“Las cualidades fundamentales de un buen magistrado
tienen que ser la ciencia y la honradez”.
Paulino Machorro y Narváez *
Por primera ocasión una mujer preside la Suprema Corte de Justicia de la Nación: la ministra Norma Lucía Piña Hernández. Jurista con una destacada carrera de más de tres décadas en el Poder Judicial de la Federación, la presidenta de la Suprema Corte cumple cabalmente con las cualidades a las que se refirió el diputado Paulino Machorro y Narváez en el Congreso Constituyente de 1916-1917: ciencia y honradez. Gran noticia para la Corte y para el país.
Como bien dijo la ministra Piña Hernández al rendir protesta como presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, esta determinación de la mayoría de las y los integrantes de la Corte rompió “lo que parecía un inaccesible techo de cristal” y es parte de los “cambios que poco a poco arrinconan nuestra cultura patriarcal”.
La legitimidad de las resoluciones de la Suprema Corte es fundamental para la estabilidad de la democracia constitucional y para la consolidación del Estado de derecho. La independencia del poder judicial respecto del poder político es una de las garantías fundamentales de esa legitimidad.
La elección de una ministra con una sólida carrera judicial será una importante fuente de legitimidad para la Corte en tiempos de nubarrones que presagian tormentas que podrían poner en riesgo la independencia del Poder Judicial de la Federación. Los votos de la mayoría hicieron posible un giro positivo en un proceso electivo que se había tornado altamente problemático y potencialmente dañino para la credibilidad del poder judicial
El resultado de esta elección es un poderoso dique a la antidemocrática estrategia del presidente de la República con la que durante todo su mandato ha buscado ejercer un control político sobre la Suprema Corte. A pesar del contexto político en el que se produjo fue posible que se construyera una mayoría para que la presidencia recayera en una jueza constitucional con carrera judicial, liberal, de convicciones progresistas firmes y con probada honestidad intelectual.
Ante a los constantes mensajes intimidatorios que desde el poder político se dirigen a los juzgadores cuyas sentencias son vistas desde el ejecutivo federal como un desafío al poder presidencial, la elección de una ministra con carrera judicial es una señal de aliento para la judicatura federal. Es también un muro de contención a la pretensión autoritaria del presidente López Obrador de dictar desde Palacio Nacional el sentido de las resoluciones judiciales en asuntos de interés para su gobierno.
El desenlace de esta elección es también el cierre de la pinza en el proceso de defensa de la independencia de la Suprema Corte frente al poder político. Proceso que inició con el freno a la pretensión de ampliar el periodo de la presidencia del ministro Arturo Zaldívar para empatarlo con la conclusión del gobierno del presidente López Obrador. Esta pretensión felizmente fallida, que era un claro intento de intromisión de los poderes legislativo y ejecutivo en las decisiones del judicial, fue concebida e impulsada desde la presidencia de la República, operada en el poder legislativo en uno de los muchos pasajes ominosos del parlamentarismo mexicano en tiempos de la llamada Cuarta Transformación e infortunadamente consentida tácitamente, por largo tiempo, por el destinatario de ella.
Con la elección de la ministra Piña Hernández termina también un periodo en el que la presidencia de la Suprema Corte fue considerada desde Palacio Nacional como una aliada del proyecto político del presidente de la República. El que no avanzaran las dos candidaturas impulsadas desde las altas esferas del poder significa también un freno a la pretensión del presidente de la República por contar con un bloque sólido de ministras y ministros que defiendan su proyecto político.
Con el resultado de esta elección se refrenda la confianza en la independencia de la Suprema Corte frente al poder político. Significa también el final del proyecto fallido del presidente López Obrador -reconocido expresamente por él- de contar con cuatro ministras o ministros de la Suprema Corte que, según sus palabras, “defiendan el proyecto de transformación”. Apuesta presidencial que refleja el desprecio del titular del poder ejecutivo por la división de poderes, la independencia judicial y la democracia constitucional.
El presidente López Obrador ha reconocido expresamente que ese proyecto era parte de su estrategia de gobierno. Con sus dichos y sus hechos el presidente de la República ha dejado en claro que, como lo ha sostenido en varias ocasiones y como lo refrendó a propósito de esta elección de la presidencia de la Suprema Corte, desde el inicio de su gobierno se propuso contar con cuatro ministras o ministros afines a él para apoyar su proyecto político de transformación.
Con este intento de intromisión en la Suprema Corte, el presidente de la república fue más allá de lo que podría considerarse como parte de la realpolitik. Con la integración que tenía la Suprema Corte al inicio de su gobierno, al presidente López Obrador le habría correspondido intervenir en la designación de tres de sus integrantes. La hasta ahora inexplicada renuncia del ministro Medina Mora abrió la puerta para que fueran cuatro las y los propuestos por él, lo cual se consumó a la mitad de su gobierno.
El presidente de la República ha aceptado en varias ocasiones que la pretensión de contar con cuatro ministras o ministros que impidieran que la Suprema Corte invalidara las normas contrarias a la Constitución que se aprobaran durante su gobierno, era parte de la estrategia para llevar a cabo su llamada Cuarta Transformación. Propósito no solo antidemocrático sino ajeno a la lógica del mecanismo constitucional para la integración de la Suprema Corte, en el que debe imperar el objetivo de designar a personas comprometidas con la defensa de la Constitución y no “alfiles” para la defensa del proyecto político del presidente de la República que los propuso.
En un desplante de absoluta sinceridad, con una cierta dosis de cinismo y con un aire de profunda decepción, el presidente López Obrador ha aceptado que su antidemocrática pretensión de controlar las decisiones de la Suprema Corte, basado en el hecho de contar con cuatro ministras o ministros incondicionales a su proyecto político, fracasó porque, dijo el presidente: “de los cuatro que propuse, dos nos dieron la espalda”.
Esto ha dejado al descubierto no solo la pretensión del presidente de la República de controlar las decisiones de la Suprema Corte para impulsar su llamada Cuarta Transformación, sino el de gobernar al margen del Estado de derecho y de la legalidad, e incluso contraviniendo la Constitución cuando lo considerara necesario, apostando a que contaría con los votos suficientes para impedir que la Corte invalidara las normas inconstitucionales que su gobierno impulsara para lograr sus objetivos políticos.
Este proceso de elección de la presidencia de la Suprema Corte marca el final de la intentona del presidente de la República de contar con un bloque de ministras y ministros leales a su proyecto político y dispuestos a impedir las declaratorias de invalidez de normas inconstitucionales. En las próximas semanas podremos constatar si el presidente López Obrador ha fracasado en su intento por frenar la función de control constitucional de la Suprema Corte. La revisión de la constitucionalidad de la reforma electoral será un importante parámetro para ello.
Lo que es un hecho es que el presidente López Obrador ya no contará con una presidencia de la Corte afín a su proyecto político y que, como él mismo lo ha reconocido, para el final de su gobierno no contará con más de dos integrantes de la Corte “leales” a su proyecto político.
La trayectoria de la ministra Piña Hernández garantiza una presidencia de la Corte sin filias ni fobias con el proyecto político de la llamada Cuarta Transformación. En lo que queda de su gobierno, el presidente de la República ya no podrá modificar a su favor la correlación de fuerzas al interior de la Corte. Todo indica que en lo que resta de su gobierno el presidente López Obrador ya no contaría con nuevas ministras o ministros afines a él. A reserva de ver cuál será el desenlace del affaire de la ministra Yasmín Esquivel Mossa, de intervenir en la designación de otra integrante de la Corte lo haría en un caso que no cambiaría a su favor la aritmética de su bloque de ministras o ministros “leales”.
* Jurista mexicano. Fue diputado al Congreso Constituyente de 1916-1917 por el estado de Jalisco y ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
