El periodo ordinario de sesiones en el Congreso de la Unión se agota, pero en sólo cuatro días, senadores y diputados podrían aprobar un cambio de fondo al sistema electoral, con impactos impredecibles en los comicios de 2024.
Las reformas a seis leyes, aprobadas sin deliberación ni transparencia en la madrugada del 7 de diciembre en San Lázaro, llegaron al Senado y fueron turnadas de manera directa a las Comisiones de Gobernación y de Estudios Legislativos, para su análisis y dictaminación.
Estas comisiones están citadas este lunes para discutir y aprobar un proyecto de dictamen al que ya se le hicieron decenas de modificaciones.
Lo que “los duendes” movieron de madrugada en San Lázaro, en beneficio de los aliados de Morena, ya fue corregido por los asesores de los senadores, tal como lo sugirió el presidente de la República.
Se eliminaron dos cláusulas introducidas en la iniciativa que originalmente había enviado el presidente el 6 de diciembre, que habrían sido impulsadas por el PT y el PVEM.
Por un lado, la que permitiría la transferencia de votos en las coaliciones que forman los partidos para contender en procesos electorales, resucitando así la llamada “cláusula de vida eterna” que, hasta antes de 2007, permitía a los partidos satélite mantener su registro aunque por sí solos no obtuvieran un porcentaje mínimo de la votación nacional.
De hecho, en la minuta que será votada este lunes en la sesión de Comisiones Unidas, se dice textualmente: “en ningún caso se podrá transferir o distribuir votación mediante convenio de coalición”.
Y también se elimina la disposición que habría permitido a los partidos mantener su registro si lograban el 3 por ciento de la votación en 17 entidades, y ya no en la votación nacional como se estipula actualmente.
Por otro lado, se eliminó la posibilidad de que los partidos políticos puedan, con cargo a su financiamiento público ordinario, realizar “ahorros” en un ejercicio fiscal para poder ejercerlo en años posteriores.
Una cláusula que les permitiría hacer “guardaditos” de su financiamiento para gasto ordinario en año no electoral, para gastar más en años con elecciones, lo que contraviene el modelo de fiscalización vigente, y dificultaría a la autoridad electoral la auditoría de los ingresos y gastos de los partidos.
Tampoco se incluyen en el nuevo proyecto la flexibilidad en los tiempos que habían introducido los partidos para la entrega de su contabilidad a la autoridad electoral, pasándola de tres a 20 días.
El nuevo dictamen recupera la intención original del Ejecutivo de eliminar la Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que por alguna razón había sido eliminada en las modificaciones hechas de madrugada.
Estos son sólo tres ejemplos de los múltiples cambios que los senadores harán a la minuta que la mayoría de diputadas y diputados de Morena, PT y PVEM aprobaron con prisas y opacidad -y sin saber ni lo que votaban.
A la reforma que habían hecho los diputados de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, los senadores están proponiendo 18 correcciones; a la reforma de la Ley General de Partidos Políticos, ocho; a la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, tres, y a la nueva Ley de Medios de Impugnación en Materia Electoral se sugieren cambios en un artículo.
Además, los senadores proponen modificaciones en los artículos descriptivos de la minuta, “en razón de que se hacen mal las referencias de lo que en realidad se está reformando, adicionando y derogando”.
Es decir, el Senado le enmendará la plana a la Cámara baja, y tratará de corregir una reforma que, por las prisas, dispensó trámites y vició el proceso legislativo.
Sin embargo, la intención original del plan B sigue presente: forzar recortes en el Instituto Nacional Electoral y en los Organismos Públicos Locales Electorales, y alinearlos a la política de austeridad de la 4T, en menoscabo de su independencia, su autonomía y su capacidad operativa.
Aún con las correcciones que proponen los senadores, el nuevo plan B conserva lo peor del primer plan B: la eliminación de plazas del Servicio Profesional Electoral, la fusión de áreas que resultan estratégicas para la organización electoral, la compactación de calendarios sin un estudio previo de los impactos que ésta tendrá en las diversas fases del proceso y la precarización de la estructura desconcentrada del INE.
En cuanto a las reformas a la Ley General de Comunicación Social y la Ley de Responsabilidades Administrativas, se conserva la intención de modificar el concepto de propaganda, adaptándolo al decreto de interpretación aprobado por Morena en marzo de 2022, en el marco del proceso de Revocación de Mandato.
Según se expone en el documento, “la claridad en dicho concepto contribuye a evitar futuras interpretaciones que afecten y vulneren la libertad de expresión de las personas servidoras públicas y al mismo tiempo permitirá hacer efectivo el derecho humano de las personas a la información sobre la actuación pública”.
Así, de aprobarse esta parte del plan B, se atará de manos a la autoridad electoral y se dará rienda suelta a que los servidores públicos intervengan en el proceso electoral opinando a favor de sus compañeros de partido o criticando a sus rivales.
Se sabe que, para afianzar el respaldo de Morena al plan B del presidente, este lunes podría acudir al Senado el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, para apretar tuercas y afianzar lealtades.
Con los cambios a la minuta enviada por la Cámara de Diputados, que se votarían el lunes en las Comisiones Unidas, el pleno del Senado de la República podría aprobar el plan B el martes 13 de diciembre, y regresarlo a la Cámara de Diputados para su ratificación.
Si los diputados aceptan los cambios, la reforma se habrá consumado antes de que concluya el periodo ordinario (15 de diciembre) y entrará en vigor al día siguiente de su publicación por parte del Ejecutivo.
Vendría entonces la batalla jurídica, pues la oposición ha anunciado que impugnará la constitucionalidad de la reforma, tanto por su contenido como por su viciado proceso legislativo.
Pero antes, todo depende de la postura que adopte Ricardo Monreal, coordinador de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política, que en esta votación se podría jugar su permanencia o ruptura con el lopezobradorismo.
Con un pleno de 127 senadores (un escaño está vacante tras la muerte del senador suplente de Tamaulipas, Faustino López), se requieren 64 votos para que se aprueben las reformas.
En el oficialismo, Morena tiene 60 escaños, PVEM 6, PT 5 y PES 4: 74 votos que son más que suficientes para modificar leyes secundarias.
Sin embargo, PVEM y PT podrían retirar su apoyo por la eliminación de lo que sus “duendes” habían ganado en la madrugada de San Lázaro, por lo que los votos de Monreal y sus senadores afines se vuelven fundamentales para el plan B de López Obrador.
Dentro de Morena, el ala radical presiona a Monreal para que apruebe la reforma electoral; desde afuera, la oposición lo conmina a salvar el sistema electoral tal como está. Única garantía de que, como candidato opositor, pudiera -él y quien sea- competir en igualdad de condiciones contra la “corcholata” de AMLO en 2024.
La gran pregunta no sólo es si Monreal va a quedarse o a romper con la 4T en esta reforma y en esta semana, sino si trae consigo los votos suficientes dentro de Morena, del PT y del PVEM como para frenar el plan B.
El futuro del sistema electoral mexicano depende de ello.
