No hay mayor tiranía que la que se ejerce bajo el escudo de la ley y en nombre de la justicia. (Montesquieu)
Iniciado el quinto año del gobierno de Andrés Manuel López Obrador contamos con elementos suficientes para evaluar los resultados de la llamada cuarta transformación, así como para identificar las características del nuevo régimen y de quien lo preside.
Hurgando en el baúl de las promesas presidenciales incumplidas, encontramos que los cuatro principales compromisos contraídos por López Obrador al inicio de su gestión -recuperar la paz y la seguridad pública, lograr un crecimiento económico del 4% anual, disminuir la pobreza y la desigualdad, así como abatir la corrupción- no se han traducido en resultados positivos ni en políticas públicas racionalmente planeadas y operadas en beneficio de la nación.
Por el contrario, en dichas áreas al igual que en otros sectores prioritarios como salud educación, procuración de justicia, Estado de derecho y fortalecimiento de la democracia, se han registrado graves retrocesos. Los fracasos administrativos son tan evidentes como el deterioro político.
A la regresión autoritaria que amenaza la supervivencia del INE y la democracia mexicana se agrega un elemento perturbador: el irrefrenable empoderamiento de las Fuerzas Armadas. A lo largo de los primeros dos tercios del sexenio se ha confirmado la gestación de una autocracia militarizada.
Este texto es un breve recuento de daños, síntesis de una investigación en proceso.
Lo fallido
La paz nunca llegó. México es el cuarto país con mayor tasa de criminalidad del mundo y el segundo del continente americano. (Informe de la Iniciativa Global Contra el Crimen Organizado Transnacional, 2022). El año pasado se registraron 30 mil 968 homicidios dolosos en el país, 85 diarios; suman 140 mil en lo que va del sexenio.
Durante este gobierno se han contabilizado cerca de 32 mil personas desaparecidas. 64.2 % de la población de 18 años y más considera que es inseguro vivir en su ciudad (INEGI, enero 2023). Lo de “cero impunidad y cero corrupción” tiene cero veracidad.
El crimen organizado está infiltrado en los tres niveles de gobierno y tiene injerencia en los procesos electorales. La militarización de la seguridad pública a través de la Guardia Nacional no ha resuelto el problema. A la sombra de un narcoestado encubierto, los abrazos conviven fraternalmente con los balazos.
La promesa presidencial de tener un crecimiento económico de 4% anual se tradujo en estancamiento, no sólo a causa de la pandemia. El PIB recuperó el nivel previo al covid a fines de 2022, pero lo hizo al ritmo más lento de América Latina y su perspectiva de crecimiento es la peor de la región. (Banco Mundial, Perspectivas Económicas Globales, enero 2023).
El crecimiento promedio del sexenio será entre cero y 1%, el peor desde los años 80. El PIB per capita está a niveles de 2014, ¡8 años de retroceso! (México, ¿cómo vamos?, 25/11/22).
El patrimonialismo de López Obrador le ha permitido imponer con inmune arbitrariedad sus tres megaproyectos -AIFA, Tren Maya, Dos Bocas- asignándole la responsabilidad de la construcción y administración de los dos primeros al Ejército, único beneficiario de las (improbables) utilidades que pudieren generar.
Ello garantiza la opacidad exigida por el presidente militarizado, cuyo decretazo para declarar asunto de seguridad nacional a sus obras de infraestructura preferidas no prosperó. El potencial de corrupción es tan evidente como la inutilidad del (CH)AIFA, cuyos ingresos son subsidiados por el gobierno en un 90%.
El Tren Maya costará el triple de lo calculado inicialmente y provocará un ecocido que hasta ahora el Poder Judicial ha sido incapaz de detener. Fonatur ha desacatado la sentencia de un juez federal para frenar la construcción del Tramo 5.
La refinería de Dos Bocas también costará el triple de lo presupuestado y después de seis meses de haber sido inaugurada sigue sin producir un solo litro de gasolina.
“Primero los pobres” quedó en lema de campaña. Entre 2018 y 2020, 3.8 millones de mexicanos más cayeron en situación de pobreza. Pasaron de 51.9 millones a 55.7 millones. En ese lapso, la población con ingreso inferior a la línea de pobreza por ingresos, a la que no le alcanza para adquirir la canasta básica, pasó del 49.9% al 52.8%. Los mexicanos con ingreso inferior a la linea de pobreza extrema, es decir, miseria, se incrementó de 14% a 17.2%; aumentaron de 8.7 millones a 10.8 millones (CONEVAL).
Es falso que se haya aminorado la desigualdad y la pobreza, como lo afirmó AMLO en su cuarto informe de gobierno. México sigue siendo uno de los países más desiguales del mundo. El 10% de mayores ingresos gana 30 veces más que el 50% de los mexicanos. Ese 10% acapara el 80% de la riqueza del país (World Inequality Report, 2022).
En su afán destructivo, el mandatario tabasqueño decidió desaparecer el Seguro Popular para sustituirlo por el inoperante Instituto de Salud para el Bienestar. La irreflexiva imposición ha afectado gravemente a los pobres, especialmente a quienes no tienen acceso a servicios médicos públicos. La carencia de servicios de salud se incrementó de 16.2% en 2018 a 28.2% en 2020, mientras el gasto privado de los mexicanos en salud aumentó 40%. Los servicios médicos que brinda el INSABI son mediocres e insuficientes.
El desastre educativo de la 4T no tiene precedente en la historia nacional. Como parte de su “revolución de las conciencias” el macuspano se ha propuesto borrar de un plumazo la tradición humanista de Occidente, así como el legado de Justo Sierra, José Vasconcelos y Jaime Torres Bodet para imponer “un cambio radical de paradigma” e implantar un modelo educativo “decolonial” (sic). Su efecto será devastador. Condena a 33.6 millones de estudiantes a la mediocridad académica y profesional, profundiza la desigualdad social y frena el desarrollo del país. La barbarie educativa de López Obrador es operada por un intoxicado ideólogo apoyado por la ineptitud servil de dos secretarias del ramo.
Lo podrido
A partir de su triunfo electoral, López Obrador ha puesto en marcha una estratagema que tiene dos aspectos fundamentales e indisolubles, operados de manera simultánea y coordinada: Consolidar su poder unipersonal, y suprimir, controlar o neutralizar a todos los factores que pudieran limitar la supremacía de su dominio.
El fortalecimiento de su poder personal está fundado en dos ideas falsas que se han logrado imponer como verdades axiomáticas e irrebatibles, o como hechos ya realizados. Primero, la idea de que él es un líder impoluto, moralmente superior a sus antecesores que logrará reformar a fondo la vida pública el país. Segundo, que ello lo conseguirá mediante la llamada cuarta transformación, con éxito garantizado, como si se tratase de un hecho consumado.
Esta fantasía convertida en narrativa o retórica demagógica se ha logrado imponer en la mente de sus seguidores mediante la repetición de una serie de eslóganes durante la predicación matutina diaria, aderezada con verdades a medias, mentiras totales, calumnias e insultos.
Se ha impuesto una dictadura de la propaganda disfrazada de conferencia de prensa con el propósito de manipular a sus huestes e intimidar a los críticos.
El segundo aspecto de la estratagema presidencial consiste en cancelar o dominar a toda fuente potencial capaz de limitar su poder omnímodo, trátese de los poderes legislativo y judicial, instituciones constitucionalmente autónomas, organizaciones sociales, asociaciones empresariales, así como opositores y periodistas.
La tiranía de la mayoría impuesta por el autócrata es inflexible. A las dos cámaras del Congreso las controla a través de los legisladores de Morena y sus aliados, echando mano de todo tipo de trampas sumadas a la infalible capacidad de amedrentar a quien se atreva a disentir de su implacable voluntad autoritaria.
López Obrador ostenta un poder mayor al de los protagonistas de la dictadura perfecta. La principal herramienta de su dominio es controlar la procuración de justicia a través de una Fiscalía General de la República, legalmente autónoma pero en realidad sometida a los dictados del Supremo Poder Ejecutivo.
La justicia está al servicio de los intereses políticos y electorales del señor presidente. Ello representa una amenaza implícita contra quien ose obstaculizar sus caprichos. El autoritario solapado tiene en sus manos la posibilidad de encarcelar a sus enemigos o de otorgar la indulgencia plenaria sus allegados.
La lista de beneficiarios de dicha impunidad selectiva es conocida. Incluye a militares de alto rango, colaboradores cercanos, empresarios afines, familiares, amigos, líderes sindicales; así como a capos del crimen organizado y, hasta ahora, a su antecesor en el cargo.
El uso faccioso de la justicia está tan arraigando en la conciencia presidencial como la máxima “no me vengan con que la ley es la ley”.
La 4T ha atentado contra el sistema de equilibrios y contrapesos derivado de la separación de poderes, fundamento de la democracia y el Estado de derecho. Durante los cuatro primeros años de este gobierno se logró cooptar al Poder Judicial de la Federación mediante la penosa sumisión del ministro presidente de Suprema Corte de Justicia (SCJN), Arturo Zaldívar.
La cima de la abyección del máximo representante del Poder Judicial de la Federación frente al Ejecutivo tuvo lugar el 1 de octubre de 2020 cuando el Tribunal Supremo declaró constitucional la petición de consulta popular presentada por López Obrador para juzgar a los expresidentes. La ominosa farsa fue despreciada por la ciudadanía, sólo participó un 7% del electorado.
Esa misma Corte fue omisa frente a graves amenazas a la Carta Magna, como las relacionadas con la militarización, el embate contra instituciones autónomas en materia de transparencia, competencia, telecomunicaciones y, de modo execrable, contra el INE (NEXOS, febrero 2023).
La ministra Norma Piña, elegida por sus pares como presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como del Consejo de la Judicatura Federal, enfrenta ahora la responsabilidad histórica de recuperar la dignidad e independencia del Poder Judicial de la Federación amenazado por la vesania de un poder presidencial desenfrenado.
Enfurecido por no haber podido imponer a su incondicional y protegida Jazmín Esquivel para dicho cargo, López Obrador ha dirigido su odio para intimidar a la ministra presidenta Piña. “Está ahí por mí” espetó el mandatario haciendo gala de insensatez, al tiempo de manifestar su peregrina intención de que la presidenta de la Corte deje de presidir el Consejo de la Judicatura, como lo establece el artículo 100 de la Constitución.
No en vano, el Índice de Estado de Derecho del World Justice Project (WJP) edición 2022 ubica a México en el vergonzoso top ten entre 140 países con peor puntaje del mundo por la ínfima calidad de su sistema de justicia civil y penal. El WJP es la institución con mayor prestigio y rigor en la materia a escala internacional.
El estudio del WJP muestra una relación directamente proporcional entre la calidad del Estado de derecho de las naciones y un mejor nivel del crecimiento económico, la educación, los servicios de salud, la paz social y la disminución de la desigualdad. La mala calidad del sistema de justicia explica el bajo rendimiento de México en dichas áreas, así como el alto grado de corrupción política que prevalece en el país.
La investigación del WJP ubica a México como el séptimo país con mayor corrupción gubernamental, incluye a funcionarios pertenecientes a los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, así como a las fuerzas militares y policiacas. Ocupamos el ominoso lugar 134 entre 140 naciones (https://worldjusticeproject.org/about-us/overview/what-rule-law).
En la edición 2022 del Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional, México sigue siendo el peor evaluado entre los países miembros de la OCDE y el segundo más corrupto sólo después de Rusia entre los integrantes del G20. Por tercer año consecutivo se ha estancado en el lugar 126 de 180 países evaluados, con 31 puntos en una escala de cero a 100.
El mayor fracaso político y moral del gobierno de López Obrador es haber incumplido su promesa de abatir la corrupción. A pesar de que la corrupción ya está considerada como delito grave, sigue impregnada en el aparato de gobierno de la supuesta cuarta transformación. Está incrustada en el corazón de Palacio Nacional.
El combate a la corrupción carece de una estrategia coherente y eficaz. Al igual que la procuración de justicia, depende de la voluntad de AMLO. La Auditoría Superior de la Federación y el Sistema Nacional Anticorrupción, instituciones creadas para enfrentar el cáncer de la corrupción política han sido ignoradas y vejadas por un hiperpresidencialismo ofuscado.
Las decisiones y declaraciones acerca del combate a la corrupción, origen de los más graves problemas del país, forman una maraña de absurdos y contradicciones, ignorancia y demagogia. Todo parte de la disparatada ocurrencia de que si el presidente es honesto lo demás se resolvería por añadidura. Ni lo uno ni lo otro.
Corrupción e impunidad son siamesas, sobre todo para los beneficiarios del afecto presidencial (Pío, la Casa Gris, Felipa, Bartlett e hijo, Delfina, etc.) Más grave y menos famoso es el caso de Seguridad Alimentaria Mexicana (SEGALMEX), la Conasupo de la 4T. En sus primeros dos años de operación, fueron detectadas irregularidades por 11 mil millones de pesos, un monto mayor al de la Estafa maestra (7 mil millones de pesos).
Ignacio Ovalle, ex director de SEGALMEX, goza de cabal inmunidad; su amigo Andrés lo cubrió con su manto protector y ahora despacha en el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (Inafed).
Como lo sabe bien el mandatario impoluto, la adjudicación directa en las contrataciones del gobierno es una fuente infalible de corrupción, por eso ofreció prohibirlas. No obstante, de 2018 a 2022, ocho de cada diez contratos fueron asignados mediante ese mecanismo, igual que en los sexenios anteriores. Sólo en 2022 se gastaron 452,496 millones de pesos en contratos de compras públicas realizadas por instituciones de la Administración Pública Federal. El monto equivale al triple del presupuesto anual para la Pensión de Adultos para el Bienestar (MCCI, febrero 2023).
Las acusaciones mutuas de tráfico de influencias, clásico artilugio de la corrupción política, entre el Fiscal Alejandro Gertz Manero y el ex Consejero Jurídico de la Presidencia, Julio Scherer Ibarra, reveló una crisis judicial y ética en las entrañas del palacio presidencial. Los dos funcionarios retiraron su demandas y el asunto fue relegado al olvido, aunque ahora se ha renovado la acusación contra Scherer Ibarra. Sea cual fuere el desenlace, la mancha de presunta podredumbre al más alto nivel del gobierno es imborrable.
Una de las dimensiones más complejas y opacas de la corrupción es la relacionada con el crimen organizado. Nunca se han tocado las finanzas del narco. La omisión es un claro indicio de la complicidad entre los delincuentes con las más altas esferas del gobierno y el Ejército (El triángulo de la narcorrupción, Aristegui Noticias, 8/6/2022).
El creciente e imparable proceso de militarización es el aspecto más regresivo y preocupante de la cuarta transformación. En violación a la Constitución, López Obrador ha entregado a las Fuerzas Armadas la seguridad pública, la infraestructura, las aduanas, los puertos y ahora el espacio aéreo.
¿Por qué lo ha hecho? Para asegurar su lealtad ante cualquier circunstancia, lo cual es aterrador, dada la estrategia presidencial hacia el 2024; y para garantizar la opacidad en sus obras de infraestructura, entre otros asuntos.
¿Qué exige la élite militar de ese pacto ajeno al mandato constitucional? Ante todo, impunidad total, además, claro, de los beneficios financieros y políticos derivados del acuerdo.
La repatriación y exoneración del general Salvador Cienfuegos -sin investigación ni juicio alguno, días después de haber sido detenido en Los Ángeles, en octubre de 2020, acusado de los delitos de conspiración internacional para la distribución de cocaína, metanfetaminas y mariguana, así como lavado de recursos procedentes del narcotráfico-, fue la primera señal del aciago contubernio.
Calladito, el presidente López Obrador se sometió ante la presión de los altos mandos castrenses, acaso convirtiéndose en presunto cómplice por omisión de los delitos imputados al general Cienfuegos en el juzgado del Distrito Este de Nueva York, donde han comparecido el Chapo Guzmán y Genaro García Luna.
Los casos enunciados dan cuenta de la deficiente gestión pública del sexenio fallido gobernado por un presidente embaucador. La regresión autoritaria disfrazada de cuarta transformación ha dado lugar a un sexenio podrido, es decir, a una tiranía militarizada y corrupta.
De manera soterrada y continua, el déspota en funciones ha erosionado la institucionalidad democrática del país desde el inicio de su mandato y está resuelto asfixiar al INE para matar a la democracia mexicana en lo que resta de su funesto sexenio. La Suprema Corte y la ciudadanía tenemos la responsabilidad de impedirlo.
