“Las decisiones políticas, incluso las mejor intencionadas, y un conocimiento
de la realidad no siempre conducen a los resultados esperados”
El resultado del proceso constituyente en Chile, que concluyó con el rechazo de la propuesta de nueva constitución elaborada por la Convención Constitucional, ha dejado importantes lecciones no solo para el país sudamericano sino para las naciones que, como México, se encuentran en un proceso de cambio político.
En Chile, el proceso constituyente tuvo como antecedente inmediato -y como catalizador- el estallido social de octubre de 2019 que evidenció las profundas desigualdades y las injusticias sociales en ese país. Pero desde veinte años atrás se hablaba de la necesidad de contar con una nueva constitución que sustituyera a la de 1980. No obstante que en 2005 se hizo una profunda reforma constitucional, en la sociedad chilena seguía presente la idea de que hacía falta un nuevo texto constitucional. No era suficiente con lo que afirmó el presidente Ricardo Lagos en esa ocasión: “tenemos hoy, por fin, una Constitución democrática”.
El planteamiento de que la nueva constitución debía incluir el reconocimiento de derechos sociales y la revisión del papel del Estado en el proceso de desarrollo siempre ha estado presente. Los movimientos sociales en Chile durante la segunda década de este siglo reiteradamente incorporaron a sus demandas la necesidad del cambio constitucional. Por eso, la presidenta Michelle Bachelet impulsó decididamente la convocatoria a un constituyente, pero lamentablemente no tuvo éxito.
Luego del estallido social de 2019 todos los partidos políticos acordaron que se convocara a un plebiscito en 2020 para que las y los chilenos decidieran si querían una nueva constitución y, en su caso, qué tipo de órgano debía redactar el nuevo texto constitucional. En el plebiscito de entrada, celebrado en octubre de 2020, el 79 por ciento votó a favor de una nueva constitución y de convocar a una convención constitucional integrada exclusivamente por miembros elegidos popularmente.
En mayo de 2021 se celebraron las elecciones y el resultado no podía ser más promisorio para la agenda ciudadana, progresista y de justicia social. La mayoría de sus integrantes habían sido postulados por organizaciones sociales de izquierda y de centro izquierda -la derecha solo obtuvo alrededor del 20 por ciento de los votos-, aproximadamente dos terceras partes de los constituyentes no provenían de los partidos tradicionales, se logró una integración paritaria y se garantizó la representación de los pueblos originarios (17 del total de los escaños, poco más del 10 por ciento, se reservaron para 10 pueblos originarios).
Sin embargo, en el plebiscito de salida, el Plebiscito Constitucional de 2022, celebrado el domingo 4 de septiembre, cerca del 62 por ciento de las y los chilenos rechazaron el texto de nueva constitución elaborado por la Convención Constitucional. Aunque el proceso constitucional no se cierra con el rechazo, es muy probable que muchos de los avances en materia social que contenía la propuesta de la Convención Constitucional –que la alineaban con los objetivos de la Agenda 2030 de la ONU para el Desarrollo Sostenible- lamentablemente se pierdan en la elaboración de la nueva propuesta.
Será muy importante analizar a profundidad las circunstancias que explican el rechazo, para entender por qué en este caso sucedió lo que en ocasiones pasa en los procesos de cambio: “los resultados difieren con frecuencia de lo que se podía esperar de un razonamiento lógico y del buen sentido de la gente” (Mijaíl Gorbachov, dixit).
Por lo pronto, me parece que es posible extraer algunas lecciones del fracaso de la opción por el apruebo de un texto constitucional progresista, que incorporaba el reconocimiento de derechos sociales indispensables para la construcción de un auténtico Estado de Bienestar en el que la justicia social pueda ser realidad mediante políticas que permitan cerrar las brechas de desigualdad, lograr un desarrollo sostenible con equidad, una mejor distribución del ingreso y de la riqueza y erradicar la pobreza.
La primera lección es que para lograr el cambio social es necesario impulsar en forma consistente el avance de las fuerzas progresistas de la sociedad, la existencia de partidos de izquierda capaces de articular una propuesta socialdemócrata sólida y auténticos gobiernos de izquierda que impulsen efectivamente el reconocimiento constitucional y la exigibilidad de los derechos sociales. En Chile tres presidentes socialistas lo han venido haciendo en los últimos veinte años (Lagos, Bachelet y ahora Boric) y no han logrado vencer las resistencias al cambio.
La segunda lección es que el impulso del cambio social hacia la izquierda requiere de una amplia base social y de un proceso político prolongado para ir construyendo consensos, venciendo las resistencias y desarticulando los nudos gordianos de intereses que impiden las reformas necesarias para lograr el cambio. De no ser así, un proceso de cambio social profundo puede iniciar en forma promisoria pero muy pronto enfrentará las resistencias de quienes se oponen a él y, casi seguramente, fracasará.
Incluso decisiones concretas, imprescindibles para el cambio social o político, pueden naufragar con facilidad frente a actores que se opongan y busquen frenar la transformación. Las resistencias de la derecha al reciente proceso de constitucionalización de derechos sociales y a la aprobación de los presupuestos para su ejercicio y el rechazo de los sectores conservadores al intento de expulsar del sistema jurídico la figura de la prisión preventiva oficiosa, son un buen ejemplo de ello en nuestro país.
La tercera lección es que un proceso constituyente con una agenda sólida en materia de justicia social, que incluya el reconocimiento de derechos sociales y el establecimiento de las garantías para su ejercicio, para dar paso a un Estado de Bienestar, requiere no solo que las fuerzas progresistas y de izquierda ganen la mayoría en el constituyente, sino un intenso proceso de negociación durante sus trabajos para defender el núcleo de la agenda social -pero sin caer en maximalismos en los temas relacionados con el cambio político- y la formación de consensos en torno a la agenda social, con base en la socialización de sus efectos, para evitar que el discurso de quienes se oponen al cambio logre su objetivo: el rechazo a una constitución progresista.
Tres lecciones que deberemos asumir quienes impulsamos la convocatoria a un proceso constituyente en México, como la única vía para lograr el cambio del régimen político y la creación de un Estado de Bienestar con derechos sociales reconocidos constitucionalmente.
* Último presidente de la URSS y Premio Nobel de la Paz 1990
