En México se acumulan las urgencias, y en ninguno de los niveles y ámbitos de decisión pública se percibe que las y los responsables de dirigir al país comprendan y menos aún, actúen en consecuencia con las apremiantes condiciones de vida que tienen al límite de la existencia a millones de seres humanos, mexicanos y extranjeros, en todo el territorio nacional.
En ese sentido, uno de los efectos más dañinos y perversos del discurso oficial, desplegado cotidianamente a través de las conferencias matutinas del Ejecutivo Federal, es que se ha traducido no sólo en un discurso triunfalista reproducido por la inmensa mayoría que constituye hoy el partido del presidente en todo el país; sino en una actitud arrogante y ausente de visión crítica, para diferenciar entre la demagogia gubernamental y la realidad en que se vive.
Preocupa, y mucho que, ante la fractura moral y política de las oposiciones, el ya partido dominante en el país actúa con plena arrogancia, asumiendo que realmente todo marcha muy bien, pues así lo manifiesta y afirma el líder: nada pasa en el país porque las malas noticias son, o una calumnia de la derecha conservadora, o resultado de una conspiración construida para dañar al movimiento que encabeza el presidente.
Es importante decir que en este gobierno se percibe el mismo fenómeno que se ha repetido una y otra vez al final de los sexenios, en los que se busca acreditar discursivamente, que todo se ha hecho y que todo es suficiente, que todo ha cambiado y que todo se encuentra en una nueva ruta de cambio y prosperidad para todos.
De este modo, ante la realidad, se impone de inmediato la negación. Y en esa tesitura, puede estar toda la evidencia ante los ojos, pero ésta será diluida por el ácido retórico de la palabra del Ejecutivo.
Uno de los ámbitos más preocupantes en los que ocurre esta situación es el relativo a los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Recientemente, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), dio a conocer los datos de pobreza por grupos de población, para todos los municipios del país, para los años 2010, 2015 y 2020.
Es doloroso confirmar que, entre las personas pobres, los más pobres son las niñas y los niños. Y, como lo resumió México Social, lastima saber que en casi 2 mil de los municipios del país, el 50% o más de las niñas y niños, viven en condiciones de pobreza multidimensional. Los datos son terribles: únicamente en 16 municipios hay menos de 20% de niñas y niños en pobreza; y de esa cantidad, 12 son de Nuevo León, tres de Chihuahua y la Alcaldía Benito Juárez en la Ciudad de México.
En el resto de los municipios impera la calamidad y el drama para nuestras infancias. Lamentablemente, ante esta información, no ha habido siquiera una mención de ninguna o ninguno de los legisladores, gobernadores o alcaldes ni de la oposición ni mucho menos de Morena; lo cual confirma que México es un país inapropiado para las infancias, sobre todo por la indolencia y desinterés en la materia de la mayoría de quienes toman las decisiones en el país.
Ante la tragedia que implican los datos resumidos, impera el silencio. Cuando, si hubiese congruencia en el lema de “por el bien de México, primero los pobres”, debería estar en operación un proceso acelerado de revisión de programas y presupuestos para volcar al país al cumplimiento del mandato constitucional relativo al Principio del Interés Superior de la Niñez y su derecho de prioridad en la garantía del conjunto de sus derechos humanos.
México no debería tener un solo municipio donde la mitad de las niñas y niños sean pobres. Pero eso implicaría iniciar, desde ya, una revisión estructural del Presupuesto de Egresos de la Federación, a fin de que el último ejercicio de este gobierno se oriente a garantizar lo que está plasmado en la Carta Magna. Porque, además, debe recordarse que el próximo año, el ejercicio de la actual administración concluirá en octubre, y que los primeros meses de la administración de la o el nuevo presidente de la República se desarrollarán con base en ese diseño y estructura presupuestal, cuando lo que se requiere es que el nuevo sexenio se comprometa realmente a modificar estructuralmente las condiciones descritas.
Preocupa que el gobierno de la República se empeñe en perder el tiempo en acciones tan estériles como poco perdurables, como la modificación sinsentido de los libros de texto, la eliminación o las severas restricciones a programas como las escuelas de tiempo completo, o el ataque sistemático e intento de colonización de las instituciones de educación superior.
Es doloroso saber que, en más de 450 municipios, el 90% o más de las niñas y niños son pobres; y que, frente a ello, este gobierno haya sido incapaz de generar una propuesta integral de servicios de salud, buena nutrición y protección ante la violencia, los tratos crueles y degradantes.
Por supuesto que en esos y en general, en los municipios con mayor población infantil en pobreza, la población es mayoritariamente indígena o, sin serlo, vive en localidades rurales. Y que, en los ámbitos urbanos, la pobreza aqueja terriblemente a millones que, para escapar de ella, la única opción posible es el trabajo infantil, en el cual hay al menos 3 millones de niñas y niños, 90% de los cuales laboran en actividades peligrosas o prohibidas por la ley.
Ante estas condiciones no vale más decir que los gobiernos previos tampoco hicieron nada. Porque para los más de 2 millones de niñas y niños con hambre no hay tiempo; porque los millones que no han recibido sus esquemas de vacunación completos podrían ver comprometida su salud presente y futura; y porque los millones que carecen de casi todo, no pueden seguir creciendo en un país que les ofrece como único horizonte el de la pobreza y las desigualdades.
Investigador del PUED-UNAM
