Por Rogelio Muñiz Toledo
“El gradualismo -las escasas modificaciones en nuestro sistema
político y económico- es inadecuado para la tarea que tenemos
entre manos. Lo que se necesita son cambios drásticos”
El pasado 5 de febrero, en el acto conmemorativo del centésimo sexto aniversario de la Constitución de 1917, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que “es raro encontrar en el periodo neoliberal una reforma a la Constitución en beneficio del pueblo” y convocó a investigar si en esos gobiernos se realizó alguna en ese sentido.
La lógica que subyace tras el planteamiento del presidente de la república explica, en muy buena medida, por qué no ha sido posible construir un Estado de Bienestar, o al menos una política de bienestar, que en forma progresiva reduzca las desigualdades y erradique la pobreza en nuestro país. Por supuesto que para construir un Estado de Bienestar se requiere realizar reformas constitucionales, pero no basta con ello.
Durante las más recientes cuatro décadas, siete gobiernos -cuatro del PRI, dos del PAN y el actual de Morena- fueron incapaces de disminuir las desigualdades y erradicar la pobreza. Lo que pone de manifiesto que es un error suponer que basta con un puñado de reformas a la Constitución y a las leyes para alcanzar los fines constitucionales del desarrollo nacional establecidos en el artículo 25 de la Carta Magna.
El gradualismo en los cambios a la Constitución y el reformismo han resultado insuficientes para que haya justicia social y bienestar para la mayoría de la población y para garantizar la prevalencia del principio supremo y sustento de los derechos humanos: la dignidad humana.
Ni en los seis gobiernos anteriores, ni en el actual, se han realizado todas las reformas constitucionales necesarias para establecer un Estado de Bienestar fundado en un conjunto de derechos económicos y sociales reconocidos en la Constitución. Pero con las pocas reformas aprobadas en ellos es suficiente para tener, al menos, una política económica redistributiva y una política de bienestar coherente con los fines constitucionales del desarrollo nacional.
Si se realiza el análisis al que convocó el presidente, es posible constatar que, en efecto, durante el periodo neoliberal al que se refiere no hay una sola reforma constitucional que haya contribuido a transformar de manera significativa la vida de las clases medias y bajas ni, mucho menos, la de quienes viven en pobreza y pobreza extrema, a pesar de que en todos los gobiernos de ese periodo -salvo en el de Enrique Peña Nieto- hubo reformas constitucionales para reconocer derechos económicos o sociales en el texto de la Constitución.
En el periodo neoliberal al que se refiere el presidente, que incluiría no solo a los gobiernos desde Miguel de la Madrid Hurtado hasta Enrique Peña Nieto sino también al suyo -como lo ha argumentado con solidez su primer secretario de hacienda, el doctor Carlos Urzúa Macías- se han publicado 154 de los 252 decretos de reformas a la Constitución de 1917. Solo en 14 de ellos -menos del 10 por ciento- se han modificado artículos relacionados con el reconocimiento de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales: tres con Miguel de la Madrid, uno con Carlos Salinas, dos con Ernesto Zedillo, uno con Vicente Fox, cinco con Felipe Calderón y dos con Andrés Manuel López Obrador.
Por paradójico que pueda parecer, las tres reformas publicadas al inicio del gobierno de Miguel de la Madrid -las primeras durante el periodo neoliberal al que se refirió el presidente- y las dos aprobadas durante el gobierno de López Obrador, son las que tienen el mayor potencial de transformación del modelo de desarrollo en el país hacia un Estado Social de Derecho.
La reforma de febrero de 1983 al artículo 25 constitucional, que estableció la rectoría del desarrollo nacional por parte del Estado, introdujo al texto constitucional una norma programática que contiene un nuevo paradigma para una política social de Estado. Esta reforma, que ha sido poco estudiada, puede ser el sustento constitucional de una sólida política de bienestar e, incluso, para establecer las bases de un Estado de Bienestar.
Esta reforma al artículo 25 constitucional estableció expresamente que los objetivos del desarrollo nacional son “el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales” y que los medios para lograrlo son “la competitividad, el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza”. Este texto, que acaba de cumplir 40 años de vigencia sin sufrir mayores cambios, ha sido ignorado por todos los gobiernos durante las últimas cuatro décadas, incluido el de López Obrador.
La reforma al artículo 25 constitucional y las dos adiciones al artículo 4º. de la Constitución publicadas también en 1983, en las que se reconocieron los derechos a la protección de la salud y a disfrutar de una vivienda digna y decorosa, así como las sucesivas reformas al artículo 3º. constitucional, permitirían transformar sustancialmente la política social y establecer las bases de un Estado de Bienestar.
Las dos reformas de contenido social del gobierno del presidente López Obrador establecieron garantías para el ejercicio de los derechos a la educación, a la salud y a una vida digna. Se constitucionalizaron tres obligaciones del Estado en materia de derechos sociales: garantizar el acceso a la educación, desde la inicial hasta la superior; extender en forma progresiva los servicios de salud para la atención integral y gratuita de las personas que no cuenten con seguridad social; y hacer efectivo el derecho a una vida digna mediante una política social de combate a la pobreza a través de transferencias monetarias para personas con discapacidad permanente, personas mayores de sesenta y ocho años y estudiantes de todos los niveles escolares del sistema de educación pública.
Las reformas constitucionales de los gobiernos de Carlos Salinas y Vicente Fox y una del de Felipe Calderón tuvieron como objetivo ampliar los niveles de educación con carácter obligatorio, con el correlativo mandato para que el Estado garantizara su impartición. Otras seis reformas, dos con Ernesto Zedillo y cuatro con Felipe Calderón, reconocieron el interés superior de la niñez y la garantía plena de sus derechos para la satisfacción de sus necesidades, así como los derechos a un medio ambiente adecuado, al acceso a la alimentación, al agua y a la cultura. Pero de poco han servido. Ni durante los gobiernos en los que se aprobaron, ni en los subsecuentes, se garantizó el pleno ejercicio de esos derechos.
La reforma de 2011 en materia de derechos humanos, que contiene un nuevo paradigma para la protección, garantía y ejercicio de estos, es fundamental para que los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA) dejen de tener en nuestro país un carácter solo programático y se puedan judicializar para exigir su cumplimiento y lograr su ejercicio efectivo, lo que permitiría lograr el objetivo del artículo 25 constitucional de garantizar una vida digna para todas las personas.
Si se analiza no solo el contenido de cada una de estas reformas a la Constitución, sino su escaso desarrollo legal y administrativo, se entiende por qué el gradualismo y la vía reformista no han sido suficientes para mejorar el nivel de vida de las y los mexicanos y cerrar las brechas de desigualdad en nuestra sociedad ni, mucho menos, para lograr una más justa distribución del ingreso y la riqueza y acabar con la pobreza en el país.
La falta de un proyecto político de izquierda, o al menos progresista, en los seis gobiernos anteriores y en el actual, así como la manifiesta incapacidad del gobierno del presidente López Obrador para implementar políticas sociales que garanticen los derechos a la salud, la educación, la vivienda y una vida digna y para reorientar el ejercicio de la hacienda pública a hacer efectivos esos derechos, como lo ofreció al inicio de su administración, han hecho que las escasas reformas constitucionales en materia social sean prácticamente letra muerta.
No basta con un puñado de reformas a la Constitución en las que se reconozcan derechos, se requieren cambios legislativos para que esos derechos dejen de ser simples normas programáticas, además de voluntad política de los gobiernos para garantizar su ejercicio efectivo. Se requiere, además, una política económica y una política social redistributivas, dirigidas a aumentar los niveles de bienestar de las mayorías, una política hacendaria que permita que el presupuesto público se oriente a hacer efectivos los DESCA, hasta el límite de los recursos disponibles conforme a los Principios de Limburgo sobre la Aplicación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y una hacienda pública lo suficientemente sólida para evitar una crisis fiscal del Estado.
Con una profunda reforma constitucional en materia de derechos económicos y sociales o con una nueva Constitución con un sólido contenido social -que dadas las condiciones de polarización solo sería posible si fuéramos a un Congreso Constituyente- sería posible construir un Estado de Bienestar que, preservando las libertades económicas, permita una más justa distribución del ingreso y la riqueza con base en un sistema universal de derechos a la educación, la salud, la vivienda y la seguridad social que garantice la satisfacción de las necesidades básicas y un mejor nivel de vida para todas las personas.
Esto es posible respetando las libertades económicas, garantizando el derecho a la propiedad privada y fomentando la inversión y el crecimiento económico, como ha quedado de manifiesto con el más reciente discurso del Estado de la Unión del presidente de los Estados Unidos de América. Al presentar su plan económico, el presidente Joe Biden propuso, como lo había hecho hace un año, una gran inversión en el bienestar de las personas que incluye subsidios y transferencias monetarias para programas de salud, educación y vivienda para las clases medias y bajas y una reforma fiscal para dotar al Estado de recursos para ello. Lo dice bien el premio nobel de economía, Joseph E. Stiglitz: “Otro mundo es posible, basado no en la creencia fundamentalista en los mercados y en la economía de goteo, que nos ha llevado a un embrollo”.
* Premio Nobel de Economía 2001. Presidió el Consejo de Asesores Económicos
del presidente Clinton y fue economista jefe y vicepresidente sénior del Banco Mundial
