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El adiós de Fonatur | Aristegui Noticias

Fiel a su estilo, Andrés Manuel López Obrador busca terminar con todo aquello que “huela” a neoliberalismo, pero sin antes sacar todo el provecho posible para lograr sus fines.

En la década de los 70´s, el Banco de México creó un organismo denominado Fondo para la Promoción de la Infraestructura Turística (INFRATUR), que tenía el objetivo de fundar ciudades y después se convirtió en lo que hoy se conoce como Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR).

Desde hace 50 años, FONATUR comenzó una de los proyectos más ambiciosos para el desarrollo turístico de México. Cancún, Ixtapa, Los Cabos, Loreto, Huatulco son nombres que hace cinco décadas no significaban mucho en la geografía nacional. Actualmente, esos cinco destinos captan más de la mitad de los turistas extranjeros que recibe nuestro país y generan dos terceras partes de las divisas turísticas. Esos lugares conocidos como Centros Integralmente Planeados (CIPs) fueron creados por FONATUR.

Cincuenta años después, con la llegada al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, se vio al fondo como el organismo ideal para desarrollar el Tren Maya, no por ser una obra eminentemente turística, sino para venderlo como un gran proyecto integral.

El Tren Maya no podía llevarlo la Secretaría de Turismo, o de Comunicaciones y Transportes porque se tenía que justificar que era una obra de y para el “pueblo”. Por eso se le dio a FONATUR, pese a no ser un organismo querido por ser creado en tiempos del neoliberalismo.

“En la transformación, lo importante no es el cargo sino el encargo”, ha dicho cientos de veces López Obrador y bajo esa idea, FONATUR se convirtió en una supersecretaría con alcance a recursos del presupuesto fuera de toda proporción.

Entre malas decisiones, errores de cálculo y por rodearse de personajes que más que eficiencia, se supieron vender, Rogelio Jiménez Pons dejó la dirección del organismo y llegó Javier May, un operador incondicional del presidente que fue allanando el camino para lograr lo que será una próxima realidad: la extinción de FONATUR y la entrega formal y total del Tren Maya al Ejército y la Marina.

Hace unos días fue firmado el acuerdo presidencial donde se determina que alrededor de 15,000 hectáreas de tierra que posee el Fondo Nacional de Fomento al Turismo ahora serán consideradas como reserva natural, entre ellas las que corresponden a los Centros Integralmente Planeados.

Según López Obrador, durante años hubo mucha corrupción en el fondo y es por ello que se debe “nacionalizar, devolver al pueblo lo que es del pueblo, lo que es de la nación, eso es lo que vamos a llevar a cabo”.

Con esta decisión, Mara Lezama de Quintana Roo, Evelyn Salgado de Guerrero, Rubén Rocha de Sinaloa, Salomón Jara de Oaxaca y Víctor Manuel Castro de Baja California Sur, todos gobernadores de Morena, tendrán acceso a un presupuesto millonario y a la operación de estos centros turísticos.

Para este año, FONATUR tiene un presupuesto autorizado de 144 millones 662,000 pesos para el Tren Maya y 130 millones 808,000 pesos para Fonatur Infraestructura.

Ahora, estos gobiernos estatales podrán disponer del presupuesto asignado para la operación y administración del Fonatur, controlar el desarrollo de infraestructura, administrar el fideicomiso y construir obras, prácticamente de la noche a la mañana.

El anuncio de declararlo reserva natural es rentable política y socialmente, sin embargo, se estima que alrededor de 50 inversionistas nacionales y extranjeros podrían demandar al gobierno, ya que conforman desarrollos inmobiliarios, turísticos y de infraestructura. Se prevé que dichas demandas podrían oscilar entre los 1,000 y 4,000 millones de pesos por daños y perjuicios. Justo como ocurrió en el aeropuerto de Texcoco. Se tendrá que indemnizar.

Este monto no contempla los 2,205 millones de pesos pendientes que, de acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación (ASF), enfrenta FONATUR en 402 juicios por irregularidades.

Con un aeropuerto vacío en Santa Lucía y una refinería que no refina en Dos Bocas, ahora la mira presidencial está en el Tren Maya, su obra insignia para el sureste donde se gastaron 1,500 millones de pesos para la adquisición del derecho de vía que ya no se usarán porque el trazo de la obra ha cambiado un sinfín de veces.

Además, debe enfrentar decenas de amparos, con fallos temporales y definitivos por el daño ecológico, principalmente en los tramos 5, 6 y 7 donde no hay derecho de vía más que los postes de las líneas de luz.

Según el vocero de Fonatur, Fernando Vázquez, el avance del Tramo 5 no se detendrá por la reciente suspensión definitiva concedida por el Primer Juzgado de Distrito en Yucatán.

Además, siguen operando apoderados legales, quienes negocian para obtener terrenos, hoteles y espacios por donde pueda pasar la obra, ofreciendo pagos menores, sin avalúos y con trámites a medias.

Lo cierto es que FONATUR está apoderado por el Grupo Tabasco, donde está May, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López y muchos otros operadores del presidente. Así, sin más ni más, FONATUR está destinado a la extinción.

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