El exconsejero del INE dijo que el Poder Ejecutivo buscaba la lealtad por sobre la capacidad
El exconsejero presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello criticó a la presidencia por el comunicado en contra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre la próxima discusión que se hará sobre el Plan B este lunes.
Pues la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal acusó a la SCJN de querer sustituir al Congreso de la Unión y romper la división de poderes en caso de suspender el Plan B pues estaría violando el artículo 17 de la Constitución.
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El comunicado generó críticas, entre ellas la del exconsejero del INE, quien recomendó leer la Constitución completa y no de forma dogmática conforme a los intereses. Aseguró que esto podía resolver conflictos trascendentales.
“Privilegiar la lealtad por encima de la capacidad suele tener sus costos”, señaló Córdova Vianello, quien al frente del INE impulsó impugnaciones en contra del Plan B de AMLO, el cual criticó durante los últimos meses de su gestión.
Cabe señalar que este nuevo posicionamiento en contra de los ministros por parte del Poder Ejecutivo viene después de que la SCJN rechazara la petición de presidencia para que en lugar de que se discutiera el Plan B en el Máximo Tribunal se tratara una impugnación presentada en el 2018 contra la Ley General de Comunicación Social.
A veces leer la Constitución (completa y no sólo lo que dogmáticamente nos interesa) puede ayudar a resolver conflictos trascendentales como el que hoy vive la Consejería Jurídica. Privilegiar la lealtad por encima de la capacidad suele tener sus costos #DemocraciaConstitucional https://t.co/4LoRp0FjN4
— Lorenzo Córdova V. (@lorenzocordovav) May 7, 2023
También se discutirá el proyecto de un ministro que busca anular en su totalidad las reformas a las leyes de Comunicación Social y Responsabilidades Administrativas al considerar que no se cumplieron las formalidades del proceso legislativo.
A lo que la Consejería argumentó que la Suprema Corte tenía dos parámetros para revisar leyes dando preferencia a las del “régimen neoliberal” al no dictar sentencia en cinco años, mientras que las que se expiden de forma legítima por la soberanía se resolvían en tres meses.
