Tareck el Aissami, otrora uno de los más poderosos hombres del régimen venezolano, cayó en desgracia: el exministro del Petróleo y sus más cercanos colaboradores (con quienes consolidó una red de empresas operadas por familiares, amigos y aliados políticos) son objeto de una purga llevada adelante por el presidente Maduro, con lo cual se hace evidente la peor crisis en la historia del chavismo. En medio de una debacle financiera (con la inflación desbocada) sin precedente, el mandatario de Venezuela sólo ha dicho que se trata de combatir a las “mafias de corrupción que se han enquistado en importantes sectores del aparato económico”.
BOGOTÁ (Proceso).- Nunca durante los 24 años de chavismo en Venezuela se había presentado una purga dentro del régimen como la que hoy lleva a cabo el presidente Nicolás Maduro contra uno de los grupos de mayor influencia en la cúpula gobernante: el que encabeza el defenestrado ministro del Petróleo, Tareck el Aissami, considerado hasta hace unos días uno de los hombres más poderosos del país.
La magnitud de la purga es tal, que hasta el viernes 14 habían sido detenidos cerca de un centenar de allegados a El Aissami. Entre ellos hay funcionarios de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) y de la Superintendencia de Criptoactivos, empresarios, militares, jueces y políticos.
Además, el gobierno ha confiscado decenas de propiedades y bienes entre los que se encuentran mansiones, edificios, oficinas empresariales y centros comerciales de familiares y aliados de El Aissami, así como “granjas” de criptomonedas, que generan activos digitales usados por el gobierno y funcionarios venezolanos para lavar dinero y eludir las sanciones económicas que mantienen Estados Unidos y la Unión Europea contra el régimen.
En Venezuela no existe antecedente de una batida de esta naturaleza por un caso de corrupción o por un ajuste político de cuentas.
El Aissami, uno de los chavistas con mayor fortuna y más cuotas de poder en el aparato público de Venezuela, se ha limitado a anunciar en un tuit su “renuncia” como ministro del Petróleo, pero nadie sabe si está detenido, si salió del país o si es interrogado por oficiales de organismos de seguridad en el Fuerte Tiuna, principal centro militar venezolano.
En medio de las diferentes versiones, Maduro se ha limitado a decir que el exministro y exgobernador del estado Aragua está dispuesto a “cooperar en todas las investigaciones” para “desmembrar” a las “mafias de corrupción que se han enquistado en importantes sectores del aparato económico”, en especial en PDVSA, la principal fuente de divisas en un país con la economía colapsada.
John Magdaleno, politólogo de la Universidad Central de Venezuela, dice sin embargo que éste no es un asunto judicial de lucha contra la corrupción, como lo ha presentado el gobierno, sino que refleja “una disputa política, de poder”, dentro de la coalición dominante.
Ante la opacidad y hermetismo con que el régimen ha manejado el caso, esa es “la hipótesis más verosímil”, asegura, y afirma que las detenciones masivas, las confiscaciones de propiedades y los montos del desfalco –al menos 3 mil millones de dólares, según fuentes del oficialismo– revelan que se trata de una “pugna de mucha profundidad” en el chavismo.
El Aissami, señala Magdaleno, encabeza uno de los grupos de poder del chavismo, y el control sobre la industria petrolera que había tenido en los últimos años lo fortaleció ante otras facciones, como la del diputado Diosdado Cabello; la del ministro de Defensa, general Vladimir Padrino; la de los hermanos Delcy y Jorge Rodríguez –ella es vicepresidenta y él preside la Asamblea Nacional– y la del propio Maduro y su esposa, Cilia Flores.
Magdaleno, también director de la Consultora Polity, indica que la coyuntura política venezolana está marcada por las elecciones presidenciales programadas para el próximo año, en las que Maduro aspira a presentarse a una nueva reelección.
La oposición considera que Maduro sería un candidato con todas las ventajas por la disposición de dinero público para hacer campaña y porque tiene el control de todos los poderes del Estado, pero al mismo tiempo el presidente es altamente impopular (sólo la cuarta parte de la población lo respalda) y su gestión es muy mal evaluada por ocho de cada diez venezolanos.
Además el país vive un nuevo proceso inflacionario en el que los precios han aumentado 67.7% en el primer trimestre. El FMI proyecta que la inflación llegará a 400% este año, lo doble del anterior, lo que aniquila los ingresos de los trabajadores. El salario mínimo equivale apenas a cinco dólares mensuales y la canasta alimentaria para una familia de cuatro personas cuesta 500 dólares, 100 veces más.
La inconformidad social y la impopularidad de Maduro han llevado a varios analistas políticos a plantear que la purga contra el grupo de El Aissami está relacionada con las eventuales aspiraciones presidenciales del exministro o de otro de los hombres fuertes del chavismo que él estaría apoyando.
“Es inevitable pensar que el asunto de El Aissami está vinculado con una crisis de sucesión presidencial”, señala Magdaleno, profesor del Instituto de Estudios Superiores de Administración y del Programa de Estudios Avanzados en Análisis Político de la Universidad Católica Andrés Bello.
Los manejos turbios
El Aissami, abogado y criminólogo de 48 años, destacó en las filas del chavismo desde 2008, cuando fue designado por el entonces presidente Hugo Chávez ministro del Interior tras desempeñarse como diputado. Entre 2012 y 2017 fue gobernador del estado Aragua, donde consolidó una red de empresas operadas por familiares, amigos y aliados políticos.
En 2017 Maduro lo designó vicepresidente de Venezuela, y ese mismo año Estados Unidos emitió una orden de captura internacional contra él por cargos de narcotráfico. Lo acusó de ser propietario de múltiples cargamentos de cocaína que salían en aviones y en lanchas desde bases venezolanas con destino a México y a territorio estadunidense.
Maduro cerró filas con El Aissami y en abril de 2020, en medio de la pandemia de covid-19 y de una severa crisis de la industria petrolera por la falta de inversión y por las sanciones impuestas por Washington tras las cuestionadas elecciones presidenciales de 2018, el mandatario lo nombró ministro del Petróleo con la encomienda de aumentar la producción de crudo, que había caído a 796 mil barriles diarios en 2019, la menor cifra en 60 años.
El Aissami colocó a funcionarios de toda confianza en la estatal PDVSA y a su brazo derecho, el hoy detenido Joselit Ramírez, lo puso como superintendente nacional de Criptoactivos, un cargo clave pues esos activos son la mejor vía para eludir el cerco que levantó Estados Unidos a las transacciones petroleras venezolanas desde 2019, cuando desconoció a Maduro como presidente legítimo.
Exdirector de PDVSA, José Toro Hardy dice que el “proceso de destrucción masiva” de esa empresa estatal, que producía 3.1 millones de barriles diarios en 1998, el año previo a la llegada de Hugo Chávez al poder, se agudizó cuando El Aissami asumió como ministerio del Petróleo.
“Esto coincidió –afirma el economista– con las sanciones que Estados Unidos le aplicó a Venezuela y entonces comenzamos a ver que el petróleo se sacaba a través de empresas desconocidas, de papel, que utilizaban barcos tanqueros que apagaban los aparatos de geolocalización para pasar desapercibidos, y que acordaban pagos en criptomonedas o en efectivo para eludir el sistema financiero. Esto acabó con todo tipo de control interno”.
El desorden y la opacidad llegaron a tal grado que, de acuerdo con Toro Hardy, en estos momentos, esas empresas fantasma creadas por particulares cercanos al grupo de El Aissami y a otros funcionarios del régimen adeudan a PDVSA unos 22 mil millones de dólares en cargamentos de crudo que comercializaron mediante intrincadas triangulaciones internacionales.
“Esas son cuentas prácticamente imposibles de cobrar porque es muy difícil seguirles la pista a esos embarques de petróleo”, señala.
Lo más grave es que, además, hay al menos 3 mil millones de dólares que “se esfumaron, que no aparecen” y que se habrían lavado con criptomonedas y transacciones en efectivo, indica Toro Hardy.
Ese sería el monto mínimo del desfalco que atribuye el gobierno de Maduro al grupo de El Aissami, aunque el diputado oficialista Hermann Escarrá dijo que la cifra del fraude a PDVSA podría llegar a los 8 mil millones o a los 12 mil millones de dólares, aunque después aseguró que esa declaración “se convirtió en una distorsión informativa”.
Pero incluso cuando el desfalco fuera de 3 mil millones de dólares, se trata de un monto muy significativo para el régimen, y si a ese dinero se le suman los 22 mil millones de dólares de facturas petroleras virtualmente incobrables, el caso luce como un desastre financiero.
Se trata de 25 mil millones de dólares que se esfumaron de las cuentas nacionales por la corrupción y la caótica gestión del grupo de El Aissami.
Problema político
Las detenciones producto de la purga chavista incluyen al coronel Antonio Pérez Suárez, vicepresidente de Comercio y Suministros de PDVSA, y al teniente coronel José Agustín Ramos, director de Seguridad de la Faja Petrolífera del Orinoco.
Toro Hardy señala que ese hoyo financiero se convirtió en un problema político para Maduro, porque el presidente contaba con esos recursos para enfrentar el proceso electoral de 2024 y para controlar el proceso inflacionario mediante una inyección masiva de dólares a la economía a fin de mantener a raya el tipo de cambio frente al dólar.
Lo que ocurre, asegura, es que la purga toca los intereses de un grupo político y económico muy poderoso, que encabeza El Aissami, y esto pudiera generar efectos no sólo a nivel interno, sino externo.
El exministro, quien pertenece a una familia de origen sirio-libanés, tiene una relación privilegiada con Irán, un aliado clave de Venezuela, con grandes empresarios del mundo árabe que tienen negocios en el país, y con dirigentes de los grupos extremistas islámicos como Hamas y Hezbolá.
“Él representaba intereses muy poderosos, al interior y hacia afuera del régimen. Hay una influencia muy grande del mundo árabe en Venezuela y El Aissami está muy ligado a ellos”, dice Toro Hardy.
El exdirector de PDVSA y autor del libro Venezuela y el Petróleo del Isla explica que la purga contra el grupo del exministro contaría con el apoyo de dos facciones de gran peso en el chavismo, la de Diosdado Cabello y la de los hermanos Delcy y Jorge Rodríguez.
Para el economista y dirigente del partido opositor Primero Justicia, José Guerra, el desfalco a PDVSA no es el caso de corrupción más grande que haya existido en Venezuela, pero sí el de mayor trascendencia política por el perfil de los personajes involucrados.
Guerra estima que entre 2003 y 2017 los fraudes en la Comisión Nacional de Administración de Divisas habrían superado los 50 mil millones de dólares, mientras que en 2009 se esfumaron unos 15 mil millones de dólares provenientes de una línea de crédito para enfrentar la crisis de energía eléctrica, que ha empeorado desde entonces.
Pero esos casos nunca se investigaron, lo que revela que la justicia que aplica el chavismo “es selectiva” y tiene motivaciones políticas, considera el economista, quien dice que es muy difícil que el exministro del Petróleo acabe procesado pues “sabe demasiado” sobre los manejos turbios del régimen.
John Magdaleno dice que, de acuerdo con estudios del Instituto V-Dem de la Universidad de Gotemburgo, Suecia, después de la Segunda Guerra Mundial se presentaron 120 casos de democratización en el mundo.
Un grupo de académicos venezolanos, entre los que está Magdaleno, ha estudiado 104, de los cuales 83 han sido éxitos por un encadenamiento de factores en los que el elemento principal ha sido una fractura de la coalición dominante.
“Hasta ahora –señala–, el régimen autoritario venezolano ha tenido una gran resiliencia que le ha permitido mantenerse en el poder a pesar de las crisis que ha enfrentado. Esto ha sido posible por el alto nivel de coordinación estratégica que han tenido los factores de poder (del chavismo), pero este escándalo de corrupción (del grupo de El Aissami) nos indica que hay una amenaza de fractura interna fraguada por ellos mismos”.
De acuerdo con Magdaleno, ante un escenario de ese tipo la oposición tiene la responsabilidad de construir un movimiento social de carácter masivo, que vaya más allá de las coaliciones de partidos y que aglutine a los diversos grupos inconformes con la situación del país.
