Por Pedro Moctezuma Barragán
Frente las múltiples crisis del agua en México, caracterizada por las presas vacías y las aguas subterráneas fósiles, existe la tentación de salir del aprieto con un acueducto. Mientras los proyectos presidenciales de La Laguna y Acueducto Yaqui se justifican, el intento de revivir el proyecto bandera de Enrique Peña Nieto, rechazado en su momento por los industriales regiomontanos, denominado Monterrey VI, puede ser poco sabio y muy costoso.
Cada acueducto implica enormes costos de inversión y de operación, en el caso del infausto Túnel Emisor Oriente, rodeado de opacidad, su costo se catapultó de 9,500 hasta llegar a 50,000 millones de pesos, una vez inaugurado ocasionó en septiembre pasado las grandes inundaciones de Ecatepec y Tula, lugar en donde afectó 31,000 viviendas y causó 15 muertes. También en el centro del país, en el caso del Sistema Lerma Cutzamala, el pago por el bombeo consume el 13% de todo el presupuesto de la Conagua.
Además están los costos políticos, éstos proyectos crean de conflictos sociales, ya que los acueductos afectan a las regiones de donde se sustrae el agua y requieren consulta y negociación con cada comunidad por donde pasan. En el caso del Sistema Lerma Cutzamala, hasta la fecha no se ha cumplido con la deuda social con los pueblos mazahua y hñañú, quienes ven pasar la enorme tubería de los Sistemas Lerma y Cutzamala, sin contar con agua para sus propios usos.
A pesar de haber descartado Andrés Manuel López Obrador el Proyecto Monterrey VI, su secretario de Gobernación Adán Augusto López resucitó apenas dicha propuesta de trasvase no factibles e innecesaria, que pretende sustraer aguas de la Huasteca Potosina, y que ha sido rechazado no solo por el actual titular del ejecutivo federal, sino por el gobierno del estado y por la ciudadanía neolonense y por fuerzas sociales regionales como la Coordinadora de Organizaciones Campesinas e Indígenas de la Huasteca Potosina que ha cuestionado la falta de una consulta, dando poderosos argumentos técnicos para objetar dicho Proyecto en diferentes espacios de diálogo con especialistas del Colegio de San Luis y La Universidad Autónoma de San Luis Potosí.
Extraña que Gobernación, como responsable de construir consensos políticos y solucionar conflictos, lejos de tomar el pulso regional, emita opiniones en cuestiones hidricoambientales de carácter técnico y financiero, dando la espalda a su materia de trabajo, la gobernabilidad.
Ello es esencial porque las decisiones hídricas ya están calando en la vida diaria de la población, y esto se ha hecho aún más visible en las ciudades, donde la dependencia en obras hidráulicas a larga distancia implica vulnerabilidades frente a grupos de presión de todo tipo. Por ejemplo. la vulnerabilidad a privatización: como es el caso de Querétaro y Guanajuato, en donde no existe el compromiso de mantener el agua en manos públicas, y en cambio, el sector privado anhela lograr el tipo de utilidad (7% anual) que el Grupo Carso alcanzó al aportar capital a la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Atotonilco.
Además, cuando las autoridades no toman las medidas requeridas para garantizar transparencia y equidad en cuanto a quiénes ceden el agua trasvasada, y quién se beneficiará de ella, un acueducto puede terminar solamente reforzando las actuales dinámicas de poder sobre el agua para defender ganancias extraordinarias basadas en soluciones obsoletas.
Preocupa que a la par de la intentona en Monterrey VI, estos intereses privatizantes comiencen a apostar a nuevos trasvases como el Acueducto Queretaro III, el Acueducto Corredor Industrial Guanajuato y el del Valle de Mezquital, para no mencionar con los que ya están buscando revivir Necaxa y Temazcaltepec.
¿Cuáles son nuestras alternativas?
En primer lugar, se requiere poner orden al acaparamiento, despojo, despilfarro y privatización que resultó del reparto masivo de concesiones a los grandes intereses bajo la Ley de Aguas Nacionales. La concesión no es propiedad, sino es un permiso de vigencia limitada, que concede el Estado, siempre condicionado al interés público. La nueva Ley General de Aguas, o mientras ésta se aprueba, la emisión de Decretos Presidenciales podría corregir los excesos cometidos durante las tres décadas anteriores, al tratar el agua como mercancía y no como bien nacional.
En segundo lugar, se requiere asignar recursos federales para que los municipios reemplacen y sectoricen sus redes de distribución, por donde se pierde hasta 40% del vital líquido por fugas. Recordamos que hasta 2017 los programas federales para cofinanciar obras locales contaban con $14 mil millones anuales. En ese año se bajó a $2.4 mil millones, y ha seguido disminuyendo. Estas obras, intensivos en mano de obra local, servirían además como un gran estímulo a las economías de cada región.
En tercer lugar, va a ser importante comparar los costos y beneficios de un trasvase versus los de un proyecto de tratamiento y reuso local, como es el proyecto Lago Tláhuac-Xico. Estos proyectos “dos por uno” cierran los ciclos del agua, al incluir saneamiento y potabilización, casi sin bombeo. Aguas pluviales y residuales tratadas son aprovechadas para usos agrícolas e industriales. Para uso humano, en México como en 12 estados del país vecino, se emplea una serie de barreras: plantas de tratamiento, humedales para remoción de contaminantes emergentes, la re-naturalización del agua durante seis meses en grandes cuerpos de agua, seguido por su potabilización.
Estos proyectos, bellos, económicos y seguros, representan el futuro del agua. El presidente López Obrador, al encontrar soluciones al fallido acueducto de Río Verde-Zapotillo, al declarar a Monterrey VI como inviable, al posibilitar la habilitación del Lago Texcoco, al emitir el Decreto frente a la Sequía, está sentando las bases para una política hídrica del Siglo XXI, con soluciones basadas en el ordenamiento, la participación y la naturaleza.
Hay que tapar los agujeros de la cubeta, antes que malgastar nuestros impuestos en suntuosas mangueras.
* Pedro Moctezuma Barragán es coordinador General del Programa de Investigación para la Sustentabilidad de la UAM.
