El gobernador de Nuevo León ha mantenido una confrontación con diputados del PRI y PAN
Nuevamente Samuel García está en el ojo del huracán, ahora por el intento de desafuero en contra del gobernador de Nuevo León que incluso con todo y el respaldo desde Palacio Nacional fue citado por la Comisión Anticorrupción del Congreso local para que comparezca esti después que se le reclama que no entregó en tiempo y forma el presupuesto para 2023.
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La razones del juicio
Fue el pasado mes de diciembre que el líder estatal del PRI en Nuevo León, José Luis Garza Ochoa y la diputada federal del PAN, Annia Gómez Cárdenas presentaron ante el Congreso local una solicitud de juicio político en contra de Samuel García.
Durante la entrega de la solicitud a la Oficialía de Partes del Congreso de Nuevo Léon, el líder priista estatal sostuvo que García dañó gravemente los intereses públicos de la entidad por dos razones:
- La primera por no presentar el Presupuesto de Egresos de 2023 antes del 20 de noviembre de 2022
- La segunda, por no publicar 56 decretos aprobados por el Congreso
Además que le han reprochado sus constantes viajes, con lo que acusan ha dejado a la entidad tras ir a Europa.
AMLO respalda a Samuel García
“Es un chantaje de los que siempre han dominado Nuevo León y sometido a gobernadores”, afirmó el presidente @lopezobrador_ sobre la demanda con la que buscan desaforar al gobernador del estado, @samuel_garcias. pic.twitter.com/KAETb9sb6Q
— Político MX (@politicomx) February 2, 2023
En la entrega del documento, la panista Annia Gómez reprochó a Samuel García que “está ausente del Estado, deja una falta de ingobernabilidad muy grave, porque es una de sus principales obligaciones, presentar el Proyecto de Presupuesto para el siguiente año”.
Además, apuntan que al no publicar los decretos “está atacando a otros poderes”, está queriendo minimizar al propio Poder Legislativo.
Cabe recordar que el conflicto que protagonizan diputados de PAN y PRI, que son mayoría en el Congreso, con Samuel García viene desde el veto que lanzó el gobernador a Adrián de la Garza, su rival en las elecciones a la gubernatura y que buscaba llegar a la Fiscalía General del Estado.
Nuevo León tiene quién lo defienda. Nosotros sí somos la oposición del Gobierno Federal, pero hoy también somos la oposición de un Gobierno de caricatura que lamentablemente tenemos en Nuevo León. El juicio político en contra de Samuel García sigue su curso.
? @AnniaGomezNL pic.twitter.com/dAEcPLD0Em
— Diputados PAN (@diputadospan) February 2, 2023
También porque se le ha señalado de poner “candados innecesarios” a recursos destinados a financiar proyectos de infraestructura en municipios gobernados por el PRI y el PAN. Así como vetar diversas reformas a la Ley de Hacienda o de obstaculizar la designación del titular de la Subsecretaría de Administración Tributaria.
¿Cómo sería el juicio político?
Será el próximo viernes 10 de febrero que Samuel García comparezca (presencial o por escrito) a la Comisión Anticorrupción a fin de que presente sus argumentos.
Hay que recordar que de acuerdo con la Constitución del estado de Nuevo León, en el ámbito del procedimiento y sanciones de juicio político, esto solo se podrá aplicar en el periodo en que el servidor público desempeñe su empleo, cargo o comisión, o dentro del primer año de haber concluido sus funciones.
Además, que las sanciones respectivas se aplicarán en un plazo no mayor a seis meses, a partir de iniciado el procedimiento, las cuales consistirán en la destitución del servidor público e inhabilitación temporal para desempeñar funciones, empleos, cargos o comisiones de cualquier naturaleza en el servicio público, o sólo inhabilitación si el servidor público ya hubiere concluido su cargo.
El artículo 13 establece que “corresponde al Congreso del Estado instruir el procedimiento relativo al Juicio Político actuando como órgano investigador y de acusación, y al Pleno del Tribunal Superior de Justicia fungir como jurado de sentencia”.
La Comisión Anticorrupción deberá determinar si la denuncia contiene la descripción de hechos que justifiquen que la conducta atribuida daña gravemente los intereses públicos fundamentales y que se presumir la existencia de la infracción y la probable responsabilidad del denunciado y por lo tanto amerita el inicio del procedimiento.
Se establece que, si la denuncia no satisface los requisitos señalados en las tres fracciones del artículo 15, la Comisión Jurisdiccional o bien la Comisión Anticorrupción emitirá un dictamen en el que se establezca la improcedencia de la denuncia, tras lo cual en un plazo de 5 días deberá ser citado a comparecer.
? @Chertorivski y MC respaldan al gobernador Samuel García ante el juicio político que enfrenta en Nuevo León
“Es uno de los mejores gobernadores que tiene México”. (Nota: Eso también lo dijo AMLO) pic.twitter.com/o65FOXrLEH
— Laura Brugés (@LauraBruges) February 2, 2023
Tras el informe o comparecencia, la Comisión Anticorrupción practicará las diligencias e investigaciones necesarias y notificará al denunciante y al denunciado la fecha en que se llevará a cabo la audiencia de pruebas y alegatos, tras lo cual se emitirá el dictamen correspondiente.
De declararse procedente la solicitud de juicio político, se convocará a una Sesión Plenaria, tras lo cual se declarará por no menos de las dos terceras partes de sus miembros, si ha lugar a procedimiento ulterior.
“En caso de que el Congreso del Estado declare que ha lugar a procedimiento ulterior, el acusado será puesto a disposición inmediata del Tribunal Superior de Justicia, al que deberá remitirse el expediente que contenga la acusación y todas las constancias del procedimiento. La Comisión Jurisdiccional o bien la Comisión Anticorrupción continuará el procedimiento correspondiente ante el propio Tribunal”.
Si la resolución del Tribunal es absolutoria se denegará la declaración de inhabilitación y/o destitución.
“Si la resolución del Tribunal es condenatoria, se sancionará al servidor público, si está en funciones, con destitución del cargo y la inhabilitación para desempeñar funciones, empleos, cargos o comisiones públicas por un período de uno hasta veinte años, atendiendo a la gravedad de la infracción. Si no está en funciones, se decretará su inhabilitación en los términos indicados”, se establece sobre el proceso que deberá seguir el gobernador Samuel García sobre su juicio de procedencia.
