Organizaciones de la sociedad civil expusieron riesgos de la política de militarización en México en sesión pública de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Luz Elena Baños, representante del Estado mexicano, respondió que la estrategia de seguridad busca pacificar el país y se basa en reformas aprobadas por el Congreso. Afirmó que el “Ejército mexicano no es el ejército de otras administraciones”.
Transmitió directamente un mensaje del presidente Andrés Manuel López Obrador:
En el México de ahora y a diferencia de lo que sucedía en gobiernos anteriores, cuando ustedes guardaban silencio cómplice, no se violan derechos humanos y ninguna corporación militar comete actos de barbarie, como torturas, masacres o ajusticiamientos.
Los conminamos respetuosamente a que dejen de servir, de simular y de actuar como arietes del conservadurismo de México y de otros países del mundo.
Frida Ibarra, de México Unido Contra la Delincuencia, dijo que las Fuerzas Armadas han centralizado funciones y presupuesto sin rendir cuentas, lo que les ha permitido oponerse a políticas que están en el debate público.
María Luisa Aguilar, del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín por Juárez, dijo que la falta de controles han creado un desbalance en las relaciones cívico-militares, en un contexto de violaciones a derechos humanos.
Afirmó que la Comisión Nacional de derechos Humanos ha jugado un papel complaciente ante la política de militarización.
Carlos Carvajal, de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, afirmó que la reforma que amplia la participación de las Fuerzas Armadas en seguridad pública elimina todo resquicio de una corporación civil.
Stefania Vela, de Intercepta, sostuvo que la participación de las Fuerzas Armadas ha generado un aumento en la violencia contra las mujeres.
Guillermo Fernández, representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las ONU para los Derechos Humanos, afirmó que la participación de las Fuerzas Armadas no ha reducido los niveles criminales.
Dijo que preocupa que las reformas recientemente aprobadas trastoquen el balance civil que se estableció al diseñar la Guardia Nacional, por lo que dijo que es legítimo el llamado a activar los controles de constitucionalidad. Llamó a retomar el paradigma civil y que se establezcan corporaciones civiles para enfrentar al crimen.
Esmeralda Arosemena, comisionada de la CIDH, dijo que se ha demostrado que la participación del ejército en seguridad no ayuda a reducir índices criminales. Cuestionó que la política de seguridad contradice el paradigma constitucional, que ordena un esquema civil.
Carlos Bernal, comisionado de CIDH, dijo que el Estado no respondió las inquietudes de la sociedad civil, en particular la posible contradicción a la Constitución mexicana.
Pese a otra ronda de cuestionamientos y críticas de la sociedad civil, la embajadora de México respondió que ‘toma nota’ y enviará los comentarios a la Presidencia de la República, sin abordar ningún tema o responder temas particulares.
