El futuro del sistema electoral mexicano está en juego, y los próximos seis meses serán cruciales para definir cuáles serán las reglas y cómo será el árbitro de la elección presidencial de 2024.
La reforma político-electoral que se debate actualmente en la Cámara de Diputados parte de 51 iniciativas de reforma constitucional y 57 iniciativas de modificación a diversas leyes secundarias.
Tres son las comisiones involucradas en esta reforma: la Comisión de Reforma Política, presidida por la morenista Graciela Sánchez Ortiz; Gobernación, presidida por el priista Alejandro Moreno Cárdenas, y Puntos Constitucionales, presidida por el morenista Juan Romero Robledo.
De dichas comisiones, han emergido 21 legisladores que integran un grupo de trabajo en el que se buscan coincidencias para redactar un proyecto de dictamen.
En dicho grupo de trabajo confluyen legisladores de seis bancadas; las tres del oficialismo: Morena, PVEM y PT; y tres de oposición: PAN, PRI y PRD.
La bancada de Movimiento Ciudadano, con 25 integrantes, no participa de los trabajos, pues sus dirigentes anunciaron que no serán parte de una farsa y se mantendrán firmes en la postura de que no haya ninguna reforma en materia electoral.
La postura de MC ha derivado en un enfrentamiento frontal con el PRI, partido al que acusa de haber negociado un acuerdo con el oficialismo para sacar adelante una reforma electoral a partir de una “contrapropuesta” priista.
Los líderes del tricolor reaccionaron negando dicho acuerdo, pero lo cierto es que el PRI aún no ha presentado formalmente su iniciativa de reforma, lo que abre un abanico de posibilidades.
A diferencia del Ejecutivo y Morena, el PT, el PVEM y el PAN -que formalizaron sus propuestas en sendas iniciativas-, el PRI se limitó a presentar públicamente diez puntos para una reforma; entre los que destacan la idea de crear la Vicepresidencia de la República y la reducción de 500 a 300 diputaciones federales (en lo que coincide con la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador).
Los trabajos de ese grupo avanzan, mientras en otro salón de San Lázaro la Comisión de Presupuesto comenzará este lunes a elaborar el dictamen de Presupuesto de Egresos de la Federación 2023, que debe aprobarse en el pleno antes del 15 de noviembre.
En ese dictamen se plantea un nuevo recorte a la solicitud de recursos formulada por el Instituto Nacional Electoral en septiembre pasado, al considerar entregar 20 mil 221 millones de pesos al INE, y no los 24 mil 696 millones solicitados.
El recorte suena nuevamente aparatoso, pero hay que considerar que la mayor parte de la disminución considerada en el proyecto de dictamen corresponde a una partida precautoria que solicitó el INE (por 4 mil 25 millones de pesos) para la realización de una eventual Consulta Popular en el año 2023, que a estas alturas ya sería muy difícil que se convoque.
Eso deja a salvo los 14 mil millones solicitados por el INE para su gasto operativo de 2023, y los más de 6 mil millones de pesos que se entregarán como prerrogativas a los partidos políticos para su gasto anual ordinario.
Los plazos
Hay en el horizonte tres plazos para que el Poder Legislativo pueda concretar una reforma electoral que pueda entrar en vigor en las elecciones de 2024.
El largo plazo tiene como fecha límite el 31 de mayo de 2023, pues ése sería el último día en el que sería legal hacer cambios a las leyes electorales aplicables en 2024.
Esto, porque la Constitución establece que las leyes electorales no pueden modificarse en los 90 días previos al arranque formal del proceso electoral y, en el caso de las próximas presidenciales, el inicio formal está programado para septiembre de 2023; esto es, nueve meses antes de la jornada electoral, prevista para el domingo 2 de junio de 2024.
En el mediano plazo, la siguiente fecha límite se situaría en el 3 de abril de 2023, pues ese día concluye el mandato de cuatro consejeros del INE nombrados en abril de 2014, incluido el consejero presidente Lorenzo Córdova.
La renovación de cuatro de los 11 asientos en el Consejo General inicia desde febrero, cuando la Cámara de Diputados deberá emitir la convocatoria para que las personas interesadas participen en el concurso público de designación.
Las leyes actuales establecen un complejo proceso que incluye la conformación de un comité técnico que evalúa perfiles y aplica varios filtros a los aspirantes (en la última renovación fueron más de 400 en una primera instancia) hasta llegar a las quintetas de las que se extraen los nombres que la Junta de Coordinación Política pone a disposición del pleno.
El nombramiento requiere mayoría calificada; es decir, Morena y sus aliados (PVEM y PT) requieren de al menos 60 votos de las oposiciones para lograr las dos terceras partes.
Si hay reforma electoral que influya en la conformación del INE, o en el proceso de selección, ésta deberá estar procesada a tiempo (antes de abril), para que los nuevos consejeros se designen con las nuevas reglas.
De prosperar la iniciativa presidencial, que busca que se elija a consejeros del INE y magistrados del Tribunal Electoral mediante voto popular a partir de propuestas emanadas de los tres Poderes de la Unión, en febrero se tendría que estar llevando a cabo dicha elección.
Eso determina el límite de corto plazo de la reforma: si el presidente, Morena y sus aliados (eventualmente el PRI, en caso de que MC tenga razón y ya haya un pacto) quieren una transformación radical y profunda del sistema electoral, el plazo es el 15 de diciembre, día en que concluye el actual periodo ordinario de sesiones.
De acuerdo con las declaraciones de dirigentes de Morena, como el coordinador Ignacio Mier, ésa sería la intención del oficialismo: procesar el dictamen en las próximas semanas; tenerlo listo en noviembre para llevarlo al pleno, donde la aprobación dependerá del tamaño del acuerdo en el PRIMOR o de la posibilidad de que se haya generado un consenso más amplio, que se antoja difícil.
Si la reforma implica cambios a la Constitución, ésta deberá ser avalada por el Senado de la República, donde los acuerdos pasan por otras dinámicas y dependen, en parte, del senador Ricardo Monreal, quien no comparte las posturas más radicales de su partido.
Los trabajos de la reforma electoral tienen un telón de fondo: la sucesión presidencial de 2024, adelantada desde hace meses.
Este factor pone sobre la mesa los peores incentivos para un cambio en las reglas de la competencia política, pues cada partido y cada corriente partidista tratará de beneficiar a su presidenciable con las nuevas reglas.
En el brevísimo plazo, una fecha adicional podría resultar determinante: 13 de noviembre, pues ese día se llevarán a cabo marchas en defensa del INE en diversas ciudades, convocadas por partidos de oposición y organizaciones civiles de claro corte antilopezobradorista.
Ese día, además, la mayoría morenista en San Lázaro tratará de halagar a López Obrador en su cumpleaños, regalándole el presupuesto que quiere para 2023, su quinto año de gobierno.
Son tiempos calientes, y la conseja popular recomienda que los temas calientes, como lo es una reforma político-electoral, se debatan en tiempos fríos.
