“Lo que reviste primordial importancia no es que el
gobierno haga lo que diga el pueblo, sino que,
so pena de arbitrariedad, el pueblo pueda siempre
controvertir y oponerse a lo que haga el gobierno”
La marcha del 13 de noviembre (13N) tuvo como objetivo “defender el sistema electoral”. Así lo señaló al inicio de su discurso José Woldenberg Karakowsky, único orador en el Monumento a la Revolución -punto de llegada de la movilización ciudadana-, y eso era lo que se desprendía de las etiquetas con las que se difundió la convocatoria a la marcha: #YoDefiendoAlINE y #ElINENoSeToca.
Me parece que nadie sensato puede suponer que el significado de la etiqueta #ElINENoSeToca es que la regulación constitucional del Instituto Nacional Electoral esté constituida por cláusulas pétreas que deben permanecer inalterables. Es innegable que la autoridad electoral requiere un rediseño y eso implica necesariamente un proceso de reingeniería constitucional.
Sin embargo, una reforma que implique cambios sustanciales en la integración, estructura y competencias de las autoridades electorales, sin el consenso de las fuerzas políticas y de la sociedad, y a menos de un año del inicio del proceso electoral de 2024, resulta inoportuna y altamente riesgosa. Pero si los cambios propuestos significan retrocesos en el proceso de democratización del país, como sucede con muchos de los contenidos de la propuesta del presidente López Obrador, entonces la reforma no solo es inoportuna sino inaceptable.
El discurso de José Woldenberg el 13N fue breve pero contundente, templado pero sustancioso, desapasionado pero persuasivo; como era de esperarse de un demócrata, ajeno a la lucha partidista y que bien podría ser el candidato ciudadano -con el plus de ser un auténtico hombre de izquierda- que parecen no encontrar quienes promueven una candidatura única de las oposiciones para el 2024, con un auténtico perfil ciudadano.
Analizados fuera del contexto de la batalla por el 2024 -lo cual es difícil debido a la polarización política y a lo adelantado de la contienda por la presidencia de la república- es claro que ni la movilización ciudadana, ni el mensaje del 13N, ni las referencias que se hacen en el mismo a la reforma electoral del presidente López Obrador y a sus consecuencias negativas para la democracia en México, se enderezaron en contra del presidente de la república, ni de su gobierno.
Fue el presidente López Obrador -con sus reiteradas descalificaciones a convocantes y convocados- quien dio a la marcha del 13N el carácter de una movilización en contra de su gobierno. Con sus ataques -cuyo contenido es contrario a las reglas y valores de la democracia- el presidente se convirtió en un amplificador de la convocatoria y de los efectos políticos de la marcha. La notoria presencia de aspirantes de las oposiciones a las candidaturas a la presidencia de la república y a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México en la marcha del 13N, complementó el cuadro pintado por López Obrador.
La lectura que hizo el presidente de la marcha del 13N -antes y después de la misma- fue que se trataba de una movilización para atacar a su gobierno. Frases del discurso de Woldenberg, que eran solo una descripción de las consecuencias de la propuesta de reforma electoral del presidente como, por ejemplo, “buena parte de lo edificado se quiere destruir desde el gobierno”, parecen haber exacerbado aún más, sin razón, el malestar del titular del poder ejecutivo federal con una movilización ciudadana que, de ser un cuestionamiento a la iniciativa presidencial de reforma constitucional en materia electoral, pasó a poner en duda la legitimidad política de su gobierno, es decir, la legitimidad que deriva del ejercicio del poder (que es distinta a la legitimidad de origen).
El mensaje político de una movilización ciudadana, cuyo principal objetivo era la defensa de la autoridad electoral, parece haber sido leído por el presidente como un aviso de que para la ciudadanía más democracia significa, también, más participación de la sociedad en batallas políticas por demandas concretas y no simples debates en los medios de comunicación y en las redes sociales.
La respuesta política del presidente a la exitosa marcha del 13N -aparte de la reiteración de las descalificaciones a convocantes y participantes- pareció confirmar que la lectura de López Obrador fue que la movilización ciudadana significaba un cuestionamiento a la legitimidad política de su gobierno debido a decisiones que son percibidas por un amplio sector de la sociedad como equivocadas y, en no pocos casos, como acciones ilegales o contrarias a la Constitución o como francos retrocesos en el proceso de democratización del país.
El llamado del presidente a la marcha del 27 de noviembre, como respuesta a la del 13N, responde a esa lectura de López Obrador. Como reacción a una movilización ciudadana que, de acuerdo con su interpretación, entrañaba un cuestionamiento a la legitimidad política de su gobierno, el presidente consideró necesario mostrar el apoyo popular con el que cuenta; respaldo que, si nos atenemos a lo que muestran las encuestas, se traduce en altos niveles de aprobación del presidente, pero no de las políticas de su gobierno.
El derecho a oponerse y a controvertir las decisiones del gobierno, a defender las libertades y a luchar contra la arbitrariedad y las injusticias -incluso mediante la movilización política, la protesta social y la desobediencia civil pacífica- es un elemento esencial de un régimen democrático y del republicanismo.
También lo es el apoyar a un gobierno legalmente constituido, siempre y cuando no se trate de manifestaciones organizadas desde el poder mediante la utilización de recursos públicos, la coacción y la manipulación política; elementos que por lo visto habrían estado presentes en la marcha del 27 de noviembre, convocada por el presidente López Obrador y organizada desde gobiernos de Morena. Sin que esto último signifique desconocer, ni mucho menos descalificar, la participación de una gran cantidad de personas que acudieron de manera libre a ejercer sus derechos políticos en apoyo al presidente.
Como dice Jürgen Habermas, “en las democracias suele haber situaciones en las que ambas partes esgrimen buenos argumentos a favor y en contra de una cuestión”. En las marchas del 13N y del 27 de noviembre no parece actualizarse esta premisa. Sin embargo, por las mismas razones por las que las descalificaciones de López Obrador a las y los convocantes y a las y los asistentes a la marcha del 13N resultan contrarias a la convivencia democrática y al ejercicio de los derechos políticos, nada justifica la descalificación de quienes por convicción y por su propia voluntad acudieron a la marcha de apoyo al presidente.
El ejercicio de los derechos de reunión, asociación, expresión y a la libre manifestación de las ideas no debe tener más límites que los que expresamente establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y todas las autoridades tienen el deber de promoverlos, respetarlos, protegerlos y garantizarlos; y en una democracia, el comportamiento del jefe del Estado en esta materia debiera ser ejemplar.
* Politólogo y filósofo irlandés. Ha sido profesor de teoría social y política y de
filosofía en las universidades Nacional Australiana, de Princeton y de Columbia
