Chichén Itzá funciona con normalidad, aunque se mantiene bloqueado un tramo de la carretera por habitantes de ejidos, guías y vendedores ambulantes denuncian corrupción del encargado de la zona arqueológica, informó el Director del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), Diego Prieto Hernández.
El antropólogo también declaró durante entrevista en Aristegui en Vivo que recomendó a las autoridades del recinto que interpongan una denuncia penal por calumnia y daño moral.
Esto después de que comerciantes, guías, artesanos y pobladores de ejidos aledaños se manifestaran afuera del lugar denunciando actos discriminatorios y malos tratos por el director de Chichén Itzá, Marco Antonio Santos Ramírez, al tiempo que pidieron la destitución de este último.
Por el contrario, Diego Prieto Hernández sostuvo que dicha petición se debe a que este grupo se opone a la propuesta de ordenamiento de las actividades de comercio que se realizan en el lugar, ya que se ha restringido el paso a vendedores ambulantes. Según el funcionario, esta actividad es “demasiado invasora”.
De acuerdo con el antropólogo, el sitio es la zona arqueológica más visitada del país, junto con Teotihuacán, superando los 2.5 millones de turistas al año. Esto proporciona empleos productivos, servicios de toda índole y beneficios a las comunidades, afirmó el funcionario.
Sin embargo, señaló que existen intereses que quieren obtener provecho de la cantidad de visitantes que acuden a Chichén Itzá. Según Prieto Hernández, comerciantes buscan ingresar al lugar a vender sus productos, pero apuntó que esto se está regulando debido a la “queja constante de los visitantes”.
No obstante, adelantó que, con el programa de mejoramiento de zonas arqueológicas que se implementará, se proporcionarán lugares para que los artesanos puedan ofrecer sus artículos.
El director también acusó a algunas personas de propagar “calumnias”, “falsedades” y “acusaciones infundadas”. Sostuvo que uno de los miembros de este grupo es familiar de una persona que apuñaló al jefe de seguridad del recinto hace un par de años.
“Esto habla de la conflictividad de una zona, en donde lo que trata el Instituto es buscar la concordia, la cordialidad, el acuerdo e, insisto, el beneficio de las comunidades”, apuntó.
Igualmente, reiteró que el sitio procura incluir a la lengua más cercana al sitio arqueológico, es decir, el maya peninsular. Esto frente a las acusaciones de los manifestantes que aseguran que las autoridades prohíben a vendedores, artesanos y guías de turismo hablar en dicho idioma.
Diego Prieto Hernández también aseguró que en Yucatán la mitad de los habitantes, así como los investigadores, arqueólogos y trabajadores hablan dicha lengua.
Ante la situación, el antropólogo informó que este martes se llevará a cabo una reunión con los grupos que protestan, junto con la Secretaría de Gobernación (Segob), Fonatur, el INAH y el gobierno de Yucatán.
Por último, aclaró que aún existe un bloqueo carretero a la altura de Pisté pero reiteró que la dependencia mantiene un diálogo con las personas involucradas.
Este lunes, alrededor de 700 ejidatarios, guías y vendedores ambulantes bloquearon dos vías de acceso a las instalaciones del sitio, en protesta por diversas acciones de ordenamiento del INAH.
El bloqueo de carreteras que comenzó a las 7:00 horas local logró su objetivo: evitar el paso de vehículos que transportarían a turistas nacionales y extranjeros, aunque el sitio prehispánico no estuvo cerrado, reveló EFE.
Así, el sitio que a diario recibe a miles de visitantes permaneció semivacío, dejando de percibir importantes ingresos económicos, ya que llegan visitantes de Asia, Europa, Norte y Latinoamérica.
Además, un grupo de ejidatarios reveló a EFE que las autoridades de la zona arqueológica de día prohíben que se suban al Castillo de Chichén Itzá, pero que de madrugada cobran hasta 5 mil dólares para que turistas de diversas nacionalidades suban los 365 escalones. También se indicó que en el caso de guías de turistas que declinan pagar un porcentaje de ganancias, llegan hasta no permitir el paso de grupos de visitantes internacionales.
Ante la acusación sobre el cobro para subir a la pirámide, Diego Prieto Hernández declaró durante entrevista en Aristegui en Vivo que recomendó a las autoridades del recinto que interpongan una denuncia penal por calumnia y daño moral.
A la petición de que se destituya al director del sitio; el delegado del Centro INAH Yucatán, José Arturo Chab Cárdenas, aseguró a EFE que la dependencia a su cargo “no destituirá” a Santos Ramírez y será respetuoso de las manifestaciones.
Más tarde, el INAH informó en un comunicado que las ruinas arqueológicas se mantienen abiertas al público y que ese organismo privilegia “el diálogo con todos los sectores involucrados en la operación y aprovechamiento de la zona arqueológica” al tiempo que demandó “un diálogo directo, sin intermediarios”.
(Con información de EFE).
