de derecho y las libertades y, finalmente, la posibilidad de construir candidaturas ciudadanas para los principales cargos de elección popular en disputa en 2024.
En el tema de la defensa del poder judicial ya se ha ganado la primera batalla del año. La presidencia de la Suprema Corte ha recaído por primera ocasión en una mujer, quien encabezará el poder judicial federal durante los próximos cuatro años: la ministra Norma Lucía Piña Hernández. Destacada jurista con una sólida carrera judicial, de convicciones liberales y con una agenda progresista en materia de derechos y que representa la garantía de que se defenderá la independencia del Poder Judicial de la Federación respecto del poder político.
Primer triunfo para la democracia constitucional en 2023 frente a las tentaciones autoritarias del presidente de la república. Falta la renovación de dos magistraturas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el último trimestre del año. Batalla trascendental para no perder la independencia de la autoridad encargada de dirimir en última instancia los conflictos en la materia y de la calificación de la elección presidencial.
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La estrategia del presidente López Obrador para debilitar a los organismos constitucionales autónomos se ha centrado en la presión por temas presupuestales y en la inacción en los procesos de nombramiento de las y los integrantes de sus máximos órganos de dirección para llevarlos al límite de la parálisis en la toma de decisiones. El presidente de la república los considera innecesarios y los ve como un obstáculo para su proyecto político. Para la ciudadanía significan un valladar frente a las tentaciones autoritarias. Son parte esencial de la democracia constitucional, su debilitamiento o desaparición sería un grave retroceso en la construcción de un auténtico Estado de derecho.
La renovación de cuatro consejerías del Instituto Nacional Electoral (INE) -incluida la presidencia de su Consejo General- podría marcar el destino de los procesos electorales federal y locales de 2024. El proceso para nombrar a las y los nuevos consejeros -iniciado en forma precipitada a instancias de Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados- no ha empezado del todo bien. El tribunal electoral ha revocado la convocatoria y ha habido controversias por la integración del comité técnico de evaluación para la elección de las y los consejeros. Habrá que estar atentos para no permitir el asalto al Consejo General del INE por parte del Gobierno de la llamada 4T y de Morena, como parte de su “Plan B” para controlar a la autoridad electoral de cara a las elecciones del próximo año.
Será necesario seguir insistiendo en que el presidente de la república y el poder legislativo federal cumplan con sus obligaciones constitucionales para garantizar la debida integración de otros organismos constitucionales autónomos: el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el Instituto Federal de Telecomunicaciones -ambos en riesgo de parálisis si no se nombra a sus integrantes faltantes- y la Comisión Federal de Competencia Económica. En este último caso fue necesaria la intervención de la Suprema Corte para que el titular del poder ejecutivo federal cumpliera con sus obligaciones constitucionales en el proceso de integración del Pleno de la Comisión.
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El tercer eje de la agenda ciudadana en defensa de la democracia constitucional es el seguimiento a las resoluciones de la Suprema Corte sobre la inconstitucionalidad de las reformas a la legislación electoral, de la legislación con la que se pretende consolidar la militarización de la seguridad pública y de la prisión preventiva oficiosa ante la inminente condena al Estado mexicano por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Finalmente, en materia político electoral habrá que estar atentos a dos temas: las definiciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sobre los evidentes actos anticipados de precampaña de los aspirantes presidenciales y la construcción de las candidaturas opositoras y ciudadanas para el 2024. Para la ciudadanía debiera imperar la necesidad de no perder las reglas y los valores de la democracia, de preservar el Estado de derecho, la división de poderes y los contrapesos al poder político y de salvaguardar la protección de los derechos humanos, la defensa de las libertades y las garantías para el ejercicio de los derechos sociales.
