Entre los numerosos rezagos que tiene nuestro país en materia administrativa, se encuentra la debilidad organizacional, así como un inacabado proceso de profesionalización del gobierno; pues si algo hace falta democratizar es al Poder Ejecutivo, tanto en el nivel federal, como en el estatal y en el municipal.
El tema es fundamental en el contexto en que se encuentra nuestro país, pues la propuesta del presidente López Obrador, relativo a que la Guardia Nacional sea parte orgánica de las Fuerzas Armadas, parte precisamente del reconocimiento de que sus dependencias, en el ámbito civil, no cuentan ni con las capacidades técnico-operativas, y peor aún, con la solvencia ética, de hacerse cargo de lo que por mandato constitucional deberían realizar de manera eficaz.
Lo anterior es reflejo de una problemática doble: la primera de ellas es que, desde el inicio de su mandato, el primer mandatario diagnosticó que no confiaba en las estructuras del gobierno civil, debido a la corrupción orgánica y sistémica que asumía respecto de las administraciones previas a la suya; y la segunda, que ante tal diagnóstico el presidente decidió no actuar en congruencia para resolver estructuralmente la cuestión, sino que, ante la prisa por consolidar su proyecto ideológico-político, instruyó a las fuerzas armadas ocuparse de áreas clave para el desarrollo de sus obras prioritarias, pero con el paso del tiempo, de otros espacios de decisión como la aviación civil y la administración de puertos y marina mercante.
Esto ha generado desde ya también una problemática en dos vías. Por un lado, ha provocado un engrosamiento, o al menos, una modificación de la estructura del Ejército, debido a la inmensa cantidad de tareas que se les ha asignado. La cuestión es que, lo sabemos desde la obra de Max Weber, las burocracias buscan perseverar y mantenerse en el tiempo. Pero en este caso, tratándose de una institución castrense, hay un riesgo mayúsculo, porque en tiempos de paz, el argumento de la corrupción no alcanza, desde ningún punto de vista, para justificar la militarización de amplios segmentos del gobierno.
El segundo problema es que las decisiones que está tomando el Ejecutivo, restringirán enormemente las capacidades de actuación de quien le suceda en el cargo; pues quien resulte elegido en el 2024, tendrá el enorme reto de negociar con el Ejército más poderoso que ha tenido México en tiempos de paz; y no es que se trate de cuestionar a la lealtad e institucionalidad de nuestras Fuerzas Armadas, pero en cualquier país donde se han incrementado en la proporción y magnitud que se ha hecho en el nuestro, los recursos, presupuestos y capacidades de decisión del Ejército, hay siempre la posibilidad de conflictos y de límites peligrosos al poder civil y al orden democrático y constitucional.
Desde esta perspectiva, el presidente de la República debe pensar estratégicamente para detener la escalada militarista de su gobierno, y avanzar hacia la institucionalización de procesos, que por un lado garanticen honestidad, lealtad al país y vocación de servicio público; y por el otro, garanticen también capacidad de planeación, programación, eficiencia y eficacia en el despliegue de sus responsabilidades de implementación de las políticas y programas.
En prácticamente todos los países que cuentan con sistemas institucionales sólidos, se reconoce que la corrupción es un fenómeno muy difícil de erradicar; pero no así controlar de manera eficaz, de tal forma que el mal uso del poder y de los recursos públicos, se convierte en la excepción, y no en la regla. Para llegar a ello, lo que se ha asumido, de entrada, es que en los sistemas institucionales donde la burocracia roba o hace mal su trabajo sin consecuencias, esas cosas ocurren porque pueden realizarse.
Lo anterior significa entonces que los sistemas institucionales deben diseñarse con arquitecturas capaces de imponer costos severos a quien delinque, a quien hace un mal uso de los recursos públicos o a quien actúa de manera negligente o irresponsable en el ejercicio de sus cargos.
La manera más eficiente que se ha diseñado para lo anterior es la profesionalización de las burocracias a través de sistemas efectivos de servicio civil de carrera; en lo cual fracasaron las administraciones previas. De tal forma que, si algo pudiera distinguir a la llamada cuarta transformación, sería su voluntad y capacidad de generar un régimen de gobierno auténticamente democrático, y con un servicio público eficiente y a prueba de las tentaciones del dinero mal habido.
Lamentablemente las señales que tenemos al respecto son ajenas a esta visión; porque el presidencialismo que decidió ejercer el Ejecutivo es de corte vertical, y con rasgos francamente autoritarios; lo cual también permite pensar que este presidente tampoco avanzará hacia el desmantelamiento de un estilo de gobierno que presentará siempre más desventajas que beneficios: pues siempre tener la posibilidad de la discrecionalidad en la toma de decisiones, llevará a que los gobernantes la usen para obtener beneficios políticos personales o para los grupos de poder que les acompañan.
Por todo lo anterior, puede decirse que intentar resolver la crisis de la incapacidad de la burocracia civil para garantizar un buen gobierno, sustituyéndola por una burocracia militar, constituye uno de los errores de visión y perspectiva más críticos a que se ha enfrentado la democracia mexicana; pues corregir esta nueva “torcedura” de la institucionalidad democrática, puede llevar mucho más tiempo del que se cree.
En el corto plazo, dados los pasos andados por el Ejecutivo Federal, no se percibe otra salida que convocar a las fuerzas armadas a pacificar al país; sin embargo, la ruta que se está siguiendo amenaza con generar un circuito inacabable de más y más militarización, y cada vez menos capacidades civiles ya no sólo para reestablecer el orden constitucional, sino en general, para administrar correctamente al Estado en gobiernos que sean dirigidos por el pueblo y para el pueblo.
