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Anulan condena de 50 años de prisión de “El Mochaorejas” y su banda de secuestradores

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– Un tribunal federal anuló la condena de 50 años de prisión impuesta a Daniel Arizmendi López “El Mochaorejas”, y otros integrantes de su banda delictiva por el delito de secuestro al considerar que los sentenciados no pudieron presentar pruebas a su favor.

El Cuarto Tribunal Colegiado en materia Penal ordenó a otro tribunal Colegiado de Apelación invalidar las condenas y ordenar a un juez de distrito reponer el procedimiento para que “El Mochaorejas”, su hermano Aurelio Arizmendi López y Miguel Armando Morgan Hernández puedan aportar las pruebas que consideren necesarias y se dicte una nueva sentencia.

Por sí misma, la sentencia del Colegiado no implica la libertad de los secuestradores y, si el juez de distrito decide absolverlos, esto tampoco significa que saldrán de la cárcel, pues además de esa condena enfrentan otras que suman 250 años de prisión en diferentes procesos penales.

En el amparo, los acusados afirmaron que fueron víctimas de tortura para confesar los delitos por los que fueron sentenciados, por lo que el Tribunal Colegiado también instruyó al juez de la causa reunir indicios de estas alegaciones para que, en caso de acreditarse que fueron víctimas de esta conducta, denuncie ante la Fiscalía General de la República (FGR) para que inicie una carpeta de investigación.

El caso por el que se ampararon los quejosos es en el que se les acusa del secuestro de un locatario de la Central de Abasto, perpetrado el 6 de mayo de 1997, por quien pidieron 3 millones de dólares de rescate.

A la víctima le cortaron la oreja izquierda para enviarla a sus familiares y presionarlos para pagar el rescate, sin embargo, al no recibir dicho pago, lo asesinaron el 15 de mayo de un balazo en la cabeza y dejaron su cuerpo en la vía pública.

Esta es la segunda ocasión que “El Mochaorejas” logra invalidar una de las condenas que enfrenta, pues en julio del año pasado el Primer Tribunal Colegiado también anuló una sentencia de 40 años de prisión en su contra y ordenó reponer el procedimiento por la posibilidad de que los sentenciados fueron objeto de torturas para confesar que cometieron cinco secuestros.

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