Desde la cúpula de la Sociedad de San Pablo se protegió durante décadas al entonces sacerdote mexicano Juan Huerta, desacatando incluso la política de cero tolerancia a la pederastia clerical ordenada por el papa Francisco. Ahora, mientras el gobierno de Venezuela pide su extradición para enjuiciarlo por abuso sexual contra un menor de edad, la asociación civil Spes Viva, junto con una de las víctimas, reúne la documentación que presentarán en la Corte Penal Internacional de La Haya, para que la congregación y el Vaticano respondan por encubrimiento.
CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).– Por encubrir durante 26 años a su religioso pederasta Juan Huerta Ibarra, quien actualmente está prófugo, la congregación religiosa Sociedad de San Pablo será denunciada ante la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya, pues para proteger a Huerta lo estuvo moviendo entre México, Venezuela, Estados Unidos, Cuba e Italia, países en donde siguió abusando sexualmente de menores de edad.
La asociación civil Spes Viva, junto con una de las víctimas del religioso, el venezolano José Leonardo Araujo Araque, reú-nen la documentación que presentarán en la CPI para denunciar no sólo a la Sociedad de San Pablo, conocida como los Hermanos Paulinos, sino también a la Santa Sede por ser el “centro neurálgico” de un “encubrimiento institucional” que se ramifica a sus congregaciones religiosas.
Hasta el momento ya fueron detectados cinco provinciales de los Hermanos Paulinos que encubrieron al religioso pederasta –tres de México y dos de Venezuela–, así como otras autoridades eclesiásticas que serán denunciadas penalmente.
La abogada penalista Dalia Ramírez Delgado, integrante del equipo jurídico de Spes Viva, adelanta:
“Los delitos del padre Huerta y de sus encubridores son de carácter internacional, de manera que llevaremos el caso a la Corte Penal Internacional. Estamos trabajando en las quejas que vamos a presentar. Pero también denunciaremos al Estado vaticano por ser el centro neurálgico de toda una cadena de atropellos contra niños y adolescentes, perpetrados mediante sus congregaciones religiosas, como ocurrió con los Legionarios de Cristo y ahora con los Hermanos Paulinos.”
–¿Qué argumentos presentarán ante la Corte Penal para denunciar como encubridores a los superiores paulinos?
–Recuerde que los delitos se cometen por acción o por omisión. Y en este caso los superiores de los Hermanos Paulinos fueron omisos, pues supieron de los atropellos del padre Huerta pero, lejos de denunciarlo ante las autoridades civiles, prefirieron moverlo de México a distintos países para así encubrirlo durante años.
“Todos estamos obligados a denunciar cuando tenemos conocimiento de un delito. Y con mayor razón los superiores del delincuente. Aumenta todavía más su responsabilidad cuando las víctimas son niños indefensos. Aparte, las asociaciones religiosas, conformadas jurídicamente, tienen responsabilidad penal en estos casos, por lo tanto sus directivos pueden ir a la cárcel.”
Indica que en México el artículo 421 del Código Nacional de Procedimientos Penales habla precisamente de esa “responsabilidad penal” que tienen “las personas morales”, como son las asociaciones religiosas, cuando uno de sus ministros de culto delinque.
Por su parte, la canonista Flor Sánchez, también integrante del equipo jurídico de Spes Viva –organización presidida por Cristina Sada– , señala que la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público y la misma normatividad eclesiástica obligan a los obispos y a los demás superiores a denunciar a sus religiosos cuando cometen delitos. Dice al respecto:
“El papa Francisco emitió el motu proprio Como una madre amorosa, donde se establece que cuando algún obispo o superior incurre en una negligencia grave, como encubrir a un sacerdote pederasta, la sanción es remover del cargo a ese superior, por tal motivo ya se han dado casos de obispos destituidos por encubrimiento.”
–¿Y ya no hay duda de que el padre Huerta es un abusador?
–Ninguna duda, puesto que una de sus víctimas, el venezolano José Leonardo Araujo, lo denunció canónica y penalmente. El tribunal de la arquidiócesis primada de México llevó el proceso canónico y lo encontró culpable. Después la Congregación para la Doctrina de la Fe, con sede en Roma, le impuso el castigo, la dimisión del estado clerical.
“Y ahora, gracias al juicio canónico, las autoridades civiles venezolanas giraron una orden de aprehensión en su contra y ya le piden a la Interpol que emita una ficha roja para capturarlo en el país donde se encuentre.”
