Por Rogelio Muñiz Toledo
“Los derechos sin garantías carecen de eficacia”
Para Claudia Sheinbaum el eslogan “la Ciudad de México es una Ciudad de Derechos” es solo una expresión utilizada como propaganda para respaldar sus aspiraciones políticas. La Ciudad de México es una ciudad de derechos porque por decisión de su Asamblea Constituyente es la entidad federativa con la mayor cantidad de derechos reconocidos constitucionalmente en el país, no por mérito de la Jefa de Gobierno; todo lo contrario, durante su administración Claudia Sheinbaum se ha encargado de posponer el ejercicio efectivo de la mayoría de esos derechos y ha aplazado para el próximo sexenio la implementación de las garantías que les darían eficacia.
La Ciudad de México es una ciudad de derechos porque así lo estableció su Asamblea Constituyente, pero la administración de Claudia Sheinbaum ha hecho que se convierta en una ciudad de derechos sin garantías para su ejercicio, goce y protección. Sheinbaum se ha convertido en el dique que ha impedido que la Ciudad de México sea la ciudad garantista que establecieron las y los constituyentes de 2016-17.
La existencia de una Carta de Derechos con un amplio catálogo de derechos sociales se debe al trabajo de las y los constituyentes de la Ciudad de México que elaboraron y aprobaron una Constitución en la que la dignidad humana es el principio rector supremo y sustento de los derechos humanos.
Con la reforma constitucional en materia de Reforma Política de la Ciudad de México de 2016 se estableció en el artículo 122 de la Constitución federal que la Constitución Política de la Ciudad de México establecería las normas y las garantías para el goce y la protección de los derechos humanos. Las y los diputados a la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México cumplieron a cabalidad con ese mandato constitucional y no solo aprobaron una amplia Carta de Derechos para la Ciudad de México, sino que establecieron las garantías para su ejercicio y el mandato para que las autoridades las implementaran.
Este mandato ha sido incumplido en forma contumaz por la Jefa de Gobierno y por el Congreso de la Ciudad de México. Con sus omisiones no solo han violado sistemáticamente el mandato de la Constitución local y sus principios rectores, además han impedido que la Ciudad de México sea la ciudad garantista que estableció la Asamblea Constituyente.
Con el apoyo de la mayoría parlamentaria de Morena en el Congreso de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum logró que se reformaran diversos artículos transitorios de la Constitución local para aplazar la implementación de las garantías para el ejercicio de muchos de los derechos reconocidos en ella y posponer la implementación de los sistemas de derechos humanos y de planeación de la Ciudad de México.
En muchos otros casos ni siquiera se han tomado la molestia de dar apariencia de constitucionalidad a su decisión de aplazar el ejercicio de los derechos; la mayoría parlamentaria de Morena en el Congreso de la Ciudad de México y la administración de Claudia Sheinbaum simplemente han sido omisas en el establecimiento de las garantías que darían eficacia a esos derechos o en la implementación de los sistemas, políticas o programas que permitirían su ejercicio efectivo, con graves consecuencias para el bienestar de millones de personas que habitan en la Ciudad de México.
En lugar de gobernar cumpliendo y haciendo cumplir el texto constitucional y garantizando el ejercicio de los derechos, el desdén de Claudia Sheinbaum a la Constitución de la Ciudad de México y su decisión de administrar la Ciudad a la sombra del Gobierno Federal y bajo una inercia ajena a los mandatos de la Constitución local que la lleve sin contratiempos al 2024, la ha acercado más a la añeja y obsoleta figura de las regencias del siglo pasado que a ejercer el gobierno democrático de una entidad federativa autónoma en el marco del pacto federal. Con esta decisión ha atentado en contra de la progresividad y la efectividad de los derechos, en perjuicio de las y los habitantes de la Ciudad de México.
Habrá que construir la vía para que a partir de 2024 la Ciudad de México tenga una o un Jefe de Gobierno que rescate a la Constitución local del secuestro en que la tiene la administración de Claudia Sheinbaum y restituya a sus habitantes en el goce y ejercicio de sus derechos.
Las consecuencias negativas de esta decisión política de Claudia Sheinbaum están a la vista. Con datos de su Cuarto Informe es posible evidenciar no solo los magros resultados de su administración sino las graves afectaciones a la vida de millones de personas que habitan en la Ciudad de México. Los datos de 2020 sobre pobreza y sobre acceso al ingreso, a la alimentación, a la salud y a la vivienda, comparados con los de 2015 como se presentan en el anexo estadístico del informe, no dejan lugar a dudas. Si consideramos la ineficaz política social implementada por la administración de Sheinbaum para hacer frente a las consecuencias económicas de la pandemia, seguramente los datos actualizados a 2022 mostrarán un peor escenario en materia de bienestar social.
En 2020 había en la Ciudad de México cerca de 3 millones de personas en situación de pobreza, medio millón más que en 2015. De ellas, más de 400 mil vivían en pobreza extrema, el número se cuadruplicó entre 2015 y 2020. Más de la tercera parte de la población era pobre y una de cada veinte personas vivía en pobreza extrema. Más de 800 mil personas -una de cada diez- vivían en vulnerabilidad por ingreso; 80 mil más que en 2015 y casi 400 mil más que en 2010.
En 2020 había 600 mil personas más que en 2015 que carecían de acceso a los servicios de salud; esto significa que poco más de la cuarta parte de la población total tenía esta carencia, cerca de dos millones y medio de personas. Los servicios médicos tienen niveles inferiores a 2017. En cuatro años solo se han construido cinco unidades de salud nuevas, con una inversión de menos de mil millones de pesos. En los veintiocho principales proyectos de inversión de esta administración no hay ninguno en materia de servicios de salud.
Más de 4 millones de personas -cerca del 50 por ciento de la población- carecían de acceso a la seguridad social, casi 100 mil más que en 2015. Una de cada veinte personas habitaba en una vivienda con carencias por calidad y espacio -12 mil personas más que en 2015- y 115 mil personas más que en 2015 no tenían acceso a los servicios básicos en su vivienda.
Uno de cada seis habitantes carecía de acceso a la alimentación suficiente y de calidad, medio millón más que en 2015; lo que significa regresar a los niveles de 2010. La población con tres o más carencias sociales aumentó en más de 400 mil personas respecto de 2015 y se aproximó a los niveles de 2010. El número de personas con al menos una carencia social aumentó en más de 200 mil en relación con 2015, seis de cada diez habitantes se encontraban en esta situación; es decir, más de 5 millones de personas. La población que vivía por debajo de la línea de pobreza por ingresos aumentó en 600 mil personas respecto de 2015 y se aproximó a los 4 millones. La población que vivía por debajo de la línea de pobreza extrema por ingresos se duplicó entre 2015 y 2020 y se aproximó al millón y medio.
La ineficaz política de vivienda de la actual administración también se evidencia con sus propios datos. Hasta 2021 el instituto de vivienda local solo otorgó 3,724 acciones de financiamiento para vivienda nueva (solo poco más de 800 millones de pesos). Entre 2019 y julio de 2022 solo se entregaron poco más de seis mil viviendas nuevas.
En materia de seguridad los datos tampoco son para presumir, aunque Claudia Sheinbaum lo haga todos los días. De la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del INEGI correspondiente al segundo trimestre de 2022, en la que se miden percepciones y experiencias sobre seguridad pública en zonas urbanas, se desprenden datos poco alentadores.
A junio de 2022 en 13 de las 16 demarcaciones territoriales de la Ciudad de México más del 50% de la ciudadanía se sentía insegura y en 8 de ellas la percepción de inseguridad es cercana o superior al 70%. En 13 demarcaciones, más del 70% se siente inseguro en un cajero automático localizado en la vía pública y alrededor del 80% se siente inseguro en el transporte público. En 8 demarcaciones, más del 60% siente inseguridad en un banco. En 13 demarcaciones, más del 50% considera que la delincuencia seguirá igual de mal o empeorará en los próximos 12 meses y en 8 de ellas, el 60% o más piensa lo mismo.
Pero no solo es la percepción de inseguridad. En 13 demarcaciones territoriales, más del 50% de la ciudadanía presenció o escuchó sobre robos o asaltos en los alrededores de su vivienda. En 8 demarcaciones, el 50% o más presenció o escuchó sobre vandalismo en los alrededores de su vivienda. En 13 demarcaciones, más del 50% cambió sus hábitos de llevar cosas de valor. En 9 demarcaciones, más del 50% cambió el hábito de caminar de noche en alrededores de su vivienda y de permitir que menores salieran solos de ella.
La decisión de Claudia Sheinbaum de posponer la implementación de las garantías para el ejercicio de derechos sociales -como los derechos al cuidado, a la alimentación y la nutrición, a la salud, a la vivienda y al mínimo vital, entre otros, y los mecanismos para hacerlos efectivos- y el aplazamiento del ejercicio efectivo de los derechos a la buena administración pública, al desarrollo sustentable, a la seguridad y a la prevención de las violencias y del delito, así como la falta de implementación de políticas eficaces para los grupos de atención prioritaria y de las políticas social y económica orientadas al bienestar social que establece la Constitución, han impedido hacer efectivos el derecho a la Ciudad y a una vida digna que debieron estar en el centro de su administración.
* Fue director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM e integrante
del Grupo Redactor del Proyecto de Constitución Política de la Ciudad de México
