EL PASO, Texas (AP) — La frontera entre Estados Unidos y México estaba relativamente tranquila el viernes y había pocas señales del caos que se temía tras la oleada de migrantes ansiosos por cruzar a territorio estadounidense antes del fin de las restricciones relacionadas con la pandemia del coronavirus.
Menos de 24 horas después de que se levantaran las reglas conocidas como Título 42, los migrantes y las autoridades estadounidenses seguían evaluando el efecto del cambio y de las nuevas regulaciones adoptadas por el gobierno del presidente Joe Biden para estabilizar la región.
“No vimos ningún aumento sustancial en cuanto a inmigración esta mañana”, declaró Blas Nunez-Neto, subsecretario para políticas fronterizas y de inmigración del Departamento de Seguridad Nacional. Agregó que la agencia no tenía cifras específicas porque la situación apenas comienza.
Los migrantes que se encontraban a lo largo de la frontera seguían adentrándose en el río Bravo (o Grande) para tratar de ingresar en Estados Unidos mientras desafiaban a los agentes que desde el otro lado les gritaban que se regresaran. Otros trataban de acceder desde sus teléfonos celulares a la aplicación de citas, un proceso crucial del nuevo sistema. Los migrantes con cita cruzaron por un puente con la esperanza de una nueva vida. Adicionalmente, por medio de demandas legales, se buscaba frenar al menos algunas de las medidas.
El gobierno de Biden ha aseverado que el nuevo sistema está diseñado para acotar los cruces no autorizados y ofrecer una nueva vía legal para los inmigrantes que pagan miles de dólares a los traficantes de personas para que los lleven a Estados Unidos.
Ahora, Estados Unidos prácticamente prohíbe a los inmigrantes solicitar asilo en el país si no lo tramitaron antes en línea o si no buscaron protección primero en los países por los que viajaron. Las familias a las que se les permita ingresar conforme avanzan sus casos migratorios serán sometidas a toques de queda y monitoreo por GPS.
En Ciudad Juárez, México, muchos migrantes miraban sus celulares con la esperanza de obtener una codiciada cita para poder entrar en Estados Unidos. La app para registrarse cambió, por lo que algunos explicaban a otros cómo usarla. La mayoría se resignaba a esperar.
“Espero que sea un poco mejor y que las citas se agilicen un poco más”, comentó Yeremy Depablos, una venezolana de 21 años que viaja con siete primos y que ha estado esperando en la ciudad por un mes. Por temor a ser deportada, Depablos no quiso cruzar sin autorización. “Hay que hacerlo de la manera legal”.
Las vías legales promovidas por el gobierno estadounidense consisten en un programa que permite el ingreso de hasta 30.000 personas al mes procedentes de Haití, Cuba, Nicaragua y Venezuela si presentan una solicitud en línea, cuentan con un patrocinador financiero e ingresan por vía aérea.
Se abrirán alrededor de 100 centros de procesamiento en Guatemala, Colombia y otros lugares para que los migrantes soliciten permiso para ingresar a Estados Unidos, España o Canadá. Cerca de 1.000 personas pueden entrar a diario por cruces terrestres desde México, siempre y cuando consigan una cita mediante la app.
Si funciona, el sistema podría alterar fundamentalmente la forma en que los migrantes llegan a Estados Unidos. Pero Biden, que se postula para la reelección, es objeto de críticas tanto de defensores de los inmigrantes —quienes aseguran que el presidente está abandonando métodos más humanitarios— como de los republicanos, que afirman que está adoptando una postura blanda respecto a la seguridad en la frontera.
El viernes, en el puerto de entrada El Chaparral, en Tijuana, algunos migrantes se acercaban a las autoridades estadounidenses tras no poder acceder a la aplicación de citas. Uno de ellos, un salvadoreño llamado Jairo, dijo que huía de amenazas de muerte en su país.
“Tenemos miedo, la verdad”, señaló Jairo, quien viaja con su pareja y su hijo de 3 años, y se negó a dar su apellido. “Ya no podemos quedarnos en México y no podemos regresar a Guatemala ni El Salvador. Si los Estados Unidos no pueden tomarnos, espero que nos dirijan a otro país”.
Más al este, pequeños grupos de migrantes haitianos con citas para solicitar asilo cruzaron el puente internacional Gateway que conecta Matamoros, en México, con Brownsville, en Texas. Lo hicieron con la ayuda de una organización no gubernamental, adelantándose al tráfico habitual de estudiantes y trabajadores que hacían fila en el tramo peatonal del puente.
En el centro de El Paso, unas cuantas docenas de migrantes permanecían frente a la Iglesia del Sagrado Corazón y el refugio donde apenas el martes acamparon casi 2.000 migrantes. Líderes religiosos de la ciudad trabajan para proporcionar refugio, asesoramiento jurídico y oraciones a los migrantes mientras sortean las nuevas restricciones.
El reverendo Daniel Mora indicó que la mayoría de los migrantes hicieron caso de los volantes distribuidos esta semana por las autoridades de inmigración de Estados Unidos que ofrecían una “última oportunidad” para someterse a procesamiento y se fueron. El alcalde de El Paso, Oscar Leeser, dijo que 1.800 migrantes se entregaron el jueves a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus iniciales en inglés).
Melissa López, directora ejecutiva de Servicios Diocesanos para Migrantes y Refugiados en El Paso, dijo que muchos migrantes han estado dispuestos a seguir el camino legal creado por el gobierno estadounidense, pero que también existía el temor a la deportación y a posibles sanciones penales para quienes cruzan la frontera sin autorización legal.
Rubén García, director del refugio Annunciation House, en El Paso, y coordinador de una red regional de refugios para migrantes, señaló que teme que los migrantes que atraviesan México puedan ser desviados por los contrabandistas lejos de las ciudades con infraestructura humanitaria hasta tramos remotos y desolados de la frontera. Indicó que miles de migrantes están pasando actualmente por dos centros de procesamiento de inmigración de Estados Unidos en El Paso, en medio de la incertidumbre sobre las consiguientes deportaciones y liberaciones vigiladas.
La pausa en los cruces fronterizos se produce tras una reciente oleada de migrantes que tenían la esperanza de que se les permitiera permanecer en Estados Unidos antes de que expiraran las restricciones del Título 42.
El Título 42 había estado en vigor desde marzo de 2020 y permitía a los agentes fronterizos devolver rápidamente a los solicitantes de asilo a través de la frontera con el argumento de prevenir la propagación del COVID-19. Estados Unidos ha declarado el fin de la emergencia nacional, poniendo fin a las restricciones.
Aunque el Título 42 impidió a muchos pedir asilo, no acarreaba consecuencias legales, lo que alentaba los intentos reiterados de ingreso. Después del jueves, quienes crucen de manera ilegal enfrentan la posibilidad de que se les prohíba entrar al país hasta por cinco años, así como posibles cargos penales.
El jefe de la Patrulla Fronteriza, Raul Ortiz, tuiteó el viernes que la agencia había detenido a 67.759 personas en la última semana. Eso promedia 9.679 por día, casi el doble del promedio diario de 5.200 de marzo.
El número está ligeramente por debajo de la cifra de 11.000 que las autoridades establecieron como máximo de lo que esperaban después del fin del Título 42, pero no quedaba claro en qué momento los números alcanzaron su punto máximo en las horas previas al vencimiento del Título 42 el jueves por la noche.
“Estamos viendo precisamente el desafío que esperábamos”, dijo el viernes el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, en el programa “Good Morning America” de la cadena televisiva ABC. “No podemos controlar el flujo de personas antes de que lleguen a nuestra frontera”.
Las instalaciones de detención a lo largo de la frontera habían superado por mucho su capacidad en el periodo previo al vencimiento del Título 42. Los agentes tenían órdenes de dejar en libertad a los migrantes, con notificaciones para reportarse a una oficina de inmigración, si había sobrepoblación o se presentaban otros factores.
Pero la noche del jueves, el juez federal T. Kent Wetherell, designado al cargo por el presidente Donald Trump, frustró el plan del gobierno de comenzar a liberar a la gente y fijó una fecha para que la corte determine si se prorroga o no la decisión. La CBP dijo que cumpliría el fallo, pero lo calificó como un “dictamen dañino que resultará en un hacinamiento inseguro”.
Otras partes del plan de inmigración del gobierno estadounidense también enfrentan impugnaciones legales.
Los grupos activistas demandaron al gobierno de Estados Unidos por sus nuevas reglas de asilo minutos antes de que entraran en vigor. Su demanda alega que la política del gobierno federal no es diferente a la adoptada por Trump, la cual fue rechazada por el mismo tribunal.
El gobierno de Biden indica que su regla es diferente y argumenta que no es una prohibición absoluta, sino que impone un mayor estándar a las pruebas presentadas para obtener asilo y que combina restricciones con otras vías legales recién creadas.
La directora política nacional de la ACLU, Maribel Hernández Rivera, dijo que muchos de los nuevos pasos exigidos no eran realistas.
“El asilo no es algo que programes cuando estás huyendo para salvar tu vida”, afirmó.
